Saltan a la vista dos cifras, como las más importantes de la crisis del transporte inducida por empresarios, quienes negaron por dos horas el servicio, lo que trastocó a la ciudad.

Pues bien, las cifras torales que deja este enredo de falta de ley para meter en cintura a los transportistas, son que más de 800 mil usuarios del transporte público resultaron afectados al quedar varados por la falta de unidades que fueron retiradas del servicio

Datos oficiales manejan alrededor de 570 millones en pérdidas económicas por los retrasos de hasta dos horas que sufrieron los empleados ante la falta de unidades del transporte.

No se entiende que los prestadores del servicio, siendo concesionarios como lo son, pongan al Gobierno estatal contra la pared si de un plumazo podrían quedarse fuera del negocio.

Y más aún, en términos morales, si alguno de los concesionarios (o todos) ya no le ve el negocio, pues que renuncie a la concesión y deje el campo libre a gente con ánimos de servicio.

A los nuevoleoneses nos dan el peor y más caro servicio de transporte urbano en el país.

Nadie, salvo los concesionarios, justifican el costo altísimo del boleto en Nuevo León, siendo que los costos de operación son los mismos aquí y en Chiapas.

Por lo pronto amaneció martes y el sistema de transporte trabaja en forma  regular, pese a las amenazas de ayer tarde de José González, representante de los transportistas, quien dijo ayer tarde que el servicio sería suspendido en la noche, cosa que no pasó.

Y el que se mantuvo ausente durante la crisis fue Jorge Longoria, director de la Agencia Estatal del Transporte. ¿Dónde se metió? Es un misterio.

Ojalá y este sea el final: Anoche, el Gobierno del Estado y los transportistas aseguraron en un comunicado que no se repetirán los paros “en los próximos días”.