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AMLO y el reto de crear una industria eléctrica soberana, eficiente y de bajo costo. Parte II.

Oficinas de la CFE en CDMXAndrea Murcia / Cuartoscuro

En América Latina el país más adelantado en energías renovables o sustentables es Brasil.

Industria eléctrica

La disputa por la industria eléctrica ha seguido en tono alto, sólo que los medios de prensa y electrónicos pasó al recinto legislativo y hoy fue aprobada la iniciativa con carácter de preferente enviada por el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, con lo cual, se retoma el camino de una industria eléctrica, bajo la soberanía del Estado para concretar desde la energía, la rectoría del Estado. 

En esa medida se habla de una “contrarreforma” a la reforma hecha por los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que acercó sensiblemente la industria eléctrica al capital privado, canceló oportunidades de negocios para la empresa del Estado, provocó una escasez de capital para inversión y alto endeudamiento para que este la cercara y la atara a compromisos de largo plazo que llegan -mediante contratos de compra de fluido eléctrico- inconvenientes para la empresa CFE- hasta 2039. 

Hoy se produjo una reversión histórica. Pero los retos son inmensos, muy complejos y en esa medida el gobierno actual asume una enorme responsabilidad ante la sociedad que gobierna y los socios externos que posea, quienes también han manifestado su rechazo a las medidas por implantarse.

El liberalismo tardío de mercados abiertos y libre empresa en México devino en lo que el anterior banquero central de EUA Alan Greenspan denominó un “capitalismo de compadres”, una patraña histórica para desarrollar mafias políticas de “cuello blanco” que permitieron la captura del Estado cubiertas de impunidad desde el primer círculo del poder presidencial, en donde el poder legislativo de la república se convertía en palanca impulsora de los negocios hiper-ventajosos para el capital privado en detrimento de la economía pública y de la posibilidad de poseer un sector energético soberano que dinamice el desarrollo de México. 

La empresa privada mostró hasta hoy, que se centró en la gestión de los costos de las tarifas, en los grandes mercados de consumidores de grupos industriales consolidados, y tomó como rehén de sus ganancias de largo plazo al “cliente CFE”. Como en el caso de Pemex, ello debía llevar a su reemplazo completo, a su aniquilación total.

El primer paso en esta dirección se dio en el episodio de renegociación de los contratos multimillonarios de la CFE con sus contratistas privados para la infraestructura de gasoductos mediante los cuales, genéricamente, se extendió la operación de dichos gasoductos de 25 a 35 años, pero reduciendo el pago que la CFE tendría que erogar al llegar esos 25 años iniciales de mantenerse en sus términos originales los contratos firmados, renegociación que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) permitió un ahorro para la CFE (a pesar de extender el plazo de contratación) por un total de $4,300 millones de USD.

En suma, aumentaron la duración de los contratos pero redujeron el precio de compra del gas transportado por los gasoductos que construirían los empresarios privados, lo que resultaba fundamental reducir porque de lo contrario el precio del transporte del gas para producir la electricidad por parte de la CFE tendría que absorberse en el precio de las tarifas para los consumidores, o aumentar exponencialmente el subsidio al consumo lo cual podría resultar catastrófico financieramente. 

La reducción del precio de transporte del gas fue de 27%. Además logró que le fueron reintegrado un pago ya hecho con las tarifas anteriores y se comentó también que los PIE (productores independientes de energía) deben $10,000 millones de pesos. ¿Al día de hoy ya los habrán pagado?

Fue una primera señal precisa de que el gobierno actual iba por la revisión de las “cadenas contractuales” que le heredaron las administraciones precedentes. Ese camino lo llevaba por la ruta de revisar la Ley de la Energía Eléctrica para sacudirse otros grilletes comerciales que le afectaban severamente y que llevaron a la ASF en el informe dicho a dejar asentado que: “La conducción central y la dirección estratégica de esta empresa productiva del Estado presentaron limitaciones que incidieron en el deterioro de su situación operativa y financiera, lo que refleja que existen riesgos que la empresa no ha logrado administrar”. 

El diagnóstico fue claro: por la vía de su situación operativa del presente se llegaría a un deterioro mayor, y para evitar lo cual, era imprescindible retomar la administración de riesgos financieros desde una postura distinta, la cual le darán todas las revisiones contractuales pretendidas y ante la resistencia que seguramente se encontró, se optó por la revisión jurídica y la aprobación legislativa.

La otra negociación en curso es con los acreedores a quienes se les adeudan pasivos voluminosos: un total de casi $60,000 millones de USD, de los cuales $19,000 millones corresponden al pasivo laboral (el total de beneficios que los trabajadores de una empresa generan a lo largo de permanencia en ella), y otro tanto a deuda documentada; más $7,000 millones con productores externos de electricidad (contratos hasta por los próximos 15 años), y otros $7,000 millones por contratos de obra pública financiada en años precedentes (PIDIREGAS). 

El discurso de la oposición y de los gobiernos anteriores para justificar los contratos leoninos con los que “capturaron” y sometieron a la CFE en favor del capital privado y propiciaban su cierre a largo plazo, al decir que “la CFE debía concentrarse en la generación de energías renovables”, al igual que PEMEX, era tramposo y demagógico. 

Parece plausible y racional, futurista, pero en realidad lo que realmente estaban haciendo, era dejar la vía libre para la iniciativa privada en las energías comerciales (gas, electricidad) que siguen siendo un gran negocio de miles de millones de USD de ganancias.

Bajo las condiciones operativas (financieras, administrativas, logísticas) de endeudamiento superlativo, y costos elevados de compra de productos al capital privado, la CFE muy difícilmente podría tener el flujo de capital incrementado para hacer las inversiones en el monto necesario y convertirse en potencia de energías renovables.

 Al contrario, había que dirigir al capital transnacional a estas fuentes de energías, reservando para el Estado la explotación de las energías comerciales tradicionales, y volcar al Estado en un momento financiero y operativo oportuno, hacia la energía solar, eólica, marina y en biomasa. Algo se ha avanzado, pero de manera insuficiente. 

En América Latina el país más adelantado en energías renovables o sustentables es Brasil: el 45% de la oferta energética total en Brasil pertenece a energías renovables, y en cuanto al suministro de electricidad el 80% proviene de energías renovables. Un avance muy significativo que lo coloca como líder latinoamericano. México dice SENER, genera el 31% de energías renovables dentro del total.

La reforma energética del Lic. Enrique Peña Nieto tenía como uno de sus propósitos fundamentales favorecer la producción de energías renovables.

A los cambios logrados en esta materia y los cambios en la Ley de Energía Eléctrica en México nos abocaremos en la última parte de esta serie.