Sin duda desde ahora, pero más evidente en el futuro, México enfrentará días, meses y años adversos, ya que los indicadores que tradicionalmente sirven como brújula para conocer la plenitud de un país, así como el entorno a través del cual sus habitantes satisfacen sus necesidades, nos advierten un mal pronóstico para el producto interno bruto, una tasa de desempleos elevada, el alto número de fallecidos por la COVID 19 que parece no detenerse; sin mencionar los retos en materia de seguridad y salud que tenemos que enfrentar. Por ello es bueno intentar reflexionar hacia dónde se deben “enfocar las baterías” para resentir en menor medida los estragos de esta pandemia y salir lo más pronto posible de la crisis en la cual nos ha sumergido.

En este sentido, todo factor productivo inicia con la aplicación del conocimiento y la administración pública no es la excepción, así, entre más gente capacitada tenga el Estado y, en general el país, todo debe ir mucho mejor. Los mexicanos y el gobierno debemos ser conscientes que el conocimiento no sólo es la aplicación de éste, es decir la técnica, sino que es imprescindible la generación de conocimiento, esto es, la ciencia pero para conseguir aquello, cada uno de sus habitantes, cada potencial profesionista debe tener garantizado el acceso a un sistema educativo de calidad, desde los niveles básicos hasta la educación superior.

El análisis que pretendo expresar es precisamente sobre éste último, el de la educación superior, el cual conforme a los datos del documento Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018-2019, realizado por la Secretaría de Educación Pública devela que la cobertura educativa en la educación superior en nuestro país es del 33.9, es decir, que entre los jóvenes de 18 y 23 años de edad, sólo una tercera parte ingresa a algún programa de educación superior, es decir más de la mitad de la población entre 18 y 23 años no se encuentra inscrito en ninguna institución de educación superior.

Lo anterior deja mucho que pensar en el entendido de la necesidad científica y profesional universitaria que todo país debe de tener, sin contar la dificultad que enfrentan las y los egresados de educación superior para obtener un empleo con las competencias que adquirieron.

No obstante el tema se vuelve más grave en la medida en la cual se descubre, conforme al mismo estudio, que en el pasado ciclo escolar se tuvo un porcentaje de deserción de 8.3 por ciento (porcentaje que por cierto, aumentó casi un punto porcentual en relación con el ciclo 2016-2017; y bajó sólo una décima porcentual en relación con el ciclo pasado 2017-2018) de este modo, las cifras más actualizadas nos arrojan que, por cada 100 alumnos inscritos al iniciar el ciclo escolar, poco más de siete de ellos abandonaron la universidad, en total; de la tercera parte de la población total mexicana entre 18 y 23 años (ese 33.9% del que hablábamos en párrafos anteriores) que se inscribe a un programa de educación superior, sólo dos terceras partes culminan su educación. En este orden de ideas, ese tercio de la población total al que se aludía, se hace más pequeño conforme revisamos las cifras; ya que al final, del 100% de jóvenes que se encuentran en ese lapso de edad, sólo el 25.6% termina la educación superior; porcentaje que debido a la pandemia puede disminuirse aún más, lo que debe ser preocupante para todos y, sobre todo, para las instituciones del Estado que deben garantizarla.

Ahora bien, estas cifras reflejan una realidad nacional desalentadora para la educación en México, pero ese porcentaje de deserción se aprecia diferente si se analiza por cada entidad federativa, siendo los tres más elevados, Baja California Sur con una tasa de abandono universitario del 14.8%, Sonora con 13.3% y Veracruz con 12.3% y los que representan menor desistimiento universitarios son Querétaro con 0.4%, Jalisco con 0.7% y Baja California con 1.5 %.

En este sentido, es evidente que el Estado mexicano no ha cumplido el deber constitucional de la obligatoriedad de la educación superior, ubicado en la fracción X del artículo 3 y sin duda creemos que ahora más que en otros instantes el país requiere de la inteligencia y la capacidad de sus jóvenes. La educación pública y de calidad es la única vía para cambiar, en muchas ocasiones, la realidad económica y social desalentadoras que vive a diario la juventud mexicana, de ahí la importancia de asegurar y proveer de herramientas y políticas públicas que garanticen un desarrollo integral y, sobre todo, que reflejen una mejora en la calidad de vida de quienes culminan la educación superior, pues las y los jóvenes serán quienes proveerán las mejores alternativas para asumir la toma de decisiones.

Por ello, este gobierno debe echar manos a la obra para que el derecho de acceso a la educación no sólo se quede plasmado en un papel, sino que verdaderamente se materialice y, de ser el caso, elaborar las políticas públicas necesarias tendientes a garantizar que todas las personas puedan acceder a la educación superior de calidad, por lo cual deberá proyectar un presupuesto fuerte para este rubro.

Yuri Pavón Romero

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

@lanavajadeockam