Pese a los esfuerzos que las autoridades educativas dicen hacer para combatir la violencia y el acoso escolar; erradicar el Bullying de los planteles educativos y evitar que niños y jóvenes sigan siendo víctimas de una constante agresión física, verbal o psicológica por parte de sus compañeros, la falta de una política pública bien definida en torno al tema y diseñada por verdaderos especialistas en el área, impide el cumplimiento de objetivos y con ello, la protección a los infantes para quienes el ser objeto de conductas agresivas ha convertido su mundo en poco más que un infierno.

El trágico deceso del niño Maximiliano René Licona Pelcastre ocurrida en el municipio de Huasca de Ocampo, donde el menor de 12 años de edad se quitó la vida al no soportar más las burlas y agresiones por parte de sus compañeros,  confirma de manera contundente, que los programas y acciones que se han implementado en Hidalgo para combatir el Bullying, se reducen al fracaso y que es urgente el redefinir las políticas a implementar nuevos métodos antes de que se sigan generando tragedias.

Para nadie es desconocido que autoridades educativas y diversas instancias oficiales, promueven en Hidalgo los programas de “vacunación contra la violencia”, que en las aulas se “capacita” a docentes y directivos de planteles para evitar el Bullying e incluso, que se han adoptado del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, “métodos” como el “violentómetro” para implementarse en sitios donde el acoso escolar es creciente.

Pero con el hecho de que un solo niño se quite la vida porque no soportó la violencia ejercida en su contra por sus compañeros –insisto-, es un fracaso de lo que se ha hecho y confirma lo mucho que se ha dejado de hacer.

De acuerdo a información revelada por la policía municipal de Huasca de Ocampo, el niño Maximiliano de 12 años de edad, decidió privarse de la vida en el barrio La Palma de la comunidad de Ojo de Agua, colgándose de un árbol, ante la imposibilidad de seguir soportando la violencia escolar de la que era víctima en la escuela secundaria 220 ubicada en la localidad de Santo Tomas donde cursaba el primer año.

Dejó una carta póstuma en la que narró los motivos que lo llevaron al suicidio, algunas de las agresiones que tuvo que enfrentar y dispuso de sus pocos bienes entre los que dejó como herencia un teléfono celular a su menor hermana.

La vida trágica del menor, que culminó con su muerte por asfixia mecánica según reveló la necropsia de ley, debe ser motivo suficiente para que las autoridades educativas asuman con la responsabilidad que merece, la necesidad de combatir de manera seria y urgente, la innegable violencia que persiste en las aulas de muchos planteles y que lleva a un incontable número de niños al sufrimiento y la afectación de su estima y sus emociones sin encontrar solución al problema del Bullying.

De nada servirá que se investigue el caso que costó la vida a Maximiliano René Licona y que se sancione a los responsables del acoso escolar, si no se asumen programas realmente efectivos para combatir el fenómeno del cual él es solo un ejemplo, pero que debe bastar para que quede claro que no se está actuando de manera correcta.

Un niño perdió la vida por Bullying, pero son muchos más los que seguramente viven un similar infierno al que él sufrió, por lo que urge protegerlos y salvarlos de un destino que podría ser tan fatal como el de Maximiliano.