Hace unas semanas, en este mismo espacio de opinión, se expresó que se veía con “buenos ojos” la reunión que sostendría el presidente con todos los gobernadores de la República el pasado 19 de agosto.

Ahora, a menos de un mes de dicho encuentro y como tema de actualidad, se habla de la separación de casi una tercera parte de los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), y es que el pasado 7 de septiembre los gobernadores de diez entidades anunciaron su salida de la Conago, se trata de los titulares del Ejecutivo de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nuevo León. Cabe destacar que los mencionados pertenecen a fuerzas políticas distintas al partido político del presidente de la República.

En este marco, no hace falta ser analista político para saber que la salida de los gobernadores aludidos de la Conago es una respuesta al trato que reciben sus gobiernos y entidades por parte del Ejecutivo federal.

Este acto puede significar para los “gobernadores separatistas” la apertura de una nueva dinámica de interacción con sus pares y con el Ejecutivo federal, sin tener que obedecer más frenos que aquellos que impone la Constitución federal en el artículo 117 y asumir todas las competencias que dicta el artículo 116 del mismo dispositivo supremo. Siempre con la finalidad de salvaguardar los intereses y conveniencias de la población que los escogió para representarlos.

El contexto de la separación sin duda atiende a que en el presente los gobernadores “aliancistas” conviven con un presidente de la República con mayor grado de influencia que el de sus antecesores, por lo menos desde el año de 1997, en virtud de que la fuerza política de donde proviene ejerce una influencia significativa, pues posee en la Cámara de de Diputados una mayoría que incluso es superior a la permitida constitucionalmente al inicio de cada legislatura. Además, en la Cámara de Senadores cuenta por sí solo con 61 representantes, pero con el apoyo de sus aliados puede sin problemas superar más de la mitad de los 128 senadores que conforman la llamada Cámara alta. Lo anterior, sumado al manejo de las políticas públicas, incluidas las económicas, convierten al Ejecutivo en turno en uno muy poderoso, al cual, desde luego, no deben de someterse los gobernadores aliancistas, pues de lo contrario ello implicaría continuar con el poder creciente en detrimento de voces plurales y del federalismo.

Uno de los argumentos que los gobernadores salientes expresaron para justificar su partida de la Conago, fue la inexistencia de fórmulas que permitieran la interacción efectiva de los hoy “separatistas” con el gobierno federal.

Al respecto, si bien nadie puede decir que es una mala idea contar con un órgano permanente de interlocución entre titulares de las entidades federativas con el Ejecutivo federal también es cierto que la partida de 10 gobernadores de los 32 que formaban parte de la Conago, por lo menos momentáneamente, se ha debilitado y refleja una ineficiente relación entre los ejecutivos locales de los estados salientes con el presidente.

En este orden de ideas, pareciera que la mejor carta que pueden llevar a cabo los gobernadores ajenos a la Conago es interactuar conjuntamente, pues ahora en esta sintonía cobra sentido la expresión “la unión hace la fuerza”, ya que en comunión, de acuerdo con datos del INEGI del año 2018, las 10 entidades federativas representaron el 32% del Producto Interno Bruto por entidad federativa, siendo Nuevo León y Jalisco dos de las 4 entidades más importantes para la aportación nacional en este rubro.

No obstante la unión que se comenta, seguro tendrá que hacer una pausa en los próximos meses derivado de las elecciones futuras que, como es natural, y salvo alianzas que se puedan dar, enfrentará a las fuerzas políticas de los gobernadores, cinco son del PAN, dos del PRI, uno del PRD, otro de Movimiento Ciudadano y uno independiente.

En cualquier caso, tanto el presidente como los salientes de la Conago y en general cualquier agente público o de influencia debe tener presente que el pueblo mexicano, así como las directrices políticas y jurídicas reconocidas en la Constitución, conciben a nuestro país como un Estado federal, democrático, que garantiza el derecho a la expresión libre de ideas, así como a la atención de las demandas respetando en todo instante los derechos humanos.

En este contexto, se desea que los gobiernos de las entidades federativas “separadas” y el Ejecutivo federal establezcan en el marco de sus competencias constitucionales un camino adecuado para llevar a México a buen puerto, pues en el presente los retos como el desastre de la pandemia, el decrecimiento económico, la inseguridad pública no son temas aislados ni de competencia exclusiva de un solo gobierno local.

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM