Hace tiempo leí en un diario español una nota relacionada con una celebración histórica de Polonia en la que se hablaba de ese país como una sociedad dividida, con una oposición débil y un gobierno fuerte, elementos que resultan similares a los del México actual.

El tema central de aquella información era la exigencia popular por recobrar la seguridad y certidumbre mediante la estricta aplicación de la ley como principio esencial para garantizar la justicia.

Polonia tenía, entonces, pocos años de haberse desvinculado del régimen socialista que no pudo desapegarla de su religiosidad y conservadurismo que chocaba con un novedoso esquema democrático y de libertades que haría cambiar su estructura política, pero sobre todo económica porque, como nuevo participante en la Unión Europea, debería mostrar un cambio radical con su pasado marcado por la corrupción.

Como México, la sociedad le puso freno a varias décadas de abusos, impunidad y corrupción que perfilaron un clima de inseguridad y desasosiego crecientes.

Allá, igual que aquí, se planteó enfrentar el crecimiento de la delincuencia y la informalidad, que son entre otros, combustible para la corrupción y la inseguridad, no solamente con el reforzamiento de las fuerzas policiacas, sino con una reforma estructural del aparato de justicia.

El legislativo polaco, pero sobre todo la influencia de un gobierno de tendencias autoritarias, influyó para conducir el cambio judicial en favor de su beneficio, lo que condujo a imponer jueces y magistrados, jubilar a los más competentes pero contrarios a la aplicación de la ley y se crearon dos Cortes, como parte del cambio en materia de justicia.

A lo largo del tiempo el panorama se oscureció porque se afectaron derechos civiles y se establecieron diversos controles que lejos de traer seguridad generó inquietud y no logró resolver los problemas nacionales.

El cambio de régimen mexicano es momento oportuno para revisar lo que no funcionó, de lo cual el tema de la justicia juega un papel primordial, especialmente cuando se pretende un Estado de Derecho, entendido como un modelo en el que sociedad y gobierno estén sujetos por igual a códigos y leyes contenidas en la Constitución como base para la impartición de justicia.

No más, pero no menos.

Generalmente, cuando la visión o la cultura de los tomadores de decisiones es miope, se busca crear un Estado de Leyes, que tiende a dar soporte jurídico a las dictaduras o a los regímenes autoritarios.

La oportunidad es crucial para el nuevo régimen. Un gobierno progresista, más que liberal, lo obligaría en primer lugar hacer valer las leyes para proteger derechos esenciales como la vida, la propiedad, la libertad y castigar a los que las violen.

Ahí radica la justicia y la seguridad.

@lusacevedop