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Los Porkys y la impunidad de la justicia mexicana

En México, si no hay intención de violar a una mujer, el tocamiento sin consentimiento de ésta no es un delito.Internet

En México, si no hay intención de violar a una mujer, el tocamiento sin consentimiento de ésta no es un delito.

 

El pasado mes de enero del año 2015, cuatro jóvenes veracruzanos conocidos como los “Los Porkys de Costa de Oro” debido a una página de Facebook, hicieron público un video en el que se mostraban abusando sexualmente de una menor de edad. Los nombres de los acusados son: Jorge Cotaita, Diego Cruz, Gerardo Rodríguez y Enrique Capitaine. A pesar de la credibilidad de la evidencia y de la indignación que suscitó tal video entre la sociedad mexicana, sólo a tres de ellos se les inició un proceso penal por el delito de violación.

Meses después de la agresión sexual, Daphne Fernández decidió contarle a su hermana mayor la atrocidad de la cual había sido víctima, para después exponer el caso ante personal de la preparatoria privada en donde se encontraba estudiando. Así, en el mes de marzo de ese mismo año, el padre de la víctima, Javier Fernández Torres, denunció públicamente a través de una carta el abuso sexual cometido hacia su hija por parte de cuatro “juniors” pertenecientes a familias adineradas del estado de Veracruz. De igual manera, presentó una denuncia penal exigiendo justicia al gobierno estatal, en ese entonces liderado por el hoy prófugo, Javier Duarte.

Según el indignante relato que Fernández Torres proporciona en la denuncia del acontecimiento, Daphne fue despojada de su teléfono celular para posteriormente abandonar por la fuerza una discoteca llamada “PH”, a causa de amenazas referidas por parte de los jóvenes hacia su seguridad física. Seguidamente, trasladaron a la víctima al domicilio de uno de los agresores, en el fraccionamiento residencial -Costa de Oro-, para violarla en el baño de la propiedad: “La subieron contra su voluntad en la parte de en medio del asiento de atrás del auto y era custodiada por Jorge Cotaita por un lado (atrás del conductor) y Diego Cruz por el otro (atrás del copiloto). Estos dos sujetos le jalaban la ropa y la manoseaban por debajo de la falda, tocándole sus pechos y partes íntimas. Ella les insistió que no lo hicieran, que no quería eso, pero ellos, entre burlas y agresiones, seguían haciéndolo mientras Enrique Capitaine manejaba a toda velocidad, con Gerardo Rodríguez como copiloto. Todo ese tiempo, ella trataba de calmarlos y hacerlos entrar en razón, pero no lo logró” (ElUniversal, 12/V/16).

La rápida circulación de la noticia en las principales redes sociales, junto con imágenes extraídas de un video en donde se aprecia a la menor siendo abusada sexualmente por los jóvenes acusados, comenzó a causar tanto escándalo que uno de ellos, Diego Cruz, se vio obligado a huir a España para exiliarse ahí debido a los delitos que le imputaban por semejante acto inhumano; abuso sexual y pederastia. Tiempo después, Cruz fue extraditado de España en donde fue aprehendido en el mes de junio de 2016, y recluido en la cárcel de -El Penalito-, en el estado de Veracruz.

Y aunque parecía que al menos uno de los responsables estaba siendo debidamente procesado por su delito, la realidad es que las apariencias nos engañaron como muchas veces se ha visto en la justicia mexicana, ya que al acusado le fue concedido un amparo. Increíblemente, pese a que Diego Cruz reconoció en su declaración que sí toco a la menor aquella noche en la que abusó sexualmente de ella, un juez de nombre Anuar González Hemadi resolvió a favor del joven, argumentando que no tenía “la intención” de penetrar vaginal, anal u oralmente a la menor. De esta manera, la orden de aprehensión que tenía en su contra podría ser anulada. Afortunadamente para la familia de Daphne, Cruz sigue preso en el mencionado penal debido a que la Fiscalía de Veracruz interpondrá un –recurso de revisión- en contra del polémico dictamen liberado por González Hemadi: “En la resolución, el juez detalla cuáles fueron sus argumentos para otorgar el amparo a Diego Cruz y señala que, tras analizar las pruebas y la declaración de la menor, “no se encuentra acreditada la totalidad de los elementos del delito de pederastia que se atribuye al quejoso”” (AnimalPolítico, 28/III/17). Pero ahí no termina todo, ya que el juez también asegura que aunque Cruz sí “realizó un tocamiento en la menor agraviada”, nunca tuvo intención alguna de violarla, por lo que la acusación de violación es inviable. Así, en la resolución del amparo se especifica que el abuso sexual del cual es acusado el joven “no se encuentra demostrado fehacientemente”.

De manera muy personal debo de confesarle, estimado lector, que aunque intento redactar mis artículos de opinión lo más imparcialmente posible, en ocasiones como éstas me resulta prácticamente imposible ante semejantes actos de impunidad que desde hace muchos años llevan indignando a gran parte de la sociedad mexicana. Me es inconcebible aceptar que a pesar de los hechos y las pruebas presentadas en contra de estos jóvenes irresponsables, nuestro sistema penal se siga viendo reducido a un mero espectáculo cirquero en donde los jueces son los domadores, y las víctimas los animales domados. ¿Recuerda el caso de Marisela Escobedo? Si es que no, permítame refrescarle la memoria. En el año de 2008, fue privada de la vida Rubí Marisol Frayre Escobedo a los 16 años de edad por su entonces pareja e integrante del cártel de los Zetas, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pese a que el individuo se declaró culpable para posteriormente ser acusado de crimen, los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez, Rafael Baudin Jurado y Catalina Ochoa Contreras, se encargaron de absolverlo por falta de pruebas para después ponerlo en libertad. Ante tal situación, Marisela Escobedo, madre de la asesinada, comenzó una lucha para exigir justicia ante tal impunidad que de manera burlona se está repitiendo hoy con “el Porky” amparado. Desgraciadamente, el 16 de diciembre del año 2010, la señora Escobedo también fue asesinada de un balazo en la cabeza justo enfrente del Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras se encontraba protestando por el homicidio de su hija. Las conclusiones usted la saca con los indignantes datos anteriormente mencionados.

Mientras tanto, no olvide que hay una niña violada a la cual la marcaron psicológicamente de por vida, al igual que un padre que ante tan inhumana resolución de un corrupto juez (que por cierto ya fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal), busca hacerse escuchar a como dé lugar en un país en el que la justicia sólo es cuestión de la clase pudiente.

Gracias por su lectura.

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*El autor es licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana.