Christina Lusk, mujer trans de 56 años, fue enviada a una cárcel de hombres de Minnesota, Estados, a cumplir una condena por delito grave de drogas, sin embargo, fue violada en prisión.

La víctima de abuso sexual y discriminación ahora está demandando al centro correccional, así como al comisionado Paul Schnell, la comisionada adjunta Michelle Smith y el director médico James Amsterdam.

La mujer trans busca una compensación financiera de 50 mil dólares (1, 12 mil 910 pesos), así como una “orden judicial obligatoria permanente” y ser retirada de la cárcel de hombres.

Esto, por haber sido colocado en “línea de fuego directa” para el resto de los presos que también la discriminaron y violaron.

Christina Lusk, mujer trans

¿Quién es Christina Lusk, la mujer trans que demanda a un Centro Correccional en Estados Unidos?

Christina Lusk es una mujer trans que afirma haber sido violada por otros presos del Centro Correccional en Moose Lake, Estados Unidos.

Allí cumple una condena por delito grave de drogas debido a que, dice, su identidad sexual, a pesar de ser legal, no fue reconocida por los funcionarios de la prisión.

Lusk comenzó con las hormonas en 2009 y se cambió el nombre en 2018 para ser reconocida como mujer trans. Según los informes, consultaba con médicos sobre opciones quirúrgicas antes de ser arrestado en 2019.

Entonces, el director de la prisión determinó que no se le debería permitir someterse a una cirugía genital, pero “podría continuar con eso después de su liberación”.

En consecuencia, la mujer trans presentó una queja solicitando una vaginoplastia, y ahora escribió en la denuncia:

“Me diagnosticaron disforia de género grave. Intenté suicidarme cuatro veces debido a mi angustia severa. Mi capacidad mental está bajo control y soy capaz de tomar buenas decisiones en cuanto a la cirugía, tengo cartas de apoyo de mi médico de cabecera, mi especialista en género, mi terapeuta, así como mi psiquiatra”.

Christina Lusk, mujer trans

La demanda también alega que la prisión decide dónde colocar a los reclusos en función de los genitales, en lugar de una base médica o legal.

Y apunta que esto es “una violación de la Ley de derechos humanos de Minnesota, la Constitución de Minnesota y la Ley [federal] de eliminación de violaciones en prisión”.