El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

Proverbio

El memo existe. Varios medios han confirmado su autenticidad y no hay duda, este se elaboró en Palacio. Fue signado por el presidente López Obrador el 22 de julio y está dirigido a diversos servidores públicos e integrantes de los órganos reguladores —constitucionalmente autónomos— del sector energético.

La estrategia planteada consiste de 17 puntos para supuestamente fortalecer y mejorar a Pemex y a la CFE. Todos aparentemente sujetos a discusión, si bien les adelantamos que al implementar la gran mayoría solo se ahondará la ya crítica situación del sector, así como las de por sí constantes puyas políticas del gobierno federal contra los “neoliberales” o “neo-porfiristas”.

AMLO pide a los organismos reguladores del sector energético, “...en apego a su autonomía, informarnos si está permitido por ley o no el fortalecimiento de Pemex y la CFE por medio de las directrices aquí expuestas”. Quizá por un acto de falsa cortesía hacia los OCAs, el titular del ejecutivo olvida que quien debe decirle si sus directrices son permitidas o no bajo el actual marco constitucional es su Consejería Jurídica y la Secretaría de Energía, no aquellos otros. Mejor aún, antes de consultarlo con su jurídico Julio Scherer, podría pedir consejo a expertos energéticos que puedan opinar de forma objetiva y sin falsos sentimentalismos.

Como sea, el hecho es que la ley faculta al presidente AMLO a definir la política energética vía la secretaría y no por cauce de los órganos reguladores. Estos “solo” desempeñan una función técnica; se aseguran de que la asignación de licitaciones se haga conforme a derecho y que la extracción de hidrocarburos se dé de forma eficiente, pero ya el que se decida realizar una licitación y que esta recaiga en Petróleos Mexicanos o en un particular es decisión de la SENER.

En resumidas cuentas, no se requiere de una nueva reforma constitucional en materia energética para implementar la estrategia que ha ideado el primer mandatario para “salvar” a unas empresas que están al borde del colapso —este es el caso particularmente cuando se habla de Pemex.

No obstante, de ahí a que sea adecuada la estrategia y cada uno de los 17 puntos que se dibujan en el memo que circula, es otra cosa mucho muy distinta.

Cierto decir que hay un par de puntos positivos, pero los otros tendrán consecuencias desastrosas que no solo NO salvarán a Pemex, sino que ayudarán a hundirlo aún más rápido. Supongo que no es lo que en realidad se busca, ¿o sí?

Analicemos cada aspecto de la propuesta:

  • Mantener la política de no aumentar en términos reales el precio de las gasolinas, diésel, gas y electricidad.

Se entiende que ningún gobierno quiere aumentar los precios de dichos insumos, pero ir contra los precios de mercado, solo acarrea mayores pérdidas a los ciudadanos. Además, hemos visto en estos meses la fluctuación en los precios y hemos aprendido que el gobierno no debe apropiarse de la titularidad del descenso de estos; y es que luego no puede explicar los aumentos...

  • Alcanzar la autosuficiencia energética en bien de nuestra soberanía nacional. 

Idea encomiable, pero sin sustento solo causará estropicios. Máxime cuando dicha autosuficiencia podría / debiera ser por la vía de las energías limpias.

  • Los puntos del cuarto al séptimo son una mezcla de sueño guajiro, buenos deseos sin sustento alguno y, lo que es peor, serán el último clavo en el ataúd para Pemex.

  • En cuanto a la industria eléctrica, priorizar y optar por lo más rentable: construir o reconstruir plantas para satisfacer la demanda del sureste, así como abastecer con energía a Baja California Sur. 

Lo más rentable en términos económicos (no en el mediano o largo plazo) puede estar peleado con lo más rentable en términos ecológicos y de salud. No deberían olvidarlo. Por ejemplo, “sería indispensable potenciar la generación de energía en las hidroeléctricas porque existen la infraestructura básica y el agua, no hay riesgo de daños al medio ambiente…” El problema es que SÍ se generan daños al medio ambiente y NO necesariamente se cuenta con el agua necesaria; basta ver la situación de las presas en nuestro país...

  • En los puntos 9 y 10 se celebra algo que es una OBLIGACIÓN, como es el reconocer los contratos suscritos. Lo de “siempre y cuando no impliquen fraudes en contra de las empresas púbicas y de la nación” sale sobrando y únicamente se reducen a acusaciones vanas cuando no existen las pruebas para demostrarlo.

  • Debe suprimirse el otorgamiento de subsidios de cualquier índole a empresas particulares. 

Primero deberían probarse que estos se dan ilegalmente, de otra forma lo señalado solo pasa a ser una pobre acusación subjetiva.

  • La CFE debe aplicar un plan para el uso y la venta del gas adquirido en demasía en el anterior gobierno, a fin de evitar multas y pagos exagerados por ese mal negocio público realizado en el periodo neoliberal. 

Utiliza las acusaciones a las administraciones pasadas para justificar el ir en contra de un hecho irrefutable: el uso de gas es más barato y menos contaminante que el combustóleo o carbón utilizados con creces por el gobierno actual.

  • Detener el otorgamiento de permisos o concesiones a particulares en el sector energético por sobreoferta de petróleo y electricidad para el mediano y largo plazo.

Decisión arbitraria. Lo mejor sería buscar las mejores ofertas para el público y estas claramente NO provienen ni de CFE ni de Pemex.

  • Apoyar a Pemex y a la CFE en la política de producción y distribución de energéticos en el país para evitar que sigan perdiendo participación en el mercado nacional, se debiliten financieramente y se incumpla el compromiso de no aumentar, en términos reales, el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad a los consumidores nacionales. 

Esto equivale a avasallar la economía nacional para que dos empresas funcionen bajo procesos obsoletos.

Los dos últimos puntos revelan, además, el poco entendimiento de cómo funcionan los contratos entre iniciativa privada y gobierno. Sin olvidar que alcanzar la austeridad y la cero corrupción no es producto de una simple petición presidencial. De hecho, ya hemos visto cómo le va con eso a la administración de la 4T hasta ahora...

El memo de López Obrador existe y lo elaboró él. Desafortunadamente sus directrices solo muestran su incomprensión en torno al funcionamiento de Pemex, de la CFE, del mercado energético, así como de la generación y utilización de la energía en el siglo XXI. Su propuesta es tan moderna como las ideas de los 70s del milenio pasado, la cual en ese entonces ya era anticuada.