“Eliminar los privilegios para los políticos como núcleo de estrategia para combatir la corrupción y la impunidad”, propone Jose Antonio Meade.

Sin duda alguna, el espíritu de la corrupción en la política es la impunidad, por eso es importante eliminar el fuero sujetando a la ley el poder político.

Nadie con fuero: el candidato de la coalición Juntos por México expresó: “Todos iguales ante la ley y la ley por encima de todos”

El Dr. Meade propone abolir toda forma de fuero o privilegio para todos aquellos que lo detentan, incluyendo al Presidente de la República y legisladores. Moralizar el poder público siendo ejemplo como el primer presidente de la república sin fuero.

Pero, ¿qué es el fuero?

Fuero, del latín fórum: espacio abierto, predio sin edificar.

El fuero era entendido en la edad media como un conjunto de leyes o derechos y privilegios que entregaba el rey a territorios y ciudades, también a sus súbditos para que éstos se organizaran social y económicamente. Inclusive el señor feudal otorgaba fuero a sus vasallos. Cito un ejemplo:

En la búsqueda por el control de la península Ibérica: por casi veinte años el caudillo musulmán Almanzor atacó las tierras del reino de León, fomentando la división interna y castigando a las principales ciudades y monasterios. Esto propició que muchos leoneses, junto con el rey, huyeran hacia las montañas del norte.

Con el propósito de proteger a su reino y a sus súbditos: hace poco más de un milenio, Alfonso V, rey de ese reino devastado, casi derrotado, reunió en su catedral a una asamblea, presidida por él mismo y la reina Elvira y formada por los grandes del reino, para dictar, en el año 1017, un código legal con 48 preceptos que ayudara a la reconstrucción y reorganización del mismo, impulsando la vida económica y repoblando el territorio; dando protección y obligaciones al pueblo e instituciones. Esta serie de disposiciones se le llamó, el fuero de león.

Este fuero, se caracterizó por contener las primeras leyes territoriales de la España medieval. Se dio a conocer en una asamblea o Concilium extraordinario celebrado en León el 30 de julio de 1017, ratificado, modificado y ampliado en la curia regia celebrada en León en la iglesia de Santa María de Regla el 1 de agosto de 1020.

La otra cara del fuero, que en algunos países se le llama inmunidad judicial. Esta tiene su origen en el Reino Unido con la formación del gobierno parlamentario. A raíz de la creación de la Carta de Derechos de 1689, los parlamentarios británicos han gozado de lo que ellos han conocido como privilegio parlamentario, el cual los protege de la persecución política por expresar sus opiniones mientras son miembros del Parlamento.

El fuero es una figura que fue contemplada por primera vez en la Constitución de Cádiz de 1812 y desde entonces mantiene vigencia. Históricamente, el fuero en el ámbito legislativo se ha justificado, en el texto constitucional, a partir de la necesidad de proteger la función pública que desempeñan los legisladores, es decir, evitar que, con una acusación sin fundamentos, se impida el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de un diputado o senador, o se altere el funcionamiento normal de los órganos parlamentarios.

México al surgir como nación desde la Nueva España acogió la estructura política de España que incluía el fuero parlamentario para los políticos, empezando por los representantes de la corona como el propio Virrey,

En 1824 nació la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, y en ella integró el fuero como facultad del Poder Legislativo. Se determinó la inviolabilidad de las opiniones vertidas por los diputados durante su encargo, estableciendo que éstos, jamás podrían ser reconvenidos por las mismas, ni ser reprimidos por algún otro poder, pero con el paso del tiempo se decidió denominarlo constitucionalmente como inmunidad procesal.

“La razón primordial por la que se ha mantenido el fuero en las distintas constituciones de México es que los congresos nacionales estuvieron por mucho tiempo sujetos a las amenazas y presiones del Poder Ejecutivo y su gabinete, sobre todo en épocas de inestabilidad política como la etapa que siguió a la consumación de la Independencia nacional y el periodo posterior a la Revolución de 1910”.

Se considera que actualmente el fuero constitucional opera bajo dos matices:

a). Como inmunidad: es el privilegio o prerrogativa que entraña que quien lo goza, jamás estará sujeto a la acción de la justicia con respecto a cierta actividad que realiza o ejercicio del cargo que detenta. Este tipo de fuero lo gozan los diputados y senadores, toda vez que el art. 61 de la Constitución establece que serán inviolables por sus opiniones. Ni siquiera después de haberse separado del cargo podrán ser perseguidos por la justicia con base a un acto realizado en el estricto ejercicio del cargo que detentaban.

b). Como fuero de no procesabilidad ante las autoridades   judiciales: el que permite al funcionario no estar sujeto a la potestad jurisdiccional ordinaria, mientras no se promueva y resuelva el juicio de procedencia, señalado en el art. 111 Constitucional. Es decir: estos funcionarios si son responsables por los delitos comunes que cometan durante el desempeño de su cargo, solo que no se puede proceder contra de ellos, en tanto no se les despoje del fuero que gozan, mismo que también termina cuando el funcionario se separa del cargo.

Con el tiempo, el fuero se consolidó en un estatus jurídico de protección que admite que sus portadores no sean sujetos a procesos judiciales, este se extendió al presidente de la República, a gobernadores y muchos más. En la práctica se ha transformado en sinónimo de impunidad que permite que la justicia no actúe de manera inmediata contra algún funcionario. Actualmente ya no es una forma eficiente para proteger a los servidores públicos frente a la persecución política y la represión autoritaria.

Quizá tratar de eliminar por completo el fuero sería no razonar la significación de garantizar la independencia que deben tener senadores y diputados del poder ejecutivo; pero en los hechos, al haberlo ampliado a los otros poderes, hoy es una figura obsoleta; su aplicación parece ya no tiene razón de ser; se percibe que fue creada expresamente para que se sintieran con permiso de cometer delitos.

Resultado de un desorden histórico de los términos jurídicos, en México el fuero se convirtió en sinónimo de privilegio que hoy gozan mil 854 servidores públicos, desde el presidente de la República hasta diputados locales. En la justicia mexicana, la impunidad, es un privilegio propiciado por la inmunidad procesal.

Es preciso considerar que:

En un país donde la corrupción abunda, el fuero se ha convertido en un problema latente, fomentado como un símbolo que da pie a la corrupción, a la prepotencia y a la impunidad.

“Si se calcula que la corrupción cuesta al país unos 347,000 millones de pesos anuales, según las últimas cifras de la organización Transparencia Internacional, y ese costo representa el 10% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a la Organización de Estados Americanos y Transparencia Internacional, que son cinco veces más que el promedio internacional”.

Son tantos años que existe el fuero y los juicios de procedencia y tanta la corrupción en donde se ven involucrados personajes políticos con fuero, para que tan solo haya nueve casos sancionados y de éstos la mayoría han sido venganzas políticas.

Esto es síntoma de no funciona, porque siempre está de por medio una negociación, o porque no ha habido voluntad política.

Al día de hoy si uno de los mil 854 funcionarios con fuero comete algún delito penal, no procede ningún juicio en su contra hasta en tanto la Cámara de Diputados no realice el juicio de procedencia para su desafuero, y esto lo hacen, solo cuando lo quieren “chingar.”

La propuesta del candidato de la coalición Todos por México, Jose Antonio Meade será: Modificar la Carta Magna, y supongo, que la reforma sea homologada en los estados, para que todo servidor público, al igual que cualquier ciudadano, pueda ser sujeto de un proceso penal, sin necesidad de vivir previamente un desafuero.

Que la inmunidad no siga siendo impunidad y que todo aquel servidor público protegido por el artículo 111 de la Constitución, ya no goce de fuero, que si comete algún delito y sea denunciado tenga que comparecer como cualquier ciudadano ante las autoridades, no obstante, sigan permaneciendo en calidad de servidor público.

La idea de Meade es: que al eliminar la inmunidad que tienen los funcionarios públicos para enjuiciarlos, mejorará sin duda alguna el cumplimiento de las tareas que se les tiene encomendadas. Creo que es buena propuesta, ya que el fuero se ha convertido en un refugio de delincuentes perseguidos por la ley.

Lo que comenzó como un mecanismo para dotar de libertad de expresión a los legisladores, terminó  como una  patente de impunidad. Hoy, los mismos legisladores le dan la vuelta, le cambian el nombre de fuero a inmunidad constitucional pero, en el fondo, siguen preservando la impunidad.

Sería muy importante también, que aparte de proponer la eliminación del fuero, se establezca como ley para todos aquellos que aspiran a puestos de elección y a otros cargos públicos: la prueba del polígrafo y el examen de control de confianza.

Recuerda: hay un viejo grafiti que sentencia: “No es la política la que hace a un candidato convertirse en un ladrón; es tu voto el que hace a un ladrón convertirse en político”.