¡Que siga la matanza, sigan los desvaríos<br>y siga el espectáculo de enconos tremebundo<br>y que todo se anegue en purpurinos ríos...!<br><br>¿Qué más da el campo rojo, qué más da el campo verde?<br>¡Que la lucha se extinga cuando cansado el mundo,<br>no haya ni quién se queje, ni haya quién recuerde...!

Emilio Bobadilla

Ya cinco años

El 26 de septiembre se cumplirá un lustro de la desaparición (se le considera así, si bien ha dejado de ser factible que sigan vivos) de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Desde entonces a la fecha no se ha dejado de escuchar “fue el Estado”, específicamente el Ejército, el culpable de tan atroz crimen. En ese entonces también resultaron 27 heridos, los cuales están cada vez más incapacitados para resolver dudas.

Me entero por diarios locales y redes sociales que hace pocos días (3 y 4 de este mes), otra vez en Guerrero sucedió una masacre. Al parecer 53 personas fueron secuestradas de diversos poblados y de algunos de ellos ya se encontraron sus cuerpos.

Es extraño, por decir lo menos, que desde hace cinco años don Epigmenio Ibarra nos recuerde todos los días el atroz evento con su pase de lista y hoy, que tanto lo necesitarían los familiares, no ha generado ni un solo comentario al respecto de esta nueva matanza. Lo mismo cabe para muchos quienes entonces se rasgaron las vestiduras y hoy no quieren enterar a la población de esta nueva tragedia. No ha habido ni confirmación ni desmentido de autoridades de cualquier nivel de gobierno.

La verdad histórica y la virtual

Enterrada por la desconfianza generada por un gobierno soberbio, la verdad “histórica” cacareada por el procurador de justicia de ese momento, Jesús Murillo Karam, dejó dudas, hoy liberación de asesinos confesos y no confesos y, lo que es peor, coadyuvó a una verdad “virtual” que sigue siendo compartida por la gente.

En la liga de Wikipedia, antes de entrar al enlace, la “verdad” de Ayotzinapa viene acompañada de los siguientes culpables (sí, así sin juicio, ni pruebas): Enrique Peña Nieto, Ejército mexicano, Guerreros Unidos y Policía Federal. Abriendo el enlace, solo aparecen los siguientes sospechosos: José Luis Abarca, César Miguel Peñaloza Santana, Guerreros Unidos, policías locales de Cocula e Iguala.

Para la sociedad en su conjunto, poco importa quienes fueron los verdaderos culpables, el grito de “fue el Estado” sigue retumbando.

Tragedia aumentada

La historia no se repite; siempre se mejora o empeora. En este caso, todo indica que se vuelve a dar para peor. 53 personas se encuentran desaparecidas (posiblemente secuestradas) desde el 3 o 4 de septiembre. ¿Su crimen? Solicitar ayuda a las autoridades pues en sus poblados merodeaban tanto la “Familia Michoacana” como el “Cartel Jalisco nueva generación”. Así, Guerrero en la región de Coyuca de Catalán, la violencia vuelve a azotar donde más duele: en la población. Y, en esta ocasión, las autoridades ni siquiera han informado a la sociedad de lo ocurrido.

Se han difundido grabaciones en las redes sociales, donde ciertas personas son torturadas hasta cesar cualquier movimiento, mientras los golpeadores empiezan a cavar tumbas. La violencia es inaudita. Algunos familiares recibieron imágenes y videos de las torturas sufridas por los desaparecidos, mientras algunos otros pobladores fueron avisados que sus familiares se encontraban dentro de una camioneta en el camino a Santa Teresa. Los cuerpos se hallaban terriblemente torturados y desfigurados. Hasta ahí. El Estado nada ha comentado.

Las sutiles diferencias

En esta terrible tragedia no se ha presentado nadie del gobierno ni de la oposición para culpar a unos o a otros. Ni siquiera Félix Salgado Macedonio, senador de Guerrero se ha hecho presente. Tampoco ha compartido ningún mensaje de apoyo/duelo para los pobladores de los diversos pueblos donde fueron levantados los hoy desaparecidos y/o asesinados. (¿Su último tuit? Compartir un mensaje de Maduro admirando a Ho chi min a los 50 años de su fallecimiento. “Los pueblos libres del mundo encontramos...”).

Nadie ha reclamado la autoría de la masacre. Ni la “familia Michoacana” ni el “Cártel Jalisco Nueva Generación”. Tampoco “Guerreros Unidos”; aunque los tres grupos delictivos se disputan la plaza.

Ningún habitante, maestro o autoridad local ni federal dio la voz de alarma de que el inicio oficial de curso no ocurrió como el calendario escolar lo disponía. La violencia desatada es el mejor recordatorio de que mejor vivos en casa, que una tragedia por un secuestro o una bala perdida.

No hubo huelgas de las escuelas “normales” cercanas para protestar por la violencia, ni tampoco por el arbitrio del cese de clases. No han habido movilizaciones ni protestas (organizadas) de los padres de los jóvenes desaparecidos.

No han llegado las cámaras, cómo fue hace cinco años, ni han llegado los que buscan hacer leña del árbol caído y menos quienes deberían otorgar algún tipo de ayuda o apoyo.

La sutil diferencia de una vocería que no dejó de señalar que fue el Estado contra el silencio inaudito de quienes viviendo en la misma región y viendo el mismo sufrimiento hoy prefieren guardar sigilo. Un ominoso silencio que incomoda por su opuesta acción u ¿omisión? a la desarrollada hace cinco años.

Un grupo de valientes

Tan solo un puñado de habitantes de esa región de Tierra Caliente han tenido el valor de solicitar ayuda al presidente de la Nación. No culpan al Estado, pero sí señalan la omisión y el contubernio de ciertas autoridades en el drama que sufren diariamente.

Mandaron una carta al presidente López Obrador para solicitar su auxilio. Mencionan que hay pueblos fantasmas y que han desaparecido más de 50 familias. También dan nombre, apellido y apodos de ciertos actores de la familia Michoacana, pero el gobierno “se hace de la vista gorda y dice que no pasa nada”.

Tienen la valentía de señalar al 34º batallón de Altamirano, al director de la policía municipal de Coyuca de Catalán —alcaldía perredista— (antes conocida como la Señorial Ciudad…) y a su hijo, subdirector de la misma; quienes, dicen, han sido comprados por los delincuentes. Aun sabiendo que si denuncian corren la suerte de poder ser entregados por la policía a los mismos forajidos.

En su carta sostienen:

“…El mismo gobierno cometiendo delitos de desaparición forzada y asesinatos de gente inocente, familias enteras y a todo esto solo demuestran los nexos del gobierno, del ejército y los altos mandos con la delincuencia.

Señor presidente le pedimos su ayuda ante esta situación, están matando a nuestra gente tenemos miedo, queremos que se haga justicia, que se tomen cartas en el asunto y no dejen en el olvido todas están que sólo se mantienen de su ganado y agricultura.”

Será el Estado

Si el gobierno federal no toma cartas en el asunto, si no ordena investigaciones y en su caso destituciones en el 34° batallón del Ejército y entre los policías municipales, si no limpia de delincuentes la zona, entonces sí —aunque sin tanto ruido— le será imputable al Estado mexicano las nuevas atrocidades que suceden en Guerrero.

Si el gobierno federal no permite que el Ejército se defienda en esa zona, exigiendo su inacción, si solo pide a los delincuentes “portarse bien y pensar en sus mamacitas” en lugar de aplicar la ley, ello sí justificaría un anti-monumento con el número 53 y el clamar: “Fue el Estado”.