La extracción de volúmenes mayores de agua de las tres principales presas de Chihuahua, en medio de una prolongada sequía en ese estado del norte del país para dar cumplimiento al Tratado de Agua de 1944 entre México y Estados Unidos, provocó que los campesinos de la región se organizaran para protestar al considerar que faltará el líquido para el próximo ciclo agrícola, puesto que el de este año ya está por concluir y el riego está garantizado.

Los agricultores chihuahuenses han sido azuzados por políticos del PRI y el PAN, entre los cuales se encuentran exgobernadores de esa entidad federativa, así como diputados y el actual jefe del Ejecutivo estatal, lo cual ha causado que las manifestaciones contra el gobierno federal se hayan tornado violentas con enfrentamientos entre población civil y la Guardia Nacional.

Para entender las causas del problema nos tenemos que referir al pésimo manejo que se tuvo en las pasadas administraciones federales con la distribución del agua, en donde priva la corrupción en las concesiones del vital líquido en una zona en donde es escaso este bien, lo que significa el Trata de Aguas entre México y Estados Unidos y el cómo se están aprovechando de este conflicto los partidos opositores al gobierno de la Cuarta Transformación.

El contar con una concesión en una zona con estrés hídrico, como es Chihuahua, puede significar un negocio millonario y por eso en esa región del norte del país se creó un mercado negro del agua en donde ronda la corrupción con falsificación de documentos, un diseño de entramado legal y la mala utilización de decretos presidenciales para poner pazos aparentemente "dentro de la ley" , siendo los principales beneficiados grandes empresas agrícolas que muchas veces están emparentadas con el poder político.

El expresidente Enrique Peña Nieto firmó en abril de 2013 ocho decretos con lo que quedaba prohibido hacer pozos para extraer agua sin contar con una concesión federal previa. La ley expedida por el Ejecutivo federal señalaba también que aquellas personas que antes de la expedición del decreto contaran con pozos construidos contaban 60 días para registrar la obra, y a quienes realizaran este trámite se le entregaría una constancia de registro de libre extracción de líquido.

Entre 2013 y 2014, en Chihuahua se registraron 2 mil 140 constancias, de acuerdo con datos que se pueden consultar en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). De 2015 a 2018 se registraron otras 2 mil 194. Muchos de estos registros se dieron sin constatar si existían los pozos, además de que hay constancia que estas concesiones se dieron en lugares vedados por la ley.

La entrega de buena parte de las constancias para uso del agua ocurrió cuando la delegación estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conago) estaba a cargo de Alex LeBarón González, quien fue diputado estatal por el PRI y era uno de los funcionarios cercanos al entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte.

La delegación de Conagua en Chihuahua identificó entre agosto y diciembre de 2019 cincuenta títulos de concesión falsos, lo que nos habla de la gran corrupción para los permisos de uso del agua.

Un buen ejemplo del corrupto manejo del vital líquido en Chihuahua nos lo da el acuífero El Sauz-Encillas, el cual tiene déficit desde hace casi 20 años, pero esto no impide que en ese lugar se registraran 40 constancias de libre alumbramiento tan solo en 2013; 31 de ellas se repartieron solo entre dos empresas: Agroindustrias BVM SA de CV y Ronsi SA de SC. Ambas compañías tienen algo más en común: su accionista mayoritario es Sergio Aguilar Weber, empresario cercano al exgobernador César Duarte.

Agropecuaria La Norteñita, que es una empresa dominante en la producción de manzanas, consiguió a través de juicios en contra de Conagua 84 títulos de concesión que le autorizan a tener una misma cantidad de pozos para extraer al año hasta 25 millones 200 mil metros cúbicos de agua del acuífero de Laguna de Santa María, con veda desde 1979, en el municipio de Ascensión.

Los 84 nuevos títulos que tiene Agropecuaria La Norteñita se suman a los 33 títulos que ya tenía la empresa; sin contar las varias decenas de concesiones que están a nombre del fundador de la compañía Salvador Corral Piñón.

Chihuahua es el principal productor de nuez en el país, pero el problema con el nogal, en una zona desértica como lo es esa entidad federativa, es que para producir un kilo de ese fruto seco es que se requieren 7 mil 500 litros de agua, de acuerdo con datos de investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

Para la producción de nuez se extrae agua de pozos ilegales, lo que ocasiona una sobreexplotación de los acuíferos que ha provocado la escasez hídrica.

El otro problema que afecta a los agricultores chihuahuenses en la distribución del vital líquido es el Tratado de Aguas de México con Estados Unidos, que habla que el país azteca debe entregar a su vecino, en cada ciclo de 5 años, un total de 2,158.5 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a un promedio de 431.7 millones de metros cúbicos por año.

Hasta el 18 de julio del presente año se habían entregado 1,652.5 millones de metros cúbicos correspondientes al ciclo que concluye el próximo 24 de octubre; ello implica que ―en menos de cien días― se deben entregar 499.10 millones de metros cúbicos. Dicha cantidad es superior al compromiso total de un año y la única forma de pagarla es tanto con agua de las presas, así como de lluvia.

El problema la falta de agua en Chihuahua no es de ahora, es un problema de hace muchos años y hay corrupción en la explotación de este líquido y este conflicto está siendo aprovechado por la oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El conflicto por el agua se debe resolver a la brevedad, porque no hacerlo podría ocasionar no solo un problema interno, sino un diferendo internacional con Estados Unidos.