La democracia es un proceso largo que no se agota o al que no se llega de una vez y para siempre, sino que se tiene que construir y sobre todo, defender, todos los días. Requiere contar con organismos autónomos, realmente independientes, así como con un sistema de partidos representativo de la pluralidad social, comprometido con los intereses de los ciudadanos y con el futuro del país.

Los mexicanos hemos avanzado sustancial y sostenidamente durante las últimas tres décadas, en mejorar la calidad de nuestra democracia. No es que todo sea perfecto, pero cada vez más, los procesos de elección de autoridades en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, se distancian de épocas del pasado reciente, en las que privilegiaba la trampa y se imponían intereses ajenos al de la voluntad popular. Los comicios hoy en día transcurren con la certeza de que el resultado corresponde única y exclusivamente al sentido del voto que se deposita en las urnas.

Sin embargo, nada de lo que se ha logrado es por sí mismo garantía de vigencia o de permanencia. Sobre la democracia siempre van a acechar quienes quisieran que sirva sólo a sus intereses, quienes pretenden disponer de las instituciones de la democracia para avasallar a sus adversarios. Los tiempos de una democracia de partido único, o de gobiernos que disponen de recursos públicos para la sutil o descarada compra de votos, son un fantasma que siempre va a estar a la vuelta de la esquina, esperando su oportunidad de volver.

En el caso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es evidente que no ha habido un compromiso a fondo con nuestro régimen democrático a pesar del hecho innegable que fue el que le permitió acceder al poder. En 2018, la transición fue posible sobre todo, porque el órgano electoral generaba confianza, acaso como nunca, sobre la libertad del voto en medio del hartazgo social por la corrupción imperante en el gobierno que estaba de salida.

Sin embargo, el perfil político del presidente es el de un hombre poco tolerante a la crítica y proclive al autoritarismo, además de enemigo declarado de la transparencia. AMLO siente que tiene una tarea histórica por cumplir y en ese objetivo, no lo detiene nada, ni legislaciones, ni políticas o instituciones neoliberales, ni siquiera pandemias. Su objetivo, disfrazado de un combate a la corrupción, es tratar de controlar al Instituto Nacional Electoral (INE) para crear un nuevo sistema, donde los partidos “neoliberales” o “conservadores” estén proscritos o condenados a desaparecer, y sólo imperen Morena y sus aliados.

Por eso, socavar el sistema de partidos, desacreditarlos ante la opinión pública, ha sido una constante en el objetivo del gobierno por hacer realidad la narrativa que necesitamos una “democracia de verdad”, como si el 2018 hubiera sido una farsa. En esa lógica se ha inscrito el más reciente ataque del presidente al exponer al escarnio público, a propósito de la pandemia de coronavirus, a las organizaciones partidistas. La pandemia en este caso, también le viene “como anillo al dedo”.

Dice el presidente que los partidos deben de contribuir con al menos el 50 por ciento de sus prerrogativas, dinero público que se les otorga para el cumplimiento de sus objetivos de interés público, al esfuerzo del gobierno para atender a los enfermos de Covid19. En su conferencia mañanera, que es territorio para la propaganda política, instaló una especie de “Quién es quién en la solidaridad partidista” que le sirve para exhibir como inmorales a los partidos que no están dispuestos o que condicionan su propuesta.

Lo que hace el presidente es una perversidad política, una trampa, un dulce envenenado. Su gobierno repartirá este año alrededor de 300 mil millones de pesos en ayudas asistenciales a 22 millones de ciudadanos, mediante programas que tienen reglas de operación poco claras, y quiere que los partidos se queden sólo con la mitad de los recursos destinados para sus actividades políticas. La trampa consiste en el hecho de que si no aceptan, serán vilipendiados en la plaza pública mediática, y si aceptan, nadie les va a agradecer el gesto, porque el dinero lo va a repartir el gobierno y lo está repartiendo en base a esquemas clientelares.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la solicitud de Morena para reducir la mitad de su presupuesto y que dicha cantidad sea destinada al sector salud para hacer frente a la pandemia. Con este dato, es previsible que el presidente arrecie su campaña en contra de los partidos, a los que presentará como insensibles y poco solidarios con los mexicanos. El INE a todas luces, se equivocó y con su decisión, contribuye al desgaste del sistema político a la vez que crea un muy mal antecedente para cuando el propio instituto sea convocado por una “sugerencia” a reducir su presupuesto.

En vez de autorizar que Morena le haga el juego a su dueño, el presidente, los consejeros electorales debieron adoptar una postura más institucional y menos presionada por la coyuntura. México habría ganado si en vez de prepararle el terreno a esta campaña de descrédito contra el sistema de partidos, si en vez de repartir lo dulces envenenados del presidente, el Consejo General del INE le hubiera dicho al mandatario, de forma enérgica, que evite demeritar a los partidos asignándoles el papel de buenos o malos frente a situaciones como la lamentable pandemia, que es un asunto que toca atender a su gobierno y no a las organizaciones partidistas. Hoy más que nunca, no podemos perder de vista que en tiempos de crisis, sólo las instituciones pueden salvar a las instituciones.