Personas migrantes denunciaron que les pedían un soborno de casi 4 mil pesos para ser liberados del centro de detención en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La noche del 27 de marzo del 2023 se registró un incendio al interior de un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) que dejó al menos 39 migrantes muertos.

Los migrantes sobrevivientes aseguraron que quienes murieron en el incendio fue porque no pudieron o no pagaron un soborno de 200 dólares para que los guardias de seguridad los liberaran.

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Centro de detención INM era un “centro de extorsión”, acusan

En entrevista para Vice World News, tres migrantes y dos guardias de seguridad revelaron que la “cárcel” de inmigrantes operaba como un centro de extorsión contra las personas indocumentadas.

Solamente quienes pagaban la cuota de extorsión eran liberados, mientras que quienes no lo hacían debían permanecer en la cárcel y luego eran enviados de regreso a su país de origen o en el mejor de los casos, a la Ciudad de México.

Así lo aseguró uno de los migrantes que estuvo recluido en el centro de detención donde ocurrió la tragedia y que pudo salir cuatro horas antes de que se reportara el incendio.

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El migrante sostuvo que está vivo sólo porque su familia en Venezuela transfirió el monto de la extorsión antes de las 19:00 horas, plazo máximo para hacer la transacción.

Otro migrante declaró que el sistema de extorsiones en los centros de detención o puestos de control del INM abarca todo México, desde Chiapas hasta las ciudades fronterizas con Estados Unidos.

Guardias de empresa privada y agentes del INM se repartían las ganancias de extorsiones a migrantes

De acuerdo con el testimonios de migrantes y de propios guardias de seguridad, el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez estaba operado por agentes del INM y guardias de una empresa de seguridad privada, quienes estafaban y extorsionaban a las personas extranjeras.

Las cuotas de extorsión eran depositadas a las cuentas personales de los guardias de seguridad y, posteriormente, eran repartidas entre ellos y los agentes del INM.

A decir de uno de los guardias de seguridad privada que laboró durante cuatro años en la cárcel del INM en Ciudad Juárez y que estuvo la noche del incendio, cada migrante debía pagar una cuota que iba entre 200 y 500 dólares (cerca de 10 mil pesos mexicanos) para ser liberado. Aunque no especificó de qué dependía la diferencia de monto.

De acuerdo con esta declaración, el INM encarceló entre 30 y 80 migrantes en las instalaciones al mismo tiempo antes de la tragedia, pero solo extorsionaron a los migrantes hombres.

Los empleados que se negaban a participar en los actos de corrupción eran despedidos o enviados a otra instalación “donde no se podía ganar dinero extra”, apuntó.

Jorge Vázquez Campbell, director del Colegio de Abogados Defensores de Refugiados de Ciudad Juárez, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República en nombre de los familiares de los migrantes que perdieron la vida por el incendio en el centro de detención.

La denuncia acusando a los directivos del INM, su oficina regional y local de extorsión a los migrantes, incluido al titular de la dependencia, Francisco Garduño.

“Todos son delincuentes, están extorsionando a los migrantes”, refirió el abogado en entrevista con Vice.

La denuncia señala a Salvador González Guerrero, titular del INM en Chihuahua, y a Daniel Goray Yosioka, titular del centro de detención de Ciudad Juárez donde ocurrió la tragedia, de encabezar la presunta red de extorsión.

Daniel Goray ya se encuentra detenido, mientras que Salvador González está siendo investigado, según las autoridades.