Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otros sin su consentimiento.
Abraham Lincoln (1809-1865). Décimo sexto presidente de Estados Unidos.
Hoy por la mañana leí una noticia que llamó mi atención y que puede pasar por alto para muchos lectores: durante su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Ejecutivo Federal mexicano anunció que el gobierno cooperaría en las acciones de paz de dicho organismo multilateral, particularmente en acciones de reconstrucción, asistencia humanitaria y seguridad.
Tal aseveración me recordó a aquella política exterior denominada proactiva que Jorge Castañeda acuñó al nuevo dinamismo internacional mexicano como producto de un bono democrático obtenido en las elecciones de 2000. Uno de sus objetivos fue ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU y formar parte de las grandes decisiones. Hoy, al leer que México participará en las acciones de paz de la ONU significa no sólo coadyuvar en acciones humanitarias, también lo es en la solución de conflictos, puesto que la seguridad obliga precisamente a establecer no solo medidas normativas, sino la intervención armada.
Habrá que conocer a fondo en qué consiste la aportación que hará México en las acciones de paz de la ONU. La historia ha dado inmejorables ejemplos del gran costo político que debe asumirse cuando se intenta estar al nivel de una potencia, y más cuando se es vecino de la mayor potencia mundial. La guerra contra Irak y el debate sobre apoyar un conflicto carente de toda legalidad estableció los verdaderos límites de México en el contexto internacional. Darle la espalda a su principal socio y amigo era traicionar esa confianza construida por ambos gobiernos, y más si a México le interesaba firmar en ese momento un acuerdo migratorio. En palabras del propio Castañeda, no era tiempo de regatearle a Estados Unidos. Por el otro lado, apoyarle representaría abandonar una tradición diplomática que ha sido el manual de las bases de la política exterior mexicana, además del costo político interno que habría de llevarse el gobierno y la descalificación de la comunidad internacional.
Otro de los cambios propuestos fue al interior del Consejo de Seguridad. Señaló que es necesario ampliar el número de sus integrantes no permanentes en aras de fortalecer su transparencia, rendición de cuentas y capacidad de respuesta. Ello se podría lograr con espacios de largo plazo con posibilidad de reelegirse en un período inmediato con la idea de establecer equilibrios con base en una mayor representación geográfica.
De igual manera, propuso que el poder de veto no sea aplicable en casos de violaciones graves a los derechos humanos, cuestión que me parece atinada en el compendio de propuestas hechas. En cuanto a la paz y la seguridad internacionales, propuso que todos los países signaran y ratificaran el Tratado sobre Comercio de Armas para impedir su tráfico y evitar los males que causan a la sociedad.
Veo muy difícil que se amplíe el número de asientos no permanentes en el Consejo de Seguridad puesto que el actual status quo que rige en su interior, no permitirá la inclusión de más actores participantes. Mismo caso encuentro con la limitante en el poder de veto para violaciones graves a los derechos humanos. Cualquier guerra que emprenda una potencia necesariamente se verá obligada a apartarse de tales garantías humanas. Ejemplos de esto hay y sencillamente la ONU no ha logrado detenerlas. Del tratado de armas, pues también es una misión complicada puesto que para muchos resulta un redituable negocio, sobre todo para Estados Unidos.
Pero mientras el gobierno mexicano busca sumar unidades a los cuerpos de paz o cascos azules a la ONU, la situación de la seguridad interna no ha avanzado. Apenas se cumplirán 2 años de gobierno y la lista de homicidios en el país asciende a 30 mil. Las últimas noticias que han señalado los vínculos de políticos, autoridades de distintos órdenes de gobierno, incluso de algunos medios de comunicación con el crimen organizado, deducen que la contaminación de las instituciones ha llegado hasta la médula ósea. La noticia más reciente del homicidio del diputado priísta por Jalisco, Gabriel Gómez Michel y del corresponsal de Televisa en Michoacán entrevistándose con La Tuta, ha generado preocupación en el gobierno.
De acuerdo a algunos estudios hechos por la CONCAMIN y el Centro de Estudios del Sector Privado, en México la inseguridad nos cuesta alrededor del 7% al 15% del PIB. Por su parte, el Instituto para la Economía y la Paz considera que asciende a 6.8%, niveles incluso superiores a países con menores ventajas y recursos, como Nicaragua, Ecuador o Guinea, entre otros.
COSTO DE LA INSEGURIDAD POR PAÍS CON RESPECTO AL PIB
Lo anterior significa, en términos monetarios, que entre 10 mil y 20 mil pesos por año por mexicano nos cuesta la inseguridad en el país. Y de la inseguridad, la violencia que se genera se debe en su mayoría al narcomenudeo: 65% de los casos de violencia son a causa de este problema. Ello me lleva al planteamiento de la pregunta siguiente: ¿Ha resultado la política contra las drogas? El problema involucra no solo a México sino a Estados Unidos también. Más bien el segundo involucró al primero. En febrero de 2012 el fundador de Law Enforcement Against Prohibition (LEAP), Jack Cole, un ex policía de Nueva York que fue agente antinarcóticos encubierto durante 26 años, afirma que fue un grave error iniciar la guerra contra las drogas. Él es impulsor de su legalización para disminuir las estadísticas duras. Recordó que en 1993, cuando se legalizó el alcohol en Estados Unidos, Al Capone perdió presencia e influencia en las calles y terminó por ser debilitado. Lo mismo, sostiene, puede suceder con las drogas.
En su intervención, ofreció algunos datos interesantes: al inicio de la década de los setenta del siglo XX, cuando se declara en Estados Unidos la guerra contra las drogas, las probabilidades de morir a causa de ellas era menor que las de fallecer por la caída de unas escaleras o por atragantarse con los alimentos. Estableció que si la guerra contra las drogas hubiese resultado, 7 factores debieron haber cambiado: menor oferta; disminución de la pureza de la droga; aumento en su precio; disminución en su consumo; disminución de muertes por sobredosis; disminución de asesinatos por prohibición de la droga y disminución de detenciones por violación de drogas.
La realidad, sostiene Cole, es que la oferta ha aumentado y se evidencia en la cantidad medida en toneladas de la droga que se incauta actualmente, su pureza ha pasado de 1.5% a 60% en los últimos 40 años, su precio ha disminuido en un 60% al mayoreo, por solo señalar algunos datos. Esta realidad es la que está afectando al vecino país del norte y a México también, en consecuencia.
Pero mientras se piensa en mandar cascos azules mexicanos a la ONU, la inseguridad en el país es de preocupar. De acuerdo a estudios hechos por el Semáforo Delictivo Nacional, los índices de delito como homicidios, secuestros, extorsiones, entre otros, si bien han mostrado una tendencia a la baja, cuando se analizan a nivel de entidad, éstos son de preocupar. Solo de enero a agosto de 2014, 3 de los 8 rubros señalados en la tabla siguiente aumentaron sus niveles (robo a negocio, lesiones y violaciones), mientras que uno se mantuvo igual y el resto disminuyó. Llama la atención que de la lista, en 5 de ellas las encabeza el Estado de México y otras más donde la media nacional es superada.
Si a esto le agregamos que 6 de cada 10 mexicanos no denuncia un delito por falta de credibilidad hacia la autoridad, entonces la situación de la seguridad no va bien. De nada servirá que el gobierno mexicano se involucre en operaciones de paz cuando ella ?la paz- es necesaria primero en México. Se debe releer la historia y no cometer errores que han generado un alto costo político como lo fue en la relación con Cuba en 2002.
El tintero.
Es un hecho que la democracia cuesta, y mucho. El INE anunció que para revisar la legalidad y autenticidad de las alrededor 13 millones de firmas de ciudadanos que participaron en las campañas que realizaron 4 partidos políticos para abrir una consulta ciudadana en 2015, le costará nada menos que 30 millones de pesos. El recurso, informó el instituto, será para contratar a 1,700 personas eventuales y rentar edificios para llevar a cabo su labor.
Varias agrupaciones civiles presentaron una demanda de juicio político contra el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, por omisiones ante las 70 mil personas fallecidas durante el sexenio de Felipe Calderón, las 1.6 millones desplazadas por la violencia generada por el crimen organizado y de las 48 mil personas desaparecidas, así como de los intentos de algunos gobiernos de reglamentar las manifestaciones, entre otras denuncias. No hay duda que la credibilidad ha llegado hasta la propia institución encargada de proteger los derechos humanos de la sociedad mexicana.
(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/