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Outsourcing . ¡Es lo fiscal, estúpidos!

Desde 2013 el SAT ha expedido esquemas para combatir la subcontratación ilegalInternet

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) está cometiendo uno de los errores más graves del sexenio en materia de política económica, al omitir de forma deliberada el análisis del outsourcing en México en la discusión de las reformas en materia laboral que se están llevando en el Senado, dejando de aplicar una política pública de integración fiscal – laboral y los métodos de homologación sobre leyes vigentes.

Antecedente.

El debate se suscitó cuando se presentó en el Senado una iniciativa firmada por dos líderes sindicales en donde incluía, además de las leyes secundarias de justicia laboral, un apartado relativo a la subcontratación, mejor conocida como outsourcing. Lo primero que saltó a la vista fue la redacción proveniente de una fuente obrera, supuestamente defensora de los derechos laborales, y aclaro que saltó a la vista pero tampoco generó una gran sorpresa, en realidad estamos hablando de centrales obreras que manejan sindicatos blancos de protección para empresas (cobran cuotas sindicales por mantener a los obreros pasivos y permitir la violación de sus derechos laborales).

Surgieron voces en todos los medios, sobre todo académicos, que hicieron ver la atrocidad de la redacción en la propuesta de reforma, por lo que tuvo que salir la STPS a señalar primero, que se revisaría, después, que ya no formaría parte de la discusión en las leyes secundarias. Y allí se paró el asunto, sin moverse del eje de discusión (la reforma del senado) el tema de la subcontratación no salió a formar parte del debate, sólo se dedicaron a callar tanto la propuesta como la crítica, pero se dejó de lado el análisis.

Por otra parte, las autoridades hacendarias, tanto el SAT, IMSS e INFONAVIT, han manifestado de manera alarmante que la utilización de esta figura de forma ilegal ha generado desfalcos fiscales cada año del orden de los 200,000 millones de pesos, entre impuestos y cotizaciones que se dejan de pagar al erario. Si además tomamos en cuenta que actualmente un cuarto del total de los trabajadores formales del país labora bajo este régimen (5 millones), es fundamental para las finanzas públicas, la economía nacional y las políticas fiscales y de seguridad social.

Desde 2013 el SAT ha expedido esquemas para combatir la subcontratación ilegal, tanto por las operaciones inexistentes y venta de facturas, como incluso cambiar las reglas para la acreditación del IVA para las empresas que implementan subcontratación. La última adecuación se realizó para los CFDI, los recibos de nómina, en donde establece incluir datos fiscales en los recibos de ambas empresas, contratante y contratista, a efecto de que se acredite la existencia de esta obligación. El Seguro Social e INFONAVIT, también cambiaron su ley para imponer obligaciones extras, a las señaladas en la Ley Federal, para tratar de impedir la simulación en el pago de las obligaciones de seguridad social a más empresas que usar y prestan subcontratación.

¡Es lo fiscal, estúpidos! Frase que tomamos en analogía de James Carville, para señalar que lo económico es lo importante, pues es sin duda el tema central de una discusión de esta envergadura como lo es una reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Conclusión.

Al colocarse dentro del eje de la propuesta de los senadores y no salir de allí en el tema del outsourcing, la STPS está omitiendo – pero más bien lo está evadiendo, tapando y solapando -, el problema central que implica la subcontratación en México. Si la figura jurídica ha demostrado en los últimos 10 años ser un foco de evasión fiscal, generando grandes pérdidas millonarias al erario y delitos penales fiscales, es absurdo que la autoridad laboral solamente diga que se saca de la discusión el tema, en lugar de afrontar el problema. De qué sirve que las autoridades fiscales del SAT, IMSS e INFONAVIT estén por su lado luchando por regular y formalizar la figurara de subcontratación si no existe una política integral del Estado que vele por los intereses de la Nación, a efecto de evitar más daño a los ingresos del país. Lo que debe hacer la STPS es muy simple, debe incorporar las disposiciones tributarias que ya existen en materia fiscal, las obligaciones que tienen los patrones y empresas que utilizan esta figura, tanto en la documentación como en su acreditamiento en la Ley Federal del Trabajo; reconocer expresamente la obligación de los documentos fiscales como documentales públicas e imponer cargas de la prueba en los juicios laborales de los mismos de forma expresa; realizar un ejercicio de homologación legal que armonice todo el sistema de regulación de la figura tanto fiscal como laboralmente, en lugar de salir alegremente a decir que estemos tranquilos, que el tema mejor no se toca y se saca de la discusión. La STPS es responsable por omisión del daño patrimonial que sufre el país al no realizar las adecuaciones a la Ley Laboral. En un país de rendición de cuentas esto debería ameritar una sanción implacable.

** Abogado postulante. Maestro en Derecho por la UNAM. Socio de www.landeroasociados.com