El Subsecretario de Hacienda y Crédito Público Gabriel Yorio informó en conferencia de prensa, celebrada el pasado 30 de junio que la a Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) notificó a Banco Ahorro Famsa, la revocación de su licencia, debido a que su operación había sido inapropiada, resaltando los préstamos a personas y compañías asociadas a su propio grupo empresarial, registros indebidos, además de no respetar disposiciones de la Ley.

La mayoría de los depósitos en cuenta de los 580 mil 744 ahorradores del Banco están protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).

El 99.58 por ciento de los ahorradores en Banco Famsa podrán recuperar su dinero, ya que depositaron menos de 400 mil UDIs, equivalentes a 2 millones 578 mil pesos, y solamente el 0.42 por ciento tiene ahorros por arriba de esa cantidad.

Las autoridades financieras aseguran que en el pago a los ahorradores no se emplearan recursos públicos ya que el IPAB es como cualquier seguro, cobra primas, a los intermediarios financieros y con eso se constituye un fondo, y ese fondo se aplica cuando hay contingencias como esta.

Si bien es cierto que el dinero para pagar los depósitos de casi el 100 por ciento de los ahorradores de Banco Famsa son recursos que aportaron las instituciones bancarias para este tipo de contingencias, habría que recordar que los sueldos de los 235 empleados que prestan sus servicios en el IPAB provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes, así como la operación de este organismo depende del presupuesto público federal.

Es indispensable saber que “el IPAB es un organismo descentralizado de la administración pública federal, encargado de administrar el sistema de protección al ahorro bancario en México, con personalidad jurídica y patrimonio propios”.

Al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, se le asignó por parte del Congreso Federal en el Presupuesto de Egresos 2020, 43 mil 330 millones de pesos. Estos recursos son para la operación del IPAB y el pago de los intereses de la deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Hasta septiembre del 2019 la deuda por ese rescate bancario durante la administración del ex presidente Ernesto Zedillo,(Fobaproa), creció 97 millones 500 mil pesos diarios, al pasar de un billón 32 mil 236 millones en diciembre de 2018, a un billón 58 mil 567 millones en 2019, aumentó de 26 mil 331 millones entre diciembre de 2018 y el noveno mes de 2019, señalan informes del IPAB.

La liquidación de Banco Ahorro Famsa requerirá que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario consuma el 39 por ciento de su fondo de protección para ahorradores, que hoy alcanza 61,000 millones de pesos. Son muy altos los recursos que usaran para el pago a los ahorradores de un Banco pequeño y si hay otra institución financiera un poco más grande como Banco Coppel, que quiebre, no alcanzara el dinero del IPAB para pagarle sus ahorros a sus cuentahabientes.

Banco Famsa era un banco minúsculo, sus activos participaban con el 0.43 por ciento de los activos totales de la Banca Múltiple; la cartera de créditos aportaba el 0.47 por ciento de la cartera total y el 0.51 por ciento del capital contable de la banca comercial (CNBV, diciembre de 2019). Es decir, no era un banco de importancia sistémica, cuya quiebra pudiera afectar la estabilidad del sistema financiero o de la economía del país.

En mi opinión carecen de sentido las manifestaciones de algunos partidos y organizaciones políticas que han expresado que “con el fin de que los ahorradores puedan recuperar su dinero, brindará asesoría legal y financiera gratuita a los 580,774 usuarios del desaparecido Banco regiomontano”; así como los servicios que ofrece el extitular de la Condusef, Mario Di Costanzo. Ello porque la devolución de los ahorros está garantizada y porque existe un conducto institucional para, en su caso, hacer las quejas y denuncias correspondientes.

El IPAB todavía tiene un proceso para concluir la liquidación judicial de Banco Bicentenario, intervenido en 2014 por la administración de Enrique Peña Nieto y que hasta el momento tiene pendientes 21 procedimientos legales.

El Instituto tiene que concluir este año un procedimiento de liquidación judicial, 11 incidentes de vencimiento anticipados, uno de validación de titularidad de activos, cinco amparos y tres juicios en contra.

La institución que garantiza el pago a los ahorradores alega que no ha podido concluir la liquidación del Banco Bicentenario porque no puede crear seis plazas de personal especializado, ya que esto incrementaría la estructura del organismo, con cuatro directores de área y dos subdirectores, con costo anual de 5 millones 689 mil pesos, a los que se les debería incluir viáticos que ascenderían al año a más de 2 millones 400 mil pesos.

El Instituto para la Protección del Ahorro Bancario no protege los recursos de inversiones realizadas en sociedades de inversión, aseguradoras, cajas de ahorro, sociedades de ahorro y préstamo, casas de bolsa o en los bancos de desarrollo, aunque dichas inversiones sean ofrecidas o promovidas en las sucursales bancarias.

En conclusión hay mucho dinero público en el IPAB y es una falacia que sean los recursos de la Banca comercial los que mantienen al organismo que por ley paga los depósitos de los ahorradores. Existe un subsidio para los dueños de Bancos.