Actualmente se vive de una economía virtual, con falta de circulante y con puros plásticos en los bolsillos, también, es muy cierto que la tecnología nos obliga a depender de aparatos electrónicos y que la mano de obra es sustituida por la tecnología.

Sin embargo, hay personas que han sabido utilizar la tecnología a su favor, ya que crean grandes compañías en pequeñas oficinas o incluso en edificios abandonados, mismas que facturan millones de pesos y, otras más, lo que hacen es comprar facturas para poder desviar recursos.

En México hay más de 600 mil empresas que podrían estar ofreciendo el servicio de compra-venta de facturas, según el Sistema de Administración Tributaria se dieron cuenta de que habría más de 13 mil personas que son socios o accionistas de estas empresas fantasmas, que en su mayoría son comercializadoras, prestadoras de servicios, empresas de comunicación y equipos de futbol entre otros y, por supuesto, se dieron cuenta en el SAT porque no pagan impuestos, varias de estas compañías están facturando hasta 2 billones de pesos anualmente, de los cuales omiten pagar el 30% de impuestos y, esto presuntamente, ha obligado a Hacienda a ponerse las pilas.

Es tan fuerte la corrupción en nuestro país que muchos de los socios y beneficiados por estas transacciones millonarias son personas de la administración pública, es más, detectaron que utilizan datos de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que ya están muertos y, para colmo, estos empleados simultáneamente están en 27 empresas, significando esto que los patrones utilizan una base de datos de personas fallecidas para generar saldos o aplicaciones fiscales para así retener y no enterar al fisco.

Pero el fisco solamente ha invitado a corregir su situación fiscal de manera voluntaria y evitar así que se sujeten a proceso por la posible comisión de un delito, entonces qué pasa, detectan irregularidades pero no multan, si una contribuyente por ejemplo, un prestador de servicios profesionales dejara de pagar sus impuestos que no ascienden a más 5 mil pesos, Hacienda lo multaría y le haría pasar un terrible momento, pero si una empresa ya detectada omite pagar más de 161 millones de pesos (correspondientes al ISR de cinco ejercicios fiscales) solamente la invitan a hacerlo.

En México el padrón de contribuyentes activos es de un millón 943 mil y el 30% de éstos son empresas que simulan operaciones. Las prácticas de Outsourcing cada vez son más frecuentes hasta en las administraciones de los actuales gobernadores y gobierno federal. 

A través de este esquema de trabajo muchas empresas fantasmas trabajan, por ejemplo, en 2015 el SAT había detectado 512 empresas de outsourcing que ofrecieron servicios indebidos y que sus operaciones tuvieron un valor de 198 mil millones de pesos y casi 30 mil clientes. Estas empresas habían evadido, con ello, 80 mil millones de pesos en impuestos, afectando a 230 mil empleados.

Públicamente se ha apuntado que el Gobierno Federal ha utilizado empresas fantasmas para desviar más de 3 mil millones de pesos, esta cantidad solamente entre 2013 y 2014, señalando principalmente a Rosario Robles que se encontraba al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, Alfredo del Mazo al frente del Banco Nacional de Obras y Petróleos Mexicanos en la gestión de Emilio Lozoya.

Y este señalamiento no es el único, ya que las presuntas malas mañas de Rosario Robles las demostró también en Sedatu en donde se ha revelado que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano trianguló recursos dando contratos a otras dependencias públicas y éstas a su vez a empresas fantasmas con un desvío de más de mil 700 millones de pesos.

En fin, pareciera que desviar dinero en la administración pública es una práctica común y más cuando se hace a través de outsourcing, como varias dependencias de gobierno estatal de Oaxaca, en donde las nóminas de los trabajadores de confianza están bajo este esquema, el cual es legal en nuestro país, sin embargo, en todo el territorio hay una gran cantidad de empresas de outsourcing de nómina que no son legales, entonces habría que hacer buenas auditorías a la administración de Alejandro Murat para que se revisaran estos manejos.

@fuaper