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¿Ley sobre educación superior? Una apuesta desafiante ante el despropósito constitucional de 2019

Juan Carlos Romero Hicks.Cuartoscuro

Desafortunada una reforma que garantice acceso a la educación superior con un Estado incapaz de asegurar la calidad educativa en los primeros niveles.

La abrogación de la Reforma Educativa de 2013 supuso no únicamente la pérdida de la garantía constitucional de la calidad educativa y la desaparición del organismo evaluador del sistema educativo nacional, sino la inclusión de la educación superior como un componente obligatorio del mismo.

Juan Carlos Romero Hicks, diputado del PAN, ex senador, ex presidente de la Comisión de Educación del Senado, ex rector de la Universidad de Guanajuato, ex gobernador de su entidad y ex director general del CONACYT, promueve activamente una ley que regule la educación superior, de conformidad con las nuevas disposiciones constitucionales.

Romero Hicks, un hombre de amplia trayectoria académica, y reputado como un político competente y honesto —tanto dentro como fuera de Guanajuato— apoyó públicamente la reforma del 2013 y se opuso a su derogación, mismo si fue crítico de su implementación por parte de la SEP de Emilio Chuayffet y Aurelio Nuño. Como presidente de la Comisión de Educación del Senado, Romero trabajó estrechamente con el INEE para la puesta en marcha de la reforma: una transformación educativa en ciernes que hoy es anecdótica.

En colaboración con la ANUIES —principal asociación de instituciones de educación superior en el país— el Congreso deberá responder ante el enorme reto de brindar una educación terciaria universal: un reto sin precedente en un país con enormes carencias educativas.

Muchos críticos de la contrareforma al artículo 3º. constitucional de 2019, auspiciada por López Obrador y los legisladores morenistas, consideramos un error el haber consagrado la obligatoriedad de la educación superior en un país con una educación básica secuestrada —nuevamente— por los intereses sindicales, con lamentables resultados en las pruebas de evaluación de logro de los jóvenes y con una escasez de recursos destinados al mejoramiento de la infraestructura física, así como una ausencia de voluntad política del gobierno federal de privilegiar la calidad de la educación básica y media superior.

En este tenor, se antoja desafortunada una reforma que garantice el acceso a la educación superior pública al tiempo que el Estado es incapaz de asegurar la calidad educativa en los primeros niveles. ¿Fines electoreros con los jóvenes que concluyen la educación media superior? Todo apunta en esa dirección.

Frente a estos reveses contra la niñez mexicana, Romero Hicks y otros legisladores deberán dar forma al despropósito constitucional, y hallar los caminos jurídicos, presupuestarios y procedimentales para materializar la voluntad del Constituyente.

En este tenor, se necesita una ley sobre educación superior que remplace o enriquezca la desfasada Ley de Coordinación de la Educación Superior de 1978, cuyas disposiciones estén a la altura de los desafíos presentados por el reformado artículo 3º. De otra forma, la reforma morenista será letra muerta, y los cambios constitucionales de 2019 habrán valido para muy poco, tal y como fue la primera  —y única— reforma que contó con el apoyo de todos los partidos políticos que integraron el Pacto por México.