Una cuestión fundamental de orden metodológico dentro del análisis socio-político es el equívoco de concebir a las organizaciones institucionales inmersas en dicho mundo, como bloques compactos, uniformes y absolutamente cerrados, aunque esa sea su estructura real-formal, su operación, su funcionalidad sustantiva y sus procesos jerárquico-decisionales, no obstante, en coyunturas de crisis severa, las contradicciones sociales de diverso tipo no respetan esta condición y se cuelan y expresan de múltiples formas. Fue el caso del ejército en octubre de 1968.

El ejército mexicano tiene peculiaridades históricas que le diferencian de otros ejércitos, por ejemplo, latinoamericanos. Este surgió de una revolución social popular, aunque esa revolución la haya ganado una de las facciones más conservadoras del proceso político, quien refundó el Estado mexicano, el pacto social, los acuerdos políticos y la organización militar. Los militares triunfadores construyeron las bases sustanciales del México del siglo XX, incluyendo la clara diferenciación entre el sistema político institucional y constitucional formal, y el régimen político real, presidencialista despótico (meta constitucional), corporativista en lo social-organizativo, con un partido de Estado al frente, y dueño absoluto del proceso de sucesión en el poder del Estado, que hacia el final de los años 40, pacta la subordinación total al poder civil a cambio de una serie de garantías y ventajas institucionales de carácter permanente (fuero de guerra, protección desde el poder civil, ser “la institución de instituciones”). Incluso, la doctrina de seguridad nacional en México, se interpretó a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, como seguridad del régimen en turno, y el ejército mexicano tenía el rol central en ello ante cualquier amenaza, desde “las fuerzas reaccionarias internas” y las amenazas externas contra “el régimen de la revolución”. En cada episodio de disidencia política localizada (armada) o masiva que el presidencialismo autoritario, corporativista y centralizado no podía contener, las fuerzas armadas intervenían como el mecanismo de “última instancia” de la seguridad del régimen político mexicano.

Hasta el 7 de diciembre de 1964 en que figura por última vez en la presidencia del partido de Estado (PRI) un militar, transcurren 35 años y ocupan la presidencia 19 líderes. En todo ese tiempo 11 líderes partidistas de los 19, tienen antecedentes castrenses y entre todos ellos suman 25 años en los que el partido estuvo bajo el mando de militares, contra 10 en que sus dirigentes fueron civiles. Además, la continuidad de generales del ejército ocupando la presidencia del partido durante 18 años va de 1946 a 1964, hasta que finalmente la abandonan para no volver, pero se mantienen en cargos políticos: gubernaturas, secretarías, y otros.

(http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/05/habg.htm)

La doctrina militar creada por el general Luis Alamillo Flores nada tenía que ver, dado su enfoque nacionalista, institucional, pacifista y de concentración interna, con el propio enfoque de contrainsurgencia dentro de la guerra fría que expandió por el mundo la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado de los gobiernos de EUA durante los años 50-80, mediante sus propios mecanismos diplomáticos, bilaterales y multilaterales en la región, como el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), la Organización de Estados Americanos, pero especialmente de manera directa, mediante lo que se llamó “Escuela de las Américas” (West Point), a cargo de los “boinas verdes”, de entrenamiento técnico-militar y de adoctrinamiento político-ideológico para el combate contra el “enemigo interno al servicio de una potencia extranjera”: los países del socialismo. Los gobiernos “de la revolución” se alinearon estratégicamente en el bando occidental con EUA al frente en la guerra fría y asumieron el enfoque de contrainsurgencia, lo que obviamente negaba la doctrina militar del general Alamillo Flores, porque el curso posterior que tomaron dichos regímenes (de 1946 en adelante) tenían puntos ideológico-políticos coincidentes y relevantes con la doctrina hemisférica de los EUA en la guerra fría: autoritarismo extremo hacia la disidencia política interna, rechazo a doctrinas políticas “ajenas”, control social para el monopolio político por parte de la fuerza al frente del Estado. Con todos estos antecedentes, veamos:

Está documentado, que el 19 de mayo de 1968 aparece una nota periodística dada a conocer en México por la agencia de noticias Asociated Press, firmada por el corresponsal Ben F. Meyer, cuya cabeza decía “Descubren conjura aquí”, en la cual, se citaban declaraciones del jefe del FBI, Edgar Hoover, en el sentido de que el “Partido Comunista de México” estaba “acumulando armas y municiones en preparación de una revolución” en México, con el apoyo de Cuba, China y la URSS, sólo dos meses antes del inicio del movimiento estudiantil. Otra cabeza de primeras columnas titulaba “Huele el FBI grave Amenaza Contra EUA” a manos de “los agitadores comunistas”, un plan de represión que se echa a andar a partir del gobierno del D.F. que encabezaba el general Alfonso Corona del Rosal. La operación avanza a partir de la Dirección General de Servicios Especiales, al mando real (no formal-administrativo) del coronel Manuel Díaz Escobar, la dirección más grande del entonces Departamento del Distrito Federal, con 14,000 personas en la nómina, quien se coordinaba hacia el ejército con el general brigadier Mario Ballesteros Prieto. Ambos, habían coincidido en la embajada de México en los EUA, y asistido representando a México en 1962 en una reunión oficial de la Junta Interamericana de Defensa (JIAD). Díaz Escobar, había tenido estudios y luego entrenamiento al seno del ejército de los EUA (1943). Posteriormente, comandará el grupo de “los Halcones” (entrenados en EUA).

En otra reciente versión cuya fuente son documentos desclasificados de la inteligencia militar de EUA (cinco documentos desclasificados a solicitud de la organización civil National Security Archive, NSA) en los cuales se hace una valoración de los hechos del 2 de octubre de 1968, y se concluye que fue la indisciplina, la desobediencia de dos generales, Luis Gutiérrez Oropeza (entonces, Jefe del Estado Mayor Presidencial) y Mario Ballesteros Prieto (entonces, Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional) quienes no acataron las órdenes del secretario de la defensa nacional, general Marcelino García Barragán, y organizaron y ordenaron la matanza de estudiantes y personas en general. En su parte nodal, uno de los cinco documentos elaborados como reportes (desde la óptica política de EUA) indica que la desobediencia consistió en lo central en que la orden del general García Barragán en el sentido de que No se usara en la vigilancia a la concentración estudiantil de la plaza de las Tres Culturas, al batallón de Fusileros Paracaidistas, que participó luego en los tiroteos desatados en el lugar citado, además, de que dieron contra-órdenes e hicieron designaciones en distintos puestos sin el consentimiento del citado General Secretario de la Defensa, quien había diseñado el Plan Galeana para terminar con el movimiento apresando a los líderes “sin balazos”. Dicho plan consistía en: una maniobra militar envolvente según la cual, miles de soldados dispersarían a los asistentes; despliegue de un destacamento especial de 110 miembros y del Batallón Olimpia, cuya misión era detener a los líderes; alertar a los destacamentos militares en todo el país para contener cualquier protesta por el operativo (Aguayo, 2018). Si esto fue así, la orden de disparar no está presente. Allí es en donde la división de los militares y mandos del ejército mexicano están divididos y confrontados, sin que dicha confrontación se hubiera desbordado, Díaz Ordaz mantenía el control, pero todo indica, que preparó un plan alternativo al Plan Galeana, con el uso de los francotiradores del Estado Mayor Presidencial, lo que anuló las directrices de García Barragán.

El general Crisóforo Mazón Pineda siendo las 14:00 horas del 2 de octubre, se reunió con los oficiales al mando de la Brigada de Infantería reforzada, a quienes les dio las siguientes órdenes precisas: impedir que los concurrentes al mitin se trasladen al Casco de Santo Tomás; desalojar a los asistentes a la concentración y aislar el área una vez despejada; y detener y entregar a la policía preventiva del D.F. a los “elementos subversivos” y responder en caso de ser atacados” (Ídem). Nuevamente, no hay orden de disparar. Todo, con la finalidad de “aprehender a los cabecillas del movimiento sin muertos ni heridos”. De los francotiradores apostados  en tres departamentos vacíos del edificio Chihuahua, más otros lugares estratégicos, estaban enterados el propio Díaz Ordaz, su Jefe del Estado Mayor general Luis Gutiérrez Oropeza, y el jefe de la CIA en México Winston Scott, compadre de López Mateos, y el segundo hombre más poderoso en México. El Plan B que era realmente el Plan Díaz Ordaz, dejó sin el mando real de la operación al secretario de la Defensa Nacional general Marcelino García Barragán. Los francotiradores fueron los “sembradores del caos”, como lo habían hecho en la plaza principal de Chilpancingo, Guerrero en 1960 y en la plaza de Armas en San Luis Potosí (1961), en donde se había ya ensayado esta estrategia.(Aguayo, 2018) 

En su Testamento Político, el general Marcelino García Barragán establece la visita de agentes de la CIA y de diplomáticos de la Embajada Americana en México, en la cual le proponen dar un golpe de Estado con todo el apoyo estadounidense, oferta que rechazó. Y culpa de la masacre a los oficiales al mando del general Luis Gutiérrez Oropeza, quien le confirmó a García Barragán –según el dicho de éste- que los envió por “orden superior para apoyar al ejército”.

Ferguson Dempster, el jefe de los espías británicos en Ciudad de México declaró que: “Los líderes mexicanos apreciaban el reporte diario de “enemigos de la nación” que Win (así le decían al Jefe del a CIA en México, JRY) entregaba a Díaz Ordaz. Agee dijo que ‘el resumen diario de inteligencia’ incluía secciones sobre actividades de organizaciones revolucionarias mexicanas, que ayudaron a las fuerzas de seguridad mexicanas planeando redadas, arrestos y otras acciones represivas”. Más abajo se lee: “Para mediados de los años sesenta, Win era en efecto, el segundo hombre más poderoso en México, apenas superado por Díaz Ordaz”. Hubo siempre en él, la convicción de que Díaz Ordaz haría lo que él le pidiera: “Win aseguró a sus superiores que el nuevo presidente mexicano actuaría en la mayoría de los casos como se le solicitara”. (Morley, Jefferson: “Nuestro Hombre en México, Winston Scott. Y la historia oculta de la CIA”, Editorial Taurus, 2011, pp. 344-345).  

Es de sobra conocido lo que decidieron entre ambos y ejecutó Díaz Ordaz.