La política en tacones. La 4T y las mujeres

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Protesta de mujeresAndrea Murcia / Cuartoscuro

La marcha del 9 de marzo mostró que las mujeres llegaron al hartazgo tanto de la violencia como de tener un papel secundario

La relación de la administración de AMLO con las mujeres no ha sido precisamente tersa. En primer término no se atendió en forma especial el problema del incremento de los feminicidios. Ese expediente guardado de mala gana en los escritorios de todos los funcionarios que pudieron hacer algo por visibilizar que había interés en resolver este terrible cáncer que padecemos, se volvió exasperante para una sociedad que vio el arribo de un nuevo gobierno con un espíritu esperanzador.

No sólo eso, por primera vez ocupaba una mujer la Secretaría de Gobernación, un puesto clave para orientar las políticas públicas, porque, como se sabe, el papel resiste mucho y en los programas se pueden incluir muchas buenas intenciones redactadas como política pública, pero sólo la voluntad política empuja al cumplimiento de ciertos objetivos. La secretaria Olga Sánchez Cordero no ha tenido un desempeño que permita percibir un interés especial por la perspectiva de género, y si lo tiene su margen de acción se ha visto muy limitado.

La marcha del 8 de marzo y el paro de mujeres del día siguiente significaron un desencuentro con el gobierno. Una desafortunada mala interpretación del presidente hizo que tomara estas acciones legítimas de lucha como adversas a su gobierno.

Vino la pandemia mundial del Coronavirus y saltaron las necesidades económicas no sólo para atender esta emergencia, sino que la emergencia misma puso a la vista la necesidad de recubrir un edificio sanitario que mostraba grietas por todos lados. Desde la falta de insumos tan comunes como los cubrebocas, el equipamiento especial de las áreas de cuidado intensivo hasta la falta de personal. Lo mismo que la terrible paradoja de personal sanitario capacitado, pero desempleado cuando en el sistema de salud es siempre insuficiente.

La pandemia también sacó a flote un problema que se conocía pero se ignoraba su dimensión: la violencia contra las mujeres. La cuarentena, que mantenía juntas a familias donde cotidianamente hay violencia, hizo recrudecer el ambiente violento y en varias entidades los refugios para mujeres se saturaron. A pesar de que la urgencia de atender este problema se volvió un clamor grande y sólido, el presidente optó por minimizarlo.

Si bien la emergencia sanitaria puede explicar las necesidades económicas del gobierno, lo que, entre otras cosas, llevó a escudriñar el pago de impuestos en empresas que tuvieron trato privilegiado en gobiernos anteriores y que ha sido uno de los factores que ha desatado un movimiento en contra del gobierno, pero también a hacer ajustes en el presupuesto. Esos “ajustes”, como siempre, eso no ha cambiado, significan recortes. Se ha intentado recortar dinero para impulsar el cine, se quiso pasar la charola entre los investigadores del SIN y en otros rubros. Silenciosamente, porque las y los funcionarios a cargo seguramente no saldrán a reclamar, se ha reducido el presupuesto para los institutos de las mujeres.

Este ajuste, o reducción de presupuesto para ser más claros, se pretenderá respaldar en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el reporte frío de unas cifras que pueden estar en cuestión, la violencia contra las mujeres no representa, en apariencia, un problema que amerite destinar recursos. De acuerdo con este informe, de enero a mayo hubo un total de 746 mil 346 delitos, de los cuales 39,993 fueron contra mujeres. Estas cifras no hacen un estimado del subregistro y tampoco toman en cuenta los criterios arbitrarios para la tipificación de los delitos, que ocultan muchos delitos de violencia contra las mujeres. Por supuesto también obvian esa violencia cotidiana, ya inocultable, que parece guerra de baja intensidad.

En síntesis, el gobierno ofrece cifras que no concuerdan con el ambiente que refieren vivir miles de mujeres ni con la percepción social de la violencia contra nosotras. Reducir el presupuesto a los institutos de mujeres frenará acciones que estaban en marcha o significará un retroceso, pues hay que considerar que el trabajo que hacen muchos institutos y el de los colectivos ha servido precisamente para paliar esa ausencia de aplicación del presupuesto con perspectiva de género. Es decir, no destinar un presupuesto específico para las mujeres, sino aplicar los recursos a partir de reconocer en cada dependencia las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres que la costumbre ha ido generando por años. Tampoco ha habido insistencia en que esta directriz se aplique de manera especial.

La 4T está perdiendo de esta manera un aliado extraordinario, pues la irritación por lo que se percibe como un abandono hacia las mujeres, y en especial hacia las mujeres violentadas de diversas formas, no lo experimentan sólo las víctimas o sus familias, la marcha del 9 de marzo mostró que la población femenina ya llegó al hartazgo tanto de la violencia como de tener un papel secundario en muchos planos. Todavía pueden reconsiderar el gobierno federal, los estatales y los municipales el daño que impone la reducción presupuestal a las víctimas de violencia y el daño político que se hacen a sí mismos al ignorar los legítimos reclamos de las mujeres por ejercer con plenitud sus derechos.

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