Los procesos en curso en contra de dos Secretarios de Estado (Cienfuegos y García Luna, principalmente) y otros personajes de menor jerarquía, configuran una penetración sin precedentes históricos del Poder Judicial y de los aparatos de inteligencia, policía y seguridad de los EUA, en el corazón del sistema político mexicano y del Estado mexicano mismo, acción sustanciosa que no ha podido realizar el propio aparato de justicia nacional, a pesar de la existencia de un proceso prolongado de captura del Estado que vació de contenido social, público, y cultural a las instituciones del Estado al conducirlas a operar bajo pactos de asociación criminal e impunidad con sustento en la corrupción generalizada y el saqueo nacional de sus finanzas y patrimonio público.

Es evidente que debemos tomar en cuenta la “presunción de inocencia” en el caso del general Cienfuegos y de cualquier otro personaje acusado de presuntos delitos. Pero, la “guerra contra el crimen organizado” como filosofía política y base de su política exterior en materia de seguridad hemisférica reportó grandes beneficios a los gobiernos de EUA. No obstante, el contacto con las organizaciones transnacionales criminales ha provocado grandes rupturas constitucionales entre los más altos personajes de los Estados latinoamericanos, como es el caso de ex Presidentes huyendo o en la cárcel y hasta uno suicidado, ministros, secretaros de Estado, líderes empresariales y políticos, legisladores, encarcelados y en proceso judicial, una verdadera devastación político-institucional que ha debilitado como nunca a la organización estatal. El subcontinente entero y en particular México ha retrocedido 80 años en materia de construcción institucional, representación política, gestión pública, desarrollo empresarial y cultura de la legalidad.

Todo lo anterior ha exhibido también la fragilidad de las instituciones estatales y de la formación política, ética e ideológica, así como la fortaleza dormida de las miserias humanas de los líderes latinoamericanos, sacudidos y cooptados por el crimen transnacional debido a su inusitada y desbocada ambición de riqueza material, financiera y patrimonial. Miles de servidores públicos del más alto nivel y mediano también, “no aguantaron un cañonazo de cincuenta mil pesos”, como decía el general Álvaro Obregón. Aunque en esta época son de mucho más. 

A los crímenes de lesa humanidad, a las violaciones sistemáticas a la Constitución y sus leyes secundarias, a la brutalidad militar y policial, a las masacres y desapariciones forzadas, tenemos que sumar en muchos de aquellos líderes políticos, policiacos o militares o empresariales, la ambición más vulgar y desmedida del dinero en cantidades mayúsculas a costa de lo que sea. 

La captura del Estado mexicano se ha prolongado por varios lustros al penetrar las organizaciones criminales de distinto tipo y cooptar mediante redes asociadas de saqueadores delictivos profesionales, el primer círculo presidencial, la jefatura del Estado, la comandancia general de las fuerzas armadas y las propias fuerzas armadas en más de uno de sus integrantes del más alto nivel. La institución ha resistido, siempre serán muchos más los militares y servidores públicos de honor y lealtad que los que traicionan, pero el prestigio de la institución militar hoy está en entredicho severamente.

La estrategia de combate a la criminalidad de carácter punitivo-represivo les expuso a todos los antes mencionados al contacto criminal y su sed de riqueza no resistió. Esta captura del Estado en donde los líderes del proceso criminal se han ido turnando uno tras de otro a lo largo del tiempo, sumieron a la sociedad mexicana, a la República y sus instituciones, a la más cruel y brutal simulación política y ética. 

Recuerdo al general Salvador Cienfuegos estrechando la mano de Miguel Osorio Chong, uno secretario de la defensa nacional y el otro secretario de gobernación, cuando en una reunión con diplomáticos se dio la noticia de la captura del “chapo Guzmán” luego de su segunda fuga de prisión, en donde un tanto enardecidos, pero tremendamente engañados, los diplomáticos comenzaron a entonar el himno nacional. El tweet del entonces Presidente Enrique Peña Nieto decía: “Misión cumplida”. Informo a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido capturado”. Estalló el júbilo y los aplausos a un gobierno que ya se sospechaba y empezaban a surgir evidencias, de que era el más corrupto de los últimos tiempos. (https://www.youtube.com/watch?v=n6lEwkBkJp0)

Ambos secretarios reían gustosos y se abrazaban en señal de felicitación mutua. ¡Cuánta simulación, mentira, hipocresía y falsedad había en la escena que protagonizaban ambos personajes¡. Ésta, contrastada con aquella en donde los agentes de la DEA escuchando conversaciones de narcotraficantes ligados, a los capos Beltrán Leyva y les oyeron decir, refiriéndose al general Salvador Cienfuegos: “está el Padrino en la televisión”, resulta devastadora. No olvidar que el general Cienfuegos se opuso radicalmente a que los militares de la 35ª Zona militar con sede en Chilpancingo, Guerrero, fueran entrevistados por parte del grupo de expertos propuestos y contratados por el gobierno de EPN, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego otro posible encubrimiento, en el caso del supuesto fusilamiento de los secuestradores en Tlatlaya, Estado de México. 

La captura del general Salvador Cienfuegos, como la del Ing. Genaro García Luna y colaboradores cercanos, y las que faltan, han provocado una penetración sin precedentes del aparato de justicia estadounidense en el sistema político mexicano y en el Estado mismo, si bien, fueron concretadas al estar tales personajes en territorio estadounidense, es muy distinto a cuando se usa para someterlos a proceso judicial el Tratado de Extradición vigente. Pero, paradójicamente esta incomodísima penetración judicial extranjera, coadyuva a la des-captura del Estado mexicano. Son las parábolas de la historia. Debilita al Estado (exhibe sus tremendas carencias), pero a la vez, le ofrece condiciones para reestructurarse sin arrastrar un pesado lastre de narco-corrupción al más alto nivel, aunque el problema es mucho mayor de lo que representan estas personas, pero ellos se convierten en íconos de una problemática severa del Estado. 

Porque hace lo que el aparato judicial mexicano, también infectado por esta captura del Estado (está pendiente de ver cómo se desarrollará el proceso contra el exministro de la Corte Medina Mora), no es capaz de hacer, a pesar de los presupuestos generosos y gigantescos sueldos y emolumentos de que han dispuesto desde hace medio siglo. Tengo la firme impresión de que en las más altas esferas de los poderes federales de la República, se sobrentendía que nadie se debía meter con nadie, nadie investigar y suponer falsa y grotescamente, que nadie tenía qué se le investigara de ilegal o criminal, “la ética pública reinaba”. La realidad era lo opuesto, muchos debían ser investigados. Crecía el Estado paralelo de la corrupción y la impunidad.

La corrupción mutuamente tolerada, mutuamente disimulada y consentida, efectivamente, ha hecho un daño infinito a las instituciones públicas, la tarea por delante de regeneración, innovación, re-funcionalización y cambio es descomunal. Este es el verdadero “Estado profundo mexicano”, como dicen los estadounidenses, o el “Estado paralelo” como dicen los politólogos latinoamericanos, que debe reformarse a fondo ya. 

Muchos todavía se resisten a entender que las fallidas políticas punitivas-represivas contra la criminalidad transnacional, abrieron el más gigantesco boquete al debilitamiento histórico del Estado mexicano, debido a sus correlatos de corrupción institucional estructural e impunidad política y judicial. Y lo peor de todo, por una especie de colonialismo de tipo intelectual ante los cerebros inertes de la clase política mexicana desde hace cuatro décadas, por lo menos.