Mal hace el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, en lavarse las manos del extraño operativo del congreso bajacaliforniano saliente, dominado por PAN y PRI, para avalar, con apenas un voto en contra, la extensión de su periodo de los dos años por el que los votantes lo eligieron, a cinco.
Y digo que es una maniobra extraña, porque ese ente conocido como el PRIAN no se ha dedicado a otra cosa durante los siete meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador que a obstaculizar y criticar su mandato. Pero, según recientes declaraciones del señor Bonilla, los diputados locales salientes prácticamente desde el fondo de su corazón decidieron extender su mandato ante la contundencia de los resultados electorales en donde Morena se llevó la gubernatura del estado, todos los municipios y la mayoría de las diputaciones.
Que no se confunda el empresario Bonilla: no ganó la elección a gobernador en el estado que fue el bastión del PAN durante tres décadas nada más por su enorme simpatía o popularidad. Su elección fue la culminación de un largo proceso de lucha de las fuerzas progresistas y del lopezobradorismo. El efecto AMLO pesó a un nivel jamás visto en el estado más norteño del país, mismo que durante largo tiempo se ganó la fama de tener una ciudadanía despolitizada y apática y más cargada a la derecha que otra cosa.
Desde mediados de esta semana cuando se difundió en medios locales la operación para extender el mandato de Bonilla a cinco años, se habló en redes sociales y en los pasillos de los edificios de gobierno de un presunto “pacto de impunidad” entre el gobernador saliente, el panista Francisco “Kiko” Vega, acusado en múltiples ocasiones por actos de corrupción, y el gobernador electo por el partido Morena.
A “Kiko” ya lo conocen como el “Javier Duarte de Baja California”, tanto en medios como a nivel de calle. Ciudadanos, empresarios, periodistas,en fin, toda clase de personas lo han señalado como un gobernador sumamente malo, corrupto, que ha dejado al estado en quiebra y con una crisis de inseguridad aterradora.
Para seguir con las malas noticias, el presunto pacto de impunidad entre Bonilla y "Kiko" incluiría de Guillermo Titi Ruiz como fiscal general del estado (ya se le denomina en Baja California como el “fiscal carnal”) y de Carlos Montejo, como auditor superior. Titi Ruiz sería designado como fiscal general durante siete años, por lo que además de cubrir las espaldas de "Kiko" y su corrupción, también estaría encargado de los cinco (ilegales) años de mandato de Bonilla.
Aunado a esto, la incorporación al gabinete del gobernador electo por un partido que se fundó en principios progresistas de personajes de funesta memoria en Baja California como Fernando Castro Trenti, no da ningún aliento ni reconforta a los ciudadanos que votaron por el cambio representado por el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. Castro Trenti, acusado de corrupción en múltiples ocasiones, representa lo más rancio del viejo PRI y su incorporación al gabinete de Bonilla no se sustenta bajo ninguna lógica sana.
Lo dijo el propio presidente en una de las mañaneras: él habría rechazado esta ilegal reforma para ampliar el periodo de Jaime Bonilla. El gobernador electo debe hacer caso al mandatario y cumplir con el periodo para el que fue electo por los ciudadanos, en lugar de aferrarse a cumplir un periodo de cinco años que podría abrirle las puertas a un aterrador regreso de la derecha a Baja California en muy poco tiempo. Esta obsesión de Bonilla por ser gobernador hasta el 2024 puede costarle muy cara a los ciudadanos.