A mitad de esta semana que termina, el Senador por el estado de Colima, Jorge Luis Preciado, ha puesto sobre la mesa de trabajo una iniciativa de ley, en la que se permita a la población portar armas para defensa personal fuera de sus hogares.

El argumento ofrecido para sustentar su propuesta es la incapacidad del Estado mexicano para brindar seguridad a sus habitantes, sumado a que con dicha acción es posible reducir el número de asaltos a comercios y en la vía pública.

La propuesta del Senador del Partido Acción Nacional (PAN) parece más una ocurrencia personal para volver a los medios de comunicación, una vez que no logró ser Gobernador del estado de Colima, ya que desde cualquier ángulo por donde se le mire a su reforma de ley, no tiene un sustento teórico o empírico.

Si nos centramos en el ámbito teórico, el Estado debe ser capaz de brindar seguridad y certeza jurídica a todos sus habitantes a través del uso monopólico y legítimo de la violencia. El no poder ejercer dicha acción significa un fracaso del Estado y sus instituciones (cabe mencionar que el Senador Preciado es parte de ese Estado que critica), lo que a la larga derivará en zonas francas donde las relaciones sociales y económicas serán reguladas por el crimen organizado.

En la parte empírica, el que cualquier persona pueda portar un arma no garantiza que el ladrón pensará en dejar la actividad ilícita, ya que al momento en que se lleva a cabo el crimen, las dos partes involucradas están en escenarios emocionales distintos, es decir, el afectado se verá influenciado por el factor sorpresa, el cual influye de manera negativa para que no pueda reaccionar y defenderse con el arma.

En caso de que el afectado tenga un entrenamiento previo y sea capaz de controlar sus emociones y herir o dar muerte al ladrón, existe un segundo escenario no contemplado por el Senador Preciado, el cual es el concepto de legítima defensa.

La legislación mexicana establece que para poder defenderse de alguien que está atentando contra la integridad física o patrimonio, debe existir igualdad de circunstancias entre las partes, es decir, si el atacante porta una navaja y el afectado una pistola, ya no es posible hablar de igualdad en la defensa personal, por tanto, se estaría incurriendo en un delito.

Continuando con la parte empírica, un estudio realizado por la misma Cámara de Senadores (Comparación internacional sobre el impacto social del uso de armas de fuego) llega a la conclusión que los países con tasas más altas de pistolización son los que registran mayor número de homicidios y violencia callejera, mientras que los países europeos al tener una restricción mayor en cuanto a la portación, ese fenómeno social es poco frecuente.

La breve argumentación ofrecida en este espacio me lleva a seguir pensando que el Senador Preciado sólo necesita atención y en medios y no encontró otra manera de conseguir su objetivo después de ser olvidado tras la elección a Gobernador de Colima.