Insatisfacción con el juicio de inconformidad

Los procesos judiciales siempre han sido causa de insatisfacción para cualquier ciudadano que es ajeno a ellos. El que se lleva a cabo con motivo del juicio de inconformidad promovido por Movimiento Progresista en contra de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos no es la excepción.

Los procesos judiciales causan malestar y desazón, desde mi punto de vista, por cuatro causas esenciales muy determinadas y evidentes que suelen ser obviadas por todos, voluntaria o involuntariamente. Dichas causas son las siguientes: la primera es una aplicación mecánica –o formal, si se gusta,- de leyes, códigos y reglamentos que tiende a disminuir la discrecionalidad de los jueces en aras de una ética social, de una aplicación uniforme de criterios jurídicos a todos, y que resulta en la eliminación de las particularidades que cada caso controvertido pueda llegar a tener así como en la percepción ridícula –pero bastante generalizada- de que cualquiera es bueno para administrar justicia, sin importar el hecho de que la preparación especializada es una garantía contra la corrupción, el prejuicio, el clasismo y la incompetencia; la segunda es la particular configuración del orden jurídico nacional que tenemos: el sistema de supremacía de la ley resulta en una tensión política constante, pues la ley, como se concibe aquí, controla a todo un pueblo y no sólo a individuos, realizando muchas veces la labor que debería corresponderle a la moral, lo que causa que todos los agentes visibles que la aplican –jueces, abogados, políticos- seamos percibidos con recelo por el resto de las personas; la tercera es que la naturaleza contenciosa del procedimiento convierte a las partes en jugadoras de un encuentro y coloca al juez como un mero testigo de la legalidad, haciendo sentir a las partes como rehenes de los abogados que participan en los litigios; la última es la ignorancia pública que existe sobre el verdadero trabajo jurídico, misma que se debe a los reportes generados por medios de comunicación desinformados y sensacionalistas, y que tiene confundida a la gente sobre el verdadero papel del derecho en el Estado moderno.

Esto viene a propósito de lo que comentaba en mi pasada participación: si bien la demanda de inconformidad de Movimiento Progresista ha sido planteada de manera notoriamente más pulcra y cuidada que la de hace seis años, aún tiene serios problemas, siendo el más grave el de las pruebas. Si se ha optado por la ruta judicial, hay que sopesar los inconvenientes que presenta –y que enumero como las causas de insatisfacción- y ver si, a pesar de ellos, es factible triunfar.

Hoy hablaré sobre la primera causa de insatisfacción que refiero. Lo haré en relación con las pruebas. Este asunto ha llegado al ridículo: analizarlo nos desalienta a todos aquellos que creemos que había oportunidad de clarificar el proceso electoral mediante este juicio. Pero la desazón no es causada por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o por los priistas, esos simpáticos bribones que hoy no tienen que hacer mucho esfuerzo para defenderse. Esta frustración e impotencia tienen sus orígenes en la impreparación y posterior improvisación de Movimiento Progresista en este tema.

La ignorancia y falta de sentido común son vergonzosas, si se ve con ojos estrictamente jurídicos el asunto: desde el 3 de julio de 2006, cuando menos, no cabía duda de que el priismo iba a pelear esta elección como nunca lo había hecho. Pretender recabar y confeccionar pruebas a partir del 2 de julio de este año es imbécil. Entre el viernes pasado y hoy hemos confirmado lo peor: las pruebas sólidas son escasas, pues hay documentos posfechados –que da qué pensar sobre la veracidad de los mismos,- y solicitudes de auxilio público para que la gente lleve sus elementos de convicción. ¿Por qué hablo de ignorancia y falta de sentido común? Porque las leyes y códigos, desde siempre, exigen pruebas bien preparadas en los juicios. Esto puede resultar descorazonador para aquellos que tienen la noción más o menos razonable de que el priismo se comportó fuera de los límites de la legalidad. Pero la preparación adecuada de probanzas es una exigencia que es igual para todos: si el priismo o el panismo estuvieran impugnando la misma elección, también deberían hacer lo propio. Ese es el papel del derecho: darnos certezas, garantías y límites iguales para todos.

Sabiendo que es lógico y razonable que el priismo repetiría conductas que ya ha realizado consuetudinariamente a lo largo de ochenta y cuatro años y que los códigos y las leyes tienen exigencias determinadas para que una demanda pueda tener éxito, Movimiento Progresista fue irresponsable abiertamente al no recabar oportunamente pruebas que pudieran invalidar la elección. ¿Por qué no crear al menos hace dos años un órgano encargado de dicha labor? Misterio. ¿Por qué no impugnar el propio 1 de julio –a través de sus representantes- las casillas y hacerlo hasta después? Misterio también.

Pero como ello no se hizo, mediante la mediatización del juicio de inconformidad hoy se trata de dotar al derecho de cualidades morales que no posee y que no debe poseer. La calificación de la elección debe realizarse con dichos que se sustenten en pruebas materiales, no con consideraciones morales que, si bien son razonables y quizás hasta acertadas, no han encontrado una demostración tangible. En efecto, esta percepción del proceso causa inconformidad a muchos. Otros, que hemos creído que Andrés Manuel pudo y puede representar un cambio, pero que también tratamos de ser objetivos, sabemos que esa sensación de excesivas exigencias formales de la ley es un precio razonable a pagar por el trato igual y la existencia de límites en los órganos judiciales. Y eso no es conformismo, es parte de una cultura en la que se cree, firmemente, que democracia no es sólo la formal, sino que democracia es democracia sustantiva.

En las próximas participaciones, hablaré de las demás causas de insatisfacción que existe con los procesos judiciales en relación con el juicio de inconformidad en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

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