El lunes pasado se conmemoró el Día Mundial del Hábitat. Lo hace desde 1986, año en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el primer lunes de octubre para reflexionar sobre la situación de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico de todos a la vivienda adecuada.
Este año el tema "Espacios públicos para todos" hace hincapié en la necesidad de espacios y vías públicas bien diseñadas y gestionadas.
La ocasión se antoja inmejorable para hacer una pausa y voltear a ver lo que hemos construido o destruido, al amparo de hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada para todos y el tratamiento que por décadas han tenido los asentamientos humanos.
En el Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat, conformado en forma plural por senadores y diputados federales, hemos orientado los objetivos hacia la actualización y armonización de los marcos normativos que regulan la materia de asentamientos humanos, entre otros temas sustanciales.
Coincidentes con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para garantizar una vida saludable para todos y en el cumplimiento de éste, es necesario puntualizar que se requiere voluntad política que genere capacitación e indicadores para evaluar las acciones que mitiguen el efecto del cambio climático en los ámbitos Federal, estatal y municipal.
En ese propósito es que justamente hoy, llevaremos a cabo el conversatorio ?Retos legislativos para ciudades humanas y seguras?, como un diálogo incluyente, constructivo y transparente que nos lleve a concretar una ley congruente con los actuales desafíos, pero capaz de medirse en resultados de bienestar para la población.
Analizaremos en el Senado una de las muchas aristas pendientes de legislar: la seguridad vial.
De acuerdo con el Informe Nacional sobre la Situación de la Seguridad Vial en México 2014, del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) los accidentes viales son ya la primera causa de muerte en niños en edad escolar entre 5 y 9 años de edad y son la segunda causa entre los adolescentes (10 a 19 años) y adultos jóvenes (20 a 29 años), sólo por debajo de los homicidios.
Pero al ser las personas jóvenes las más afectadas, el impacto económico entre las familias y la comunidad es muy elevado. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las lesiones viales representan entre el 1.8 y 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, es decir entre 21 mil y 41 mil millones de dólares.
El mismo documento refiere que en México las lesiones causadas por el tránsito son la octava causa general de muerte por encima de las enfermedades infecciosas y por debajo de las enfermedades crónico-degenerativas y sus complicaciones.
Con esas cifras y tal como quedó asentado en la Asamblea General de la ONU, es momento de recordar al mundo la responsabilidad colectiva para el futuro de nuestro hábitat.
Hoy México merece asumir y compartir responsabilidades para erradicar las añejas prácticas de hacer de las ciudades un negocio para unos cuantos, para que se conviertan en una auténtica posibilidad de vida digna para las mayorías.
Y en esa ruta, una nueva legislación en materia urbana debe incluir sanciones ejemplares y puntuales para que el ordenamiento territorial, la construcción de vivienda y de vialidades, así como la implementación de transporte masivo, sean parte de las soluciones para la sociedad y dejen de representar el negocio de unos cuantos a costa de todos.
Aunado a ello, un marco legal renovado enfrenta el reto de impulsar la construcción o adecuación de ciudades más humanas y sustentables, retomando la rectoría del Estado para velar por los espacios públicos, llámense parques, banquetas, cruceros o avenidas, lo que redundaría en ciudades más competitivas, seguras, menos contaminadas y personas más saludables.
* @AnaLiliaHerrera
Senadora por el Estado de México y dirigente nacional del Movimiento Territorial