Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional en materia política el pasado 10 de febrero, se inicia la cuenta regresiva para transformar el andamiaje institucional y normativo en materia electoral para el inminente proceso electoral federal 2014-2015, por el que se renovará la Cámara de Diputados, y los procesos electorales locales en 17 entidades federativas que se llevarán a cabo simultáneamente, dentro de los cuales se renovarán 9 gubernaturas, las de Colima, Campeche, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Nuevo León, Guerrero, Michoacán y Baja California Sur.

Con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que propuso y aprobó el Pleno de la Cámara de Diputados el 18 de febrero, para el proceso de integración del Comité Técnico de Evaluación y la convocatoria para la elección del Consejero Presidente y los 10 consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), arrancó el proceso de transición del Instituto Federal Electoral(IFE) y de los institutos electorales de los estados de la República y la creación del organismo nacional.

La designación de estos nuevos integrantes del órgano máximo de dirección del INE, de acuerdo a los términos de la convocatoria, se tendrá que realizar por la Cámara de Diputados, y excepcionalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a más tardar el 16 de abril.

Por otra parte, el Congreso de la Unión deberá expedir las leyes generales en materia de partidos políticos, organismos y procesos electorales y de delitos electorales a más tardar el 30 de abril, que es la fecha límite de conclusión del periodo ordinario de sesiones en curso. Sin embargo si esto no fuere posible, podrá convocar a un periodo extraordinario de sesiones en el mes de mayo, donde también tendrá que modificar una serie de leyes generales y federales vigentes, aplicables a la materia, y al final de este último mes es un plazo perentorio, porque en junio ya no se podrán realizar reformas legales, por prohibición expresa del artículo 105 constitucional, es decir 90 días antes del inicio del proceso electoral, que ahora será en el mes de septiembre de 2014.

Aunque todavía no está definido, porque lo tendrá que establecer la ley general de organismos y  procesos electorales que hemos referido, pero es probable que esos plazos también apliquen para los 17 Estados que también tendrán renovación de poderes públicos en 2015, por lo que los congresos locales deberán realizar un ejercicio legislativo similar para actualizar, armonizar y concordar sus respectivas Constituciones y legislación electoral y afines, con la reforma constitucional federal vigente y las leyes generales que expedirá a la brevedad, esperemos, el Congreso de la Unión.

Una vez integrado e instalado el Consejo General del nuevo INE y emitida la legislación reglamentaria, se iniciará el proceso de transición del IFE al INE, y el órgano superior de dirección de éste deberá entrar en una dinámica sumamente intensa para la trasformación institucional, empezando con la expedición de la nueva reglamentación y normatividad interna, y para una estructura organizacional y funcional del tamaño del nuevo instituto no es nada menor, pero sobre todo de que se tendrá construir un sistema electoral nacional, con los alcances que en los ámbitos locales le otorga la Constitución Federal y que se deberá precisar en las leyes secundarias.

Las leyes reglamentarias de la reforma son en este momento la prioridad y la urgencia, por  lo que la responsabilidad transicional se encuentra en el Poder Legislativo Federal y de los Estados, y son múltiples los temas que deberán precisar y puntualizar, que por razones obvias no se establecieron en la constitucional, en el nuevo modelo de organización electoral nacional; para luego pasar al INE, que entre otras responsabilidades inmediatas, deberá realizar el proceso de integración de los institutos electorales locales, prioritariamente de las 17 entidades donde habrá elecciones el próximo año, es decir nombrar 119 consejeros, a razón de 7 por cada Estado.

Los cambios que conlleva la reforma que comento son de enormes proporciones y de no menor trascendencia, con la complejidad que implica de un modelo que se quedó intermedio entre uno centralizado combinado con algunos aspectos federales, y los tiempos que se tienen para su implementación son sumamente limitados, por lo que esperemos que la premura y las prisas no vaya aparejado con omisiones y errores que puedan provocar problemas a las elecciones en puerta.

Legislar bajo presión de los tiempos y las circunstancias  como es el caso, no es la mejor manera para generar los mejores productos, como tampoco la implementación que tendrá que hacer el INE del sistema electoral nacional, pero así están las cosas y ojalá que los actores responsables estén a la altura de los retos.