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Suman 200 quejas contra policías federales y estatales  por tortura en Michoacán: CEDH

60 por ciento de las quejas son contra elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado  (PGJE) y de las fuerzas Rural y Ciudadana, detalló.

México.- Más de 200 quejas por tortura se han presentado de enero de 2014 a la fecha, informó la informó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán (CEDH).

De acuerdo con información publicada por el diario La Jornada, el organismo detalló que 60 por ciento de las quejas son contra elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de las fuerzas Rural y Ciudadana, adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPE).

La Comisión precisó que 94 quejas correspondieron a 2014; 100 a 2015, y seis a 2016.

Al contraponer estos datos con los del sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012), el organismo señaló que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Federal acumularon más de 200 denuncias por tortura, y los policías estatales sólo 40 quejas (20 por ciento).

De enero de 2014 -cuando Alfredo Castillo Cervantes estaba al frente de las acciones en materia de seguridad en el estado- a la fecha, los cuestionamientos a la Procuraduría General de Justicia estatal y a la Secretaría de Seguridad Pública estatales son constantes en materia de derechos humanos, al ser señaladas de fabricar delitos contra personas inocentes.

En ese sentido, la CEDH señaló que de 2014 a la fecha se acumularon mil 123 quejas, 60 por ciento de ellas contra policías ministeriales y de las fuerzas Rural y Ciudadana que dependen de la SSPE, entre otras.

La CEDH también externó su preocupación debido al surgimiento de diversas corporaciones policiacas en la entidad, como la Fuerza Rural, Fuerza Ciudadana, Mando Único, Policía de Proximidad, Policía Rural, entre otras, ha generado confusión y desconcierto entre la sociedad, porque las personas suelen ser víctimas de abuso y no saben qué corporación es la responsable.

Esto, alertó, “coloca a los individuos en estado de indefensión e incertidumbre al no poder identificar a los policías o servidores públicos encargados de la seguridad pública”.

Con información de La Jornada.