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La estrategia mexicana responde a una realidad estremecedora que pone de manifiesto la precariedad de nuestros servicios médicos 

Como es bien sabido, de acuerdo al programa de vacunación presentado por la Secretaría de Salud federal, el primer grupo que será inoculado en México es el personal médico directamente involucrado en el cuidado de pacientes que sufren covid-19 (diciembre-febrero) seguido del resto del personal y adultos mayores de 60 años (febrero-abril) personas de 50 a 59 años (abril-mayo) 40-49 años (mayo-junio) y el resto de la población (a partir de junio 2021)

El cumplimiento del calendario agendado dependerá principalmente de la disponibilidad de la vacuna de Pfizer y de Moderna, y de la eventual distribución de la fórmula desarrollada por AstraZeneca conjuntamente con la Universidad de Oxford. Esta vacuna, no obstante, no ha sido aún aprobada por las autoridades británicas ni por la Unión Europea. Por otro lado, ha surgido la posibilidad de la utilización de la fórmula china llamada CanSino, lo que ha provocado resquemores en torno a su eficacia y seguridad, quizá derivado de los prejuicios fundados hacia todo lo proveniente de ese gigante asiático… incluido el universalmente detestado SARS-CoV-2.

A la problemática anterior, sumemos las enormes complejidades en el tratamiento y distribución de la vacuna. Afortunadamente, el personal médico que labora en hospitales públicos tratantes de covid-19 como el Hospital General del IMSS ha recibido sus primeras dosis.

En relación con el ejercicio de calendarización realizado por la Secretaría de Salud, México se ha sumado a la lista de países como los Estados Unidos e Italia que han priorizado la vacunación del personal médico, por delante de los ancianos en residencias y personas de alto riesgo.

A diferencia de estos países, otros como Francia han establecido que serán los ancianos quienes recibirán en primer lugar la fórmula. En su razonamiento, la mayoría del personal médico francés es generalmente joven, ergo no presenta comorbilidades que pudiesen resultar en un estado crítico provocado por covid-19.

¿De qué deriva entonces la decisión del gobierno mexicano? De acuerdo a información ofrecida por la Secretaría de Salud, al 4 de noviembre 1800 trabajadores de la salud habían fallecido, de los cuales el 48% corresponde a médicos, 18% a enfermeros y 29% a otros empleados del sector. Estas cifran colocan a nuestro país, de acuerdo con Amnistía Internacional, en el pavoroso primer lugar de fallecidos entre el personal médico a nivel mundial.

Nos siguen los Estados Unidos con un número alrededor de los 1,000 médicos fallecidos, teniendo nuestro vecino del norte cerca de 19 millones de contagiados, lo que arroja un estimado escalofriante de nuestros médicos fallecidos en relación con el número de contagios totales.

En conclusión, la estrategia mexicana responde a una realidad estremecedora que pone de manifiesto la precariedad de nuestros servicios médicos y la paupérrima protección que reciben los profesionales, y también ¿por qué no? el estado de salud general de los médicos mexicanos.