Los modelos de financiamiento de las campañas políticas varían según el país. Sin embargo, existen dos formas clásicas en las llamadas “democracias liberales”: financiamiento privado y financiamiento público.

Miremos el primero. En el caso de los Estados Unidos, los candidatos a cargos de elección popular, desde congresista local hasta presidente, deben embarcarse en una campaña de recolección de fondos privados con el propósito de financiar una larga campaña electoral. Para ello deben recurrir a empresarios, asociaciones, y en algunos casos, de forma ilegal, a financiamiento de fuentes extranjeras.

El modelo de financiamiento privado, si bien no involucra recursos de los contribuyentes, conlleva una serie de anomalías antidemocráticas, pues los agentes financiadores buscarán influir en materia de política pública una vez que el funcionario ha sido electo y está formalmente en funciones. Estas prácticas de cabildeo pervierten el funcionamiento de las democracias, pues el Estado tiende a favorecer intereses privados sobre el bienestar general. La Suprema Corte estadounidense, en su célebre sentencia Citizens United, estableció la norma general de eliminar los límites de financiamiento por parte de los privados, pues ello —así sostuvieron los magistrados— estaba protegido por la primera enmienda de la Constitución estadounidense.

En Francia, como segundo ejemplo, el ex presidente Nicolas Sarkozy ha sido encausado formalmente por haber recibido recursos provenientes del régimen sirio del dictador Gadafi. Estados Unidos y Francia: dos ejemplos de un modelo. Al día de hoy, el ex jefe del Estado francés no ha librado aún las acusaciones en su contra.

Ahora, miremos el caso de México. A diferencia de los ejemplos francés y estadounidense, los partidos políticos se financian a través de recursos asignados por la Cámara de Diputados, lo que garantiza -al menos así se entiende- la salud democrática, y se reduce la posibilidad de casos de conflicto de interés como acaece en modelos de financiamiento privado.

Sin embargo, el financiamiento público levanta cuestionamientos no menos serios pero de distinta naturaleza. La existencia de partidos políticos sin respaldo popular representa una carga fiscal para el Estado mexicano, a la vez que estas agrupaciones no contribuyen a la expresión de voces políticas. El Partido Verde, agrupación política sin identidad ni ideología, ha servido de alianza electoral según el cálculo político de los partidos mayoritarios.

Ahora, con el registro de tres nuevos partidos políticos, los cuales recibirán alrededor de 582 millones de pesos como aportación inicial, la carga sobre el Estado mexicano, la corrupción a la vista y las pobres contribuciones a la democracia mexicana dejan en claro que el modelo de financiamiento público de los partidos no funciona en nuestro país.

¿Privado o público? ¿Cuál conlleva el mal menor? ¿Cuál lacera menos el espíritu democrático de las naciones? A la luz de la evidencia, no existe consenso. Lo que sí es recomendable es el fortalecimiento de las instituciones que supervisen la utilización adecuado de los recursos, así como la aplicación real de castigos penales a aquellos que infrinjan la ley.