Han pasado tres años desde que las redes se incendiaron de indignación y los ojos se nos llenaron de lágrimas por el coraje de su desaparición: el 8 de septiembre se reportaba que Mara debía llegar a casa, pero nunca llegó.

Desde el inicio, el Estado de Puebla fue indolente y cerró oídos, manos, Fiscalías y búsquedas. No movió un dedo. Fueron 24 horas después de su desaparición que la información brindada por Karen Castilla, hermana de Mara, se difundió por distintos medios de comunicación y que a causa de que se hizo viral, las autoridades comenzaron esta investigación y la hicieron su prioridad.

Mara fue asesinada porque su agresor supo que podía hacerlo. Quiso demostrar que no importa si se trata de una vida por la que se clama en redes o si trata de un caso que es ignorado, quiso demostrar que siempre que se trata de una mujer, ellos tienen la última decisión de matarnos. Que no habrá consecuencias.

Desde ese año, no hay marcha feminista en la que no se mencione a Mara. Sin importar que se trate del 8 de marzo o del 25 de noviembre, retiembla:

-YO SOY

-¿Quién?

-MARA CASTILLA

-¡JUSTICIA!

Aunque en Puebla, el Estado parece haber olvidado su nombre y preferido que ni se lo recuerden: Las únicas declaraciones del fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, es que el proceso se mantiene “vigente”, sólo que el acusado y su defensa han promovido diversos amparos.

En abuso de la ley y el derecho, -Alexis “N”- se ha librado de pagar por el crimen que cometió aquel segundo viernes de septiembre de 2017, cuando Mara abordó una unidad de Cabify para llegar a su casa sin pensar en que ese auto, sería el último en que que viajaría con vida.

Los indicios que se hicieron públicos no son abundantes pero sí son contundentes: El conductor estaba a unos metros de la zona en la que Mara vivía, cuando en un video se puede observar que la unidad se detiene.

Mara nunca baja. El silencio visual todo lo oscurece cuando el chofer apaga la luz interior de la unidad, da media vuelta y se retira con ella en el asiento trasero.

Lo que siguió de ese momento es confuso y tendría que ser investigado, esclarecido, reconstruido e integrado por la Fiscalía en su carpeta de investigación pero la indiferencia, taladra.

Es falso que un amparo tenga el alcance de obstaculizar la justicia que no se traduce únicamente en la prisión para el feminicida, sino que se materializa en VERDAD para su familia, para Mara, para todas.

La indiferencia duele y taladra porque ni siquiera el cambio de Gobierno permitió que Mara tuviera verdad y justicia. En aquel momento, fueron las autoridades quienes desataron una ola de rumores criminalizando a Mara -porque como siempre, la muerte de las mujeres tiene que ser su propia culpa- .

Llenaron los medios locales con versiones estereotipadas para desacreditar a Mara ¡para desacreditar a una mujer asesinada! en las que sugirieron que el alcohol, la hora, la ropa, una ex pareja, un galán , alguien del antro, una amistad…lo habían “provocado”, sugiriendo que fue su culpa haber sido encontrada una semana después, en la zona de Santa María Xonacatepec, asesinada en un motel de la 11 sur, en donde su victimario -Alexis “N”- la envolvió y puso el cadáver en el vehículo con la finalidad de desaparecerlo.

Fue tanta la rabia por aquellos actos, que ardieron las calles y las redes pero ni siquiera eso bastó. A tres años del feminicidio de una estudiante ejemplar de la UPAEP, originaria de Xalapa, solo hay desprecio, silencio, impunidad y misterio.

¿Quién paga la costosa defensa de un feminicida, violador y criminal que se mantiene acosando y acechando a la familia de Mara? ¿Cómo es que un conductor de Cabify, con los ingresos que tendría, podría costear la defensa más preparada para burlar la ley? ¿O es que acaso la incapacidad de la Fiscalía para judicializar correctamente y llegar a sentencia es mayor? ¿Quién, dentro del Gobierno de Puebla, estaría encubriendo a los grupos de tratantes de personas que utilizan ese modus-operandi para extraer mujeres?

Una de las versiones más dolorosas sobre el móvil del delito apuntaba a que Mara, desde el sitio en que se encontraba con sus amistades, fue observada y elegida por una banda delincuencial dedicada a la trata de personas, protegida a niveles de gobierno, drogada y posteriormente, extraída del lugar.

¿Acaso una banda de tratantes se encuentra detrás del silencio e impunidad sobre el caso de Mara? ¿Puebla protege a narco-funcionarios o criminales de nómina pública? Después de todo, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), en 2019 se registró una tasa de incidencia de 26 mil 888 casos de corrupción por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2017 la tasa fue de 13 mil 405 casos. Es decir que hay 3 casos de corrupción POR MINUTO en ese Estado. La especulación resulta el último recurso de quienes han sido abandonados sin verdad.

POR CIERTO. La protección de un amparo únicamente vincula a quien lo promueve respecto de un acto que se reclama, como una orden de aprehensión, por ejemplo. Misma que por procedimiento, se suspende. Pero un amparo no tiene el alcance de paralizar una investigación completa, por lo que las declaraciones de la FGE respecto a que “ha contribuido con toda información de fortalecer los señalamientos e información para que se haga justicia” suena, más bien, poco sincera.

Uno de los dos poderes se ha corrompido, o tal vez ambos: Fiscalía o Poder Judicial. Mientras tanto, Puebla se encuentra en el TERCER LUGAR de los estados con más casos de feminicidios a nivel nacional. Apenas en julio, los cadáveres de Angie Michelle, Guillermina y Marisol, de 19, 31 y 32 años, respectivamente, fueron hallados en diferentes zonas del estado. Con todo y pandemia, en el primer cuatrimestre se tienen 25 casos de mujeres asesinadas en contextos extremadamente violentos. Si de por sí, la misoginia mata, combinada con corrupción e impunidad se convierte en crimen de Estado.

Como hoy, como siempre, Mara en nuestra memoria: J U S T I C I A