Para la hora del café. Palabra vs palabra y chantaje vs chantaje

No hay al diferencia entre los actores del asunto MVS, sólo exhiben sus propias formas de ejercer el poder.

En medio del escándalo que desató la decisión del gobierno federal de “rescatar” la banda ancha de 2.5 gigahertz del espectro radioeléctrico, que significa el retiro de las concesiones a la empresa MVS-Televisión, propiedad del empresario Joaquín Vargas, surge la versión difundida por este, de que la decisión asumida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es una represalia por la recontratación de la periodista Carmen Aristegui Flores y la línea editorial de su programa MVS Noticias.

Suena creíble, más cuando en el 2011 la comunicadora fue sacada del aire, bajo el pretexto de haber violado el código de ética de MVS al no haber aceptado brindar una disculpa pública a la presidencia de la República, por haber cuestionado en su noticiero, si acaso eran ciertos o falsos los rumores de que el presidente Felipe Calderón tenia problemas con el alcohol, si acaso era alcohólico, si o no.

Joaquín Vargas afirma haber recibido amenazas del titular de la SCT Dionisio Pérez-Jácome y del ex-secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, ahora senador electo del PAN, de quien dice, textualmente le indicó que si recontrataba a la periodista, a su proyecto se lo llevaba la chingada.

Insisto, el asunto es creíble, quien no tiene tanta credibilidad es el mismo Joaquín Vargas, a quien los aludidos, acusan de ser él quien chantajeó al gobierno ofreciendo a la periodista como “moneda de cambio” para que no le quitaran las concesiones, sin que él tuviera que pagar los dos mil millones de dólares que supuestamente valen y de los que él ofreció cubrir solo el 0.38% según la dependencia.

Hay razones de sobra para creer que los funcionarios son represores, pero también para suponer que a MVS le interesa más conservar el negocio, que la suerte que pueda tener Carmen Aristegui y el respeto a la Libertad de Expresión, que para ellos es la oportunidad de ganar miles de millones de pesos utilizando un bien público como lo es el espacio aéreo y que en esta ocasión bien les sirve como bandera para decirse perseguidos del gobierno de Felipe Calderón, de quien hay que reconocer que ha tenido errores, quizás muchos, pero que no cayó en la tentación de perseguir periodistas y menos lo va a hacer en el ocaso del sexenio.

Cierto que el PAN aprendió rápido del priismo a ejercer coerción en contra de periodistas, pero el caso del retiro unilateral de la banda ancha, suena a chantaje por ambos lados y se vuelve la palabra de uno contra la de los otros, tan dudosa la de él como la de ellos; tan sospechosos los intereses de quien quiere utilizar una concesión sin pagar por esta, como los de quienes se la quieren retirar para favorecer a un monopolio siniestro y perverso como lo que persigue.

Pero en este pleito de la Banda Ancha y la Banda Presidencial, sin duda alguna MVS tiene derecho a pelear por su concesión y si en realidad se trata de un represalia gubernamental, la solidaridad del gremio debe estar con Joaquín Vargas y Carmen Aristegui, pero antes, debe la empresa televisiva pagar por utilizar los 2.5Mg, quizás no una cantidad estratosférica como la que pretende la SCT sin siquiera saber si lo fijado se justifica o no.

El asunto que muchos citan como la palabra de MVS contra la palabra de la Presidencia, en realidad parece ser chantaje contra chantaje, al menos así se ve.

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