Dos columnistas en diferentes medios coinciden en que la consulta realizada por el presidente López Obrador en Durango y las consecuencias que de ello se derivarán es otra forma de corrupción. La cancelación del Metrobús de La Laguna, basándose solamente en una “consulta” a mano alzada de un grupo de personas (aproximadamente 3000) que ni siquiera viven en la zona planeada, es una burla de las instituciones en las cuales basamos toda decisión en el ámbito de la vida pública.

Tanto Armando Fuentes Aguirre, Catón, en su columna De política y cosas peores en el diario Reforma, como Verónica Malo Guzmán en El Heraldo de México, resaltan dicho acto autoritario (y otros que se le asemejan) como fuentes de corrupción gubernamental.

Catón solo ejemplifica con la decisión sobre el Metrobús, pero Verónica Malo menciona otros casos como son el desabasto de medicinas o el desmantelamiento del sistema democrático electoral en puerta, comenzando por el INE como su órgano rector. 

Tienen razón los columnistas al mencionar que la ineficiencia también es corrupción. Se iguala al robo descarado de Pemex, pues conlleva costos altísimos de recursos desperdiciados, ineficiencias y pérdida de confianza en quienes pueden invertir en el país de forma clara y comprometida.

La coincidencia de ambos columnistas, en diferentes medios, debiera significarle al presidente una llamada de atención. Si de verdad quiere combatir la corrupción y acabar con ella, debe empezar con sus propios “haceres”: respetando el Estado de Derecho, logrando eficiencias y no frenando obras y proyectos solo porque no lo inició él.

La peor forma de corrupción se encuentra escondida en el combate a la misma. Es esa que dice no serlo, pero que de hecho sí es y que, además, va acompañada de abuso del poder y que es enaltecida por quien dice combatirla.

Todavía hay tiempo, aún no es demasiado tarde. Andrés Manuel debe corregir ya. Empezando tal vez por dar marcha atrás a otra forma de corrupción, la más reciente: la de incumplir los pactos, como el firmado con el CCE de Carlos Salazar; la IP se comprometió a invertir 32 mil millones de dólares a cambio de condiciones de confianza para los empresarios, sobre todo para aquellos interesados en el sector energético. Pacto destruido horas después de rubricado cuando la SENER canceló las licitaciones petroleras con la iniciativa privada.

Tiene razón la columnista Malo Guzmán: “La ineficacia —por no hablar del desaseo y el no respetar la palabra— de un gobierno puede llegar a ser tan dañina como el robo y dispendio”