Los autores estadounidenses James A. Robinson y Daron Acemoglu, en su más reciente obra intitulada The Narrow Corridor –El Pasillo Estrecho– teorizan en torno a las opciones conducentes a las libertades de las naciones o a la inexistencia de ellas. Ellos identifican, en resumen, tres grandes escenarios: a) la ausencia del Estado b) la presencia de un Estado despótico y c) la existencia de un Estado fuerte, funcional pero contenido por la fuerza de la sociedad. En opinión de los autores, este último es la vía que conduce invariablemente hacia el Estado de derecho, el pleno respeto a la ley y al ejercicio de las libertades individuales.

En un ejercicio de extrapolación de la visión de los autores al caso de México, y en un análisis a la luz de la realidad que viven millones de mexicanos en regiones del país dominadas por el crimen organizado, se puede concluir que México se ubica en el primer escenario, es decir, ante la ausencia de la autoridad del Estado. Lo anterior, sumado a las recientes declaraciones de López Obrador en torno a la existencia de un narcoestado (en tiempos pasados, AMLO dixit) y a hechos como la liberación del líder de un cártel o el atentado en plena Ciudad de México contra el funcionario responsable de la seguridad de la capital, parece confirmar la realidad que los autores proponen en su tesis.

La respuesta de los gobiernos ante la ausencia del Estado –expuesta por Robinson y Acemoglu– ha estado históricamente inclinada hacia el despotismo. En el caso mexicano, ésta no puede ser una opción para el gobierno de López Obrador, mismo si se ha desafiado abiertamente a los organismos autónomos, se descalifica diariamente a la prensa opositora y se promueve el encono social.

Si bien la tentación hacia la consolidación de un Estado despótico pudiese existir en el espíritu del presidente López Obrador, la solución a los problemas del país deben entenderse mediante la colaboración interinstitucional –sociedad, prensa, gobiernos locales– con miras a devolver a México la gobernabilidad, y a rescatar a millones de mexicanos de los tentáculos del crimen organizado, al tiempo que se protege a los ciudadanos de las intromisiones del Estado contra las libertades individuales.

En suma, la respuesta mexicana ante el “narcoestado” debe orientarse –bajo la línea de Robinson y Acemoglu– hacia la promoción de una mayor participación cívica y a la reedificación de la confianza, con el propósito de fortalecer al Estado en su lucha contra el crimen organizado, pero a la vez, prevenir que las acciones del gobierno y de su partido comprometan la democracia, la libertad de prensa y el ejercicio de los derechos ciudadanos.