September 18, 2019 22:19


Negocio y delitos en truculento convenio de Villas Panamericanas

Denuncia Enrique Alfaro que ayuntamiento de Guadalajara está en quiebra
Enrique Alfaro @EnriqueAlfaroR.

¿Qué clase de negocio es ese o para quién?

En el asunto del inmueble y edificación de lo que intentó ser el desarrollo inmobiliario privado de lujo denominado ‘Villas del Bosque’, mejor conocido como ‘Villas Panamericanas’ existe impúdica e inmoral voracidad de empresarios que pretenden formalizar un muy lucrativo negocio medrando con recursos públicos y causando severos daños al hábitat en la zona denominada como El Bajío del Arenal en Zapopan, que está catalogada como de recarga de mantos freáticos y de amortiguamiento para el Área Natural Protegida Bosque de la Primavera, en la zona conurbada de la capital jalisciense, siendo claro hay complacencia, colusión y complicidad de parte del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez y sus colaboradores en el Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL) y en el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi), confabulados para consolidar un truculento negocio en el que serán favorecidos algunos personajes presuntamente ligados a la actual y anteriores administraciones gubernamentales municipales y estatales lesionando el Medio Ambiente y enriqueciéndose ilícitamente a costa de los jaliscienses.

Por más que el Ejecutivo del Estado esté pretendiendo la sociedad se trague el cuento en cuanto a que su cambio radical de actitud - habiendo pasado súbitamente de formar parte de los activismos en defensa de El Bajío a encabezar la embestida gubernamental y de insaciables empresarios por aprovechar insana y dolosamente esos terrenos vedados y provocando ecocidio - es en razón de optar por el interés superior de procurar que los jubilados y pensionados del estado adscritos a IPEJAL, recuperen la inadecuada y muy polémica inversión que hicieron sus directivos en 2009 y 2010.

La postura de la Asociación Conciencia Cívica Jalisciense, del Parlamento de Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la Fundación Cuenca Lerma Chapala, Los Vecinos de Rancho Contento y la Federación de Sindicatos del Estado, quienes desde hace más de 10 años se han opuesto a que se edifique y luego se dé alguna autorización para que se utilice como vivienda al complejo que sirvió para albergar a 7 mil 500 atletas durante los Panamericanos de 2011, sigue siendo la misma, no se permitirá por ningún motivo que se violente el orden jurídico, que se siga lesionando el medio ambiente ni que se continúen realizando acciones para generar un negocio ampliamente lucrativo para unos cuantos en perjuicio de la mayoría.

Están vigentes las suspensiones que se han interpuesto, particularmente la que se dictó tras la demanda que presentó Conciencia Cívica en 2013 y que se ha pretendido violentar al buscar formalizar ese convenio de venta y autorización para comercializar casi mil departamentos y los habiten aproximadamente 6 mil personas cuando sólo existe posibilidad legal para que esas hectáreas las habiten un máximo estimado de 300 personas, siendo que el pasado viernes 30 de agosto se solicitó y obtuvo de la Sexta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco una resolución que precisa a las autoridades municipales y dependencias estatales que persisten las suspensiones y aseguramientos vigentes otorgadas desde 2013 por diversos procedimientos legales en trámite y apercibiendo de sanciones administrativas y penales a servidores públicos y particulares en caso de violentarlas y otorgando cinco días hábiles al gobierno municipal de Zapopan, al Ipejal e Ijalvi para que suspendan cualquier emisión de licencias o dictámenes y que no se ejecute el contrato de promesa de compraventa y el convenio de asociación para promoción de vivienda, que se tenía previsto firmar en la opacidad el último día del mes de agosto pasado. En caso que no se atienda la instrucción girada por la autoridad judicial, procedería una sanción administrativa que va desde arrestos hasta separación del cargo y acción penal.

En este tema se va a ir hasta el fondo para preservar un orden jurídico, para seguir luchando por este asunto y que se va a mantener por el tiempo que sea necesario para evitar el atropello y sigan generándose acciones de enriquecimiento ilegítimo por parte de autoridades y de empresarios voraces.

En este sentido, se espera que la autoridad de Zapopan conteste la petición del informe que le hace la segunda sala diciéndole “no puedo cumplirla porque tengo un mandato previo vigente bastante antiguo, superior que me obliga a mantener las cosas como estaban antes, es decir, sin otorgar ningún tipo de licencia sin otorgar ningún tipo de tramitología que implique su venta”.

El gobernador Enrique Alfaro está recurriendo a triquiñuelas para hacer creer a la gente que le importa que los jaliscienses adscritos al IPEJAL recuperen la inversión que se hizo en aquel tiempo que fue de 380 millones de pesos, es decir es una parte mínima del problema, el mayor gasto, el mayor recurso tirado a la basura, fue del Instituto de Vivienda del Estado, en aquel tiempo Iprovipe, hoy Ijalvi, que le prestó dinero con un interés mínimo y sin ninguna garantía de devolución, fueron 860 millones de pesos los que entregó a las empresas del grupo Corey, y no era el dinero de los trabajadores, ese dinero era de los jaliscienses en general; habrá que advertir que esos cientos de millones de pesos provenientes de las arcas de IPEJAL e IJALVI más otros 500 millones que en esa época el gobernador de Jalisco Emilio González Márquez entregó en forma ilícita a fondo perdido a los voraces empresarios a finales de su nefasto sexenio, deben procurarse en cuanto a su restitución embargándole bienes a los constructores y a los servidores públicos que prohijaron el desfalco al erario y el daño grave al ecosistema.

Ahora bien, dejando por un momento el tema ecológico, que es grave; debemos enfocarnos también en que hay un convenio que se quiere firmar donde reciben casi sin intereses aportando 300 millones de pesos anuales durante cinco años, es decir, corcholatas contra una infraestructura que van a poder vender en cuatro o cinco veces esa cantidad. Y todavía, además de regalar los inmuebles están obligando a temas que son totalmente absurdos, como realizarles obras y acciones urbanísticas que son muy costosas y que estarían a cargo aparentemente del vendedor. O sea que habría que pagarles más todavía.

¿Qué clase de negocio es ese o para quién?, porque evidentemente para el estado y los jaliscienses no lo es. ¿Cuál recuperación? Si todavía se le va a tener que meter un mayor recurso y la recuperación será mínima. ¿Quien va a pagar el alto costo de las obras para la mitigación del daño ambiental ? ¿Deberá ser pagado por el pueblo de Jalisco por una tropelía de unos empresarios voraces en complicidad con servidores públicos corruptos? Es injusto y no se debe permitir.

Luego hablan de una tontería de que se va a emitir un decreto de protección ambiental entonces todo lo demás no pueden construir pero ellos sí. Quiere decir que el valor que va a tener, la plusvalía de unos departamentos van a ofertar un edén, en medio de un área protegida donde no habrá nadie más alrededor. Son absurdos que están cometiendo y que quieren engañar con espejitos a la sociedad.

Solo se espera que no cambie la postura del alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, que si bien antes tenía otro pensamiento, hoy es de celebrar que está actuando como debe ser; no debe propiciar que se rompa el orden jurídico ni permitir que se concrete a fondo ese ecocidio y ese ultraje al pueblo de Jalisco.

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