En Monterrey, donde se concentra la crema y nata del empresariado mexicano, el presidente López Obrador estableció la necesidad de que el sector privado se replantee para que su objetivo sea el del beneficio social y para ello tiene que generar utilidades racionales.
No es la primera vez que esta idea aparece en sus discursos, aunque ahora se presentó abiertamente como un planteamiento voluntarista del gobierno.
Es difícil que con la simpleza de ese tipo de llamados se promueva armonía y pueda modificar el desplome de más de 14 por ciento de la tasa acumulada de la inversión privada o se inauguren condiciones para promover el empleo y el decaído consumo interno, cuando persisten condiciones generales de alto riesgo que influyeron para que la economía nacional dejara de crecer el año pasado.
Tampoco existe una estructura de incentivos de largo plazo, basada en un esquema de respeto absoluto al estado de derecho que garantice certidumbre y favorezca el bienestar social.
La estabilidad macroeconómica prevaleciente no es la única condición para el desarrollo, se requieren diversas reformas estructurales que modernicen y establezcan incentivos en los rubros fiscal, industrial y agropecuario, no solo para aprovechar los convenios internacionales sino para generar las oportunidades productivas que permitan incorporar al mercado formal al número más amplio de la población.
Hasta ahora, no hay elementos que permitan considerar la existencia de un plan integral de desarrollo que contemple la estructura básica de la economía que esté acompañada de una estructura confiable de seguridad pública ni de certidumbre jurídica que, a su vez, mina la estructura democrática del país.
En este sentido, la voluntad del mandatario tiende a colocarse por encima de cualquier consideración analítica y racional y, generalmente sobre ideas emocionales o intuitivas, supone que su voz es suficiente para alcanzar lo que expresa.
Aunque sería deseable que las ganancias en cualquier negocio fueran razonables. Eso es, cuando menos, ingenuo, por no decir fantasioso, irracional e ignorante de la economía. Más, cuando la mexicana está sometida a fuertes riesgos, principalmente por la inseguridad y que mantienen encendidas las luces de alerta internas y externas.
El valor de las utilidades no es un tema simple, como se ha considerado. Depende del nivel de riesgo al que están sometidos los mercados, los recursos financieros, los capitalistas, las empresas y los trabajadores.
De ahí que hablar de ganancias razonables es una idea, cuando menos, inacabada dentro del discurso político gubernamental porque, en una economía como la nuestra, los empresarios buscan maximizar sus ganancias mediante el óptimo aprovechamiento de los factores y de los recursos productivos en un ambiente de certidumbre jurídica y seguridad; de otra manera, la ecuación es diferente.
Inclusive, en materia política, los fenómenos sociales se dilucidan sobre los principios de la economía, en donde la inseguridad y la incertidumbre del entorno encarecen los recursos.
Todos los individuos preferimos lo bueno y rechazamos lo que nos produce algún mal. Esa racionalidad, aunada a la experiencia acumulada, nos coloca en la ruta de optimizar y buscar mejorar las condiciones que favorezcan el bienestar y eso es lo que da sentido a los mercados.
De ahí que resulta irracional hablar de moderar ganancias, cuando es claro el desconocimiento de la operación básica de la economía; a menos que el voluntarismo del gobernante tenga objetivos políticos diferentes a la racionalidad establecida en el marco constitucional.
@lusacevedop