Los políticos mexicanos son una especie sorprendente. Hace poco, viajando por Zacatecas, me encontré de frente con rastros de esos personajes que aunque sabemos que son de carne y hueso, porque toman decisiones que nos impactan y afectan a los demás, parecen sacados de alguna novela de Juan Carlos Onetti, de Gabriel García Márquez, o de Mario Vargas Llosa.

No es solo su falta de sensibilidad social, su despotismo, o el empeño que muestran por hacer que la gente se olvide pronto del pasado. Lo que llama la atención de esta clase política es que no se diferencia por sus orígenes partidistas o ideológicos, sino por algo más simple: porque están o no están en el poder. La gente los padece por igual, a unos un sexenio, a los otros, al siguiente.

Fui a Zacatecas por motivos profesionales en los días en que se movilizaba por las calles de la capital, una facción importante del sindicato minero. Su presencia en las calles me hizo recordar la lucha de otros de sus compañeros, en aquellos no tan lejanos años 80s, pero a diferencia de la lucha de aquellos mineros de Hidalgo, que solicitaban a las empresas ropa y equipo adecuado para bajar al fondo de la mina a hacer su trabajo, lo que me llamó la atención es que esta protesta no era contra las empresas sino, todo lo contrario, en defensa de su centro de trabajo.

Mientras esperaba en el taxi que alguna autoridad interviniera para abrir la vía bloqueada en los alrededores del aeropuerto, me enteré en voz del amable conductor zacatecano, del motivo de la protesta que era alentada por una genuina preocupación de parte de esos trabajadores de manos callosas y piel oscura.

La historia se resume en esa actitud de los políticos que han retratado muchos novelistas: el sentirse todopoderosos, capaces de decidir y de hacer cualquier cosa, sin tomar en cuenta a sus gobernados, incluso aquellas que terminan poniendo en riesgo su propio futuro y su libertad.

Los mineros salieron a las calles porque el gobernador de Zacatecas prefirió crear un paquete de nuevos impuestos para obtener de los ciudadanos y las empresas de Zacatecas recursos extras, en vez de hurgar en el pasado, es decir, a sus antecesores, con el fin de encontrar las causas y a los responsables del boquete presupuestal que heredó su administración y que lo tiene prácticamente amarrado de manos.

En la locura de la necesidad real y de la ausencia de autocontroles políticos y legales, el Gobierno de Zacatecas no solo creó un impuesto minero de manera ilegal, porque carece de facultades, sino que decidió incluso aumentar el gravamen que se cobra a los ciudadanos por el hecho de pagar impuestos. Es decir, el impuesto por "el monto que se cubra por el concepto de impuestos y derechos estatales", que era de 5 por ciento, se elevó a 10.

La gente en Zacatecas no se pregunta por qué en lugar de ajustar el gasto público, orientar hacia la austeridad a la enorme burocracia estatal y apretarse de verdad el cinturón, el gobernador decidió transitar el camino que ahora lo tiene enfrentado no solo con los trabajadores de las minas, sino con amplios sectores de ciudadanos y hasta con el gobierno federal, que presentó una controversia constitucional contra el impuesto minero.

Lo que pasa es que los zacatecanos saben que Alejandro Tello Cristerna fue secretario de Finanzas en el sexenio pasado, el de Miguel Alonso Reyes, y que además, tiene como secretario de Finanzas en su administración, al que tuvo ese cargo en el gobierno de Amalia García.

-- ¿A poco usted cree que los mismos que hicieron todo eso del endeudamiento (por más de 7 mil millones de pesos) iban a tomar una decisión distinta?, me dice el taxista, con un dejo de resignación digno de retratarse en alguna novela.

Regresé a Zacatecas esta semana. Me entero que nueve empresas han ganado la suspensión definitiva en el amparo contra el impuesto minero que les quiere cobrar el gobernador y que la SCJN ya emplazó a los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado a que respondan la controversia constitucional que interpuso el gobierno federal contra la política hacendaria de Zacatecas.

Platico ahora con otro taxista y al escucharlo y ver la expresión de sus ojos, confirmo que existe un pueblo resignado, como si en el estado hubiera caído una maldición, la de la irresponsabilidad pública de todos. Nada me sorprende. Ni siquiera la declaración en la radio de la ex gobernadora Amalia García, que le pide al gobernador Alejandro Tello no olvidar que la gente no quiere que el gobierno se endeude más y que el dinero que se capte de los nuevos impuestos se utilice para beneficio social, no para pagar deudas “que no se han revisado a fondo”.

Desmemoria y cinismo mayúsculos. Porque en el origen de la crisis que el gobernador quiere resolver creando y aumentando impuestos, se encuentra el endeudamiento público generado durante los dos últimos sexenios, uno de ellos, el de la propia Amalia García.