El propio Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez se encargó de reafirmar sin ningún pudor la hipótesis en el sentido que el congelamiento de cuentas a tres magistrados del Poder Judicial de Jalisco responde a una acción perpetrada por él mismo, para lo cual utilizó su posición como integrante y responsable de la mesa de información para la coordinación de acciones anticorrupción en el ámbito judicial entre los mandatarios estatales y el Poder Ejecutivo Federal, gestionando ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la intervención de las cuentas bancarias de esos tres juzgadores jaliscienses, con el claro objetivo de amedrentar a quienes tienen asuntos en los que hay interés especial del Gobernador, y especialmente en cuanto a que tienen a su cargo acciones que podrán corregir presuntas actividades ilegales de la administración estatal, entre ello el posible conflicto de intereses y/o corrupción en el Programa ‘A toda máquina’, la multimillonaria licitación que su gobierno entregó a un empresario cercano a Alfaro con el que estuvo en primera fila del Staples Center para presenciar un partido de Lakers a finales de febrero pasado y que posteriormente salieron a relucir muchos presuntos asuntos turbios en la adjudicación del jugoso contrato por más de tres mil millones de pesos, sin poder dejar de citar el tema del respaldo posiblemente impropio e ilegal al llamado ‘Cartel de La Sangre’, favoreciendo inadecuadamente a la empresa INTERMET, en un valioso contrato de servicios de hematología y diversos en el ramo sanitario.

Hay voces que señalan que el tema del polémico programa A Toda Máquina que constituye el contrato más importante en lo que va del sexenio (3 mil 684 millones de pesos) y que contiene serias irregularidades en la licitación por la que ya pesan denuncias estatales y federales en contra de la actual administración, es el asunto que más nervioso tiene al gobernador, y siendo Armando García Estrada, el magistrado a quien corresponderá la resolución del caso, tal parece que el congelamiento de sus cuentas, obedezca a una truculenta acción para intentar atemorizar y amilanar a quien dictaminará la presunta corrupción en el Gobierno de Jalisco, por lo que el gobernador estaría anticipándose para evitar alguna acción en su contra.

Ahora bien, la señal que ha lanzado Enrique Alfaro con el congelamiento de cuentas a tres de los magistrados más polémicos del Poder Judicial es contundente, pero sus declaraciones en medios de comunicación lo son aún más.

El gobernador ha dicho que es el comienzo de los trabajos de la mesa de coordinación que ordenó instalar el presidente Andrés Manuel López Obrador para acabar con la corrupción en el Poder Judicial, y advirtió que van por más juzgadores porque este es apenas el inicio de un proceso largo para poner en su lugar a quienes durante tantos años abusaron de sus puestos como impartidores de justicia y que aunque se digan ofendidos fueron ellos quienes ofendieron a la ciudad con sus resoluciones y tendrán que pagar las consecuencias, siendo importante recordar que algunas de esas acciones judiciales determinadas por los magistrados de la rama administrativa han sido contra asuntos en que existieron autorizaciones polémicas de los gobiernos municipales en temas del desarrollo urbano, habiéndose generado una labor turbia para autorizar excesos de edificadores de torres habitacionales o comerciales a cambio de dinero.

Envalentonado y amenazante, Alfaro agregó que hay más nombres de personajes que se estarían investigando, además de los Magistrados Alberto Barba y Armando García Estrada del Tribunal de Justicia Administrativa, así como de Celso Rodríguez, del Supremo Tribunal de Justicia.

Los tres magistrados han tenido diferencias severas con el Ejecutivo jalisciense en razón de conductas propias de su desempeño como impartidores de justicia.

Los tres juzgadores han sido cuestionados duramente por Alfaro, por funcionarios de su administración y por alcaldes emanados de su propio partido, quienes han estado tachando de inadecuadas muchas sentencias o resoluciones judiciales. Nada menos Alberto Barba y Armando García Estrada, como ya mencionaba, les han ganado en el ámbito de la Justicia federal varios recursos contra acciones en su contra dejando heridas abiertas que ahora quizá pretende vengar el gobernador.

Caso aparte es el del magistrado Celso Rodríguez, quien con uñas y dientes pelea su permanencia en el cargo en el cual se mantiene gracias a un amparo siendo entendible que quizá exista gran interés del mandatario en que dicha plaza esté al alcance de personajes de mayor confianza para que le responda cuando sea necesario. No es este el primer embate de Alfaro contra Celso Rodríguez, de quien antes era aliado y al cual hoy refuta, ya que recientemente dictó un acuerdo mediante el cual le revocó el fiat de Notario que el Magistrado recibió en 2012 del entonces gobernador Emilio González Márquez, de quien por cierto parece ya haberse distanciado pues es conocida la cercanía de Celso Rodríguez con el ex Mandatario panista, así como lo es de Antonio Gloria Morales el ex Coordinador de Políticas Públicas de González Márquez - y ex dirigente panista en Jalisco- a quien le enderezó una fiera andanada por medio del Fiscal Estatal Gerardo Octavio Solís Gómez, pretendiendo culparlo de la compra inadecuada de un inmueble en Chicago, siendo que Gloria Morales no tuvo nunca entre sus actuaciones, atribuciones o facultades algo con lo cual pueda legalmente ser imputado y se le tiene privado de libertad de forma legalmente precaria y muy probablemente ilícita o violatoria de sus derechos fundamentales.

Pero volviendo al tema de los Magistrados hoy en entredicho, dejando a salvo la duda sobre actuaciones, cuya responsabilidad debe dirimirse en un debido proceso y sin acentos personales cual venganza de quien parece abusar del poder político imponiendo su propia ‘Ley de Herodes’, puede presumirse que la venganza no sería quizá el único interés de Enrique Alfaro, sino que está en proceso la entrada en vigor de su reforma al Poder Judicial que los magistrados rechazan e incluso han amagado con llevar a una controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a manera de inconformidad, toda vez que no están de acuerdo con las reformas que se establecen como por ejemplo: cambiar el mecanismo de nombramiento de magistrados y jueces, aplicar pruebas de control de confianza a los juzgadores, eliminar el pago de haber de retiro y suprimir la posibilidad de reelección de magistrados, que tendrían un sólo periodo por doce años.

Parece claro que el mandatario estatal pretende imponerse al Poder Judicial a través de su reforma y al mismo tiempo colocar a sus personeros en las magistraturas vacantes.

Así que el congelamiento de cuentas es algo así como una amenaza a quienes pretendan ir en contra de su voluntad.

Lo cierto es que los magistrados se están defendiendo con todos los elementos legales a su alcance y al parecer han estado logrando avances importantes, además que habrá que estar atentos ya que, como ya amagó el propio magistrado Armando García Estrada, hay mucha información destacada que podría ser desnudada y motivarse así un giro importante en este asunto por demás espinoso que podría resultar como un boomerang para el gobernador.

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