Juicio a los ex presidentes (I)

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Vicente Fox y Felipe CalderónArchivo

Lo que se pondría a debate y a consulta pública, es si se debe iniciar o no ese proceso legal (siguiendo el debido proceso hasta la resolución final del juez)

Si revisamos cómo es que está constituido legal y conceptualmente el asunto de la posible Consulta Popular vinculatoria para enjuiciar -o no- a los corruptos ex presidentes del pasado reciente (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña), podemos ver que la decisión definitiva de si son culpables o no, la tomaría un juez federal en los tribunales de justicia del país, desde luego no el gobierno del Presidente Andrés Manuel, ya que para eso hay una división constitucional de los 3 Poderes de la Unión.

Entonces, lo que sí se pondría a consulta es si el Gobierno de México, debe o no, abrir expedientes, iniciar una rigurosa investigación jurídica y presentar diversas denuncias penales en contra de esos ex gobernantes (aparte claro de las denuncias penales que pueda seguir presentando -contra sus más cercanos ex colaboradores- la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP a cargo de Santiago Nieto), para que haya un seguimiento de las mismas por parte de la Fiscalía General de la República.

Es decir, lo que se pondría a debate y a consulta pública, es si se debe iniciar o no ese proceso legal (siguiendo el debido proceso hasta la resolución final del juez) en contra de Calderón, Salinas y compañía.

Si así lo decidiese la mayoría de la población en este referéndum o consulta constitucional, se tomaría entonces la decisión presidencial de abrir expedientes, revisar el lacerante pasado y si hay evidencias suficientes, hacer las denuncias pertinentes para cada uno de los máximos responsables de los ignominiosos sexenios del periodo neoliberal y posteriormente: ya sería la fiscalía autónoma la que consideraría en su momento -apegada a derecho- si ejerce o no acción penal en contra de cada uno de esos nefastos individuos que tanto daño le hicieron a México.

Aquí el principal problema jurídico, sería el de la retroactividad en la aplicación de la ley, en esencia, si los posibles delitos por los cuales se les imputaría a los ex presidentes (corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, venta ilegal de los bienes públicos de la nación, asociación delictuosa, crímenes de lesa humanidad etc): han prescrito o no de ser juzgados hoy en día. Aunque sí que hay un delito que no va a prescribir nunca y ese es el de traición a la patria.

En cuanto al brutal caso del criminal, sangriento y genocida sexenio de Calderón , es difícil saber si la FGR que -repetimos- es autónoma del Gobierno Federal, vaya a iniciar un proceso jurídico por sí sola y tampoco sabemos si la mano derecha de FCH en ese mismo infame sexenio: Genaro García Luna -acusado y encarcelado en EU. Por tráfico de drogas y por proteger al Cártel de Sinaloa- vaya a confesar su complicidad o subordinación a su ex jefe político (lo cual muy probablemente causaría que se gire orden de aprehensión con fines de extradición -al gobierno mexicano- por parte del gobierno norteamericano, para que se le detenga aquí a Calderón, se le dicte auto de formal prisión y posteriormente cumpliendo todos los requisitos legales pueda ser extraditado y enjuiciado en EU).

Ahora, si bien es cierto que este reclamo popular para que se juzguen los crímenes de los ex presidentes, ha sido grande, es un hecho que ese clamor NO se hará efectivo si se realiza únicamente vía redes sociales o de plataformas como change.org

Por ello -insistimos- parece ser que la única vía legal-representativa para que el Gobierno del Presidente AMLO, comience aquí esa posible investigación jurídica a fondo en la búsqueda de tener pruebas contundentes, fehacientes e irrefutables vs. Calderón y compañía es exigiéndolo -como lo mencionamos antes- vía una consulta popular vinculatoria.

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