Uno de los reclamos más sentidos de los mexicanos al gobierno federal se da en el tema de la inseguridad. En esa materia, por más que se cambie en cada informe la manera de procesar las cifras, o que la estadística se interprete a conveniencia, no hay espacio para el engaño. Los ciudadanos saben que la violencia escala a lo largo y ancho del país, que no se detiene ni ante la pandemia del nuevo coronavirus, y que la política de “abrazos, no balazos” ha resultado, hasta ahora, un fracaso.

Empeñado en tratar de mantener congruencia en sus principales propuestas políticas de gobierno, el combate a la corrupción y la austeridad, y ocupado en los últimos meses por el tema sanitario, el presidente Andrés Manuel López Obrador parece tener demasiada confianza en quienes lideran el asunto de la inseguridad y la violencia, que a ojos de los mexicanos se ha vuelto cada vez más un tema de menos prioridad, como la actividad y el interés presidencial lo reflejan.

Probablemente a un político como López Obrador le haga falta salir al país y enfrentarse en el territorio con la realidad, para tener el diagnóstico claro de las cosas. No es un hombre hecho para videoconferencias. Le gusta abrazar, en el mejor de los términos, la realidad, percibirla, olerla. Qué bueno que ya programa giras para salir al interior del país porque a lo mejor en el encierro, los responsables del sector seguridad, encabezados por el secretario Alfonso Durazo, lo ven tan preocupado por el coviod19 que prefieren no informarle lo que ocurre no sólo a ras del suelo, sino lo que van metiendo debajo de la alfombra.

Si estuviera en la oposición, AMLO lo diría más o menos así: “Cuando el gato no está, los ratones están de fiesta”. Eso es lo que está ocurriendo en su gobierno. Hace unos meses, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, prometieron que todos los cuadros que estuvieran ligados a Genaro García Luna serían separados de su cargo. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues nada, que a alguien de la 4T se le ocurrió ratificar en su cargo a la maestra Ingrid Consuelo Morgan Sotomayor como encargada de Tecnologías de la Información y ahora se ven las consecuencias: madruguete a la Guardia Nacional y asignación de contratos de forma directa y maneras muy sospechosas a antiguos proveedores ligados a los tiempos de Genaro García Luna.

Y es que, para decirlo de nuevo como lo diría el presidente, con la maestra Ingrid Morgan era “jugada cantada”, que le otorgaran contratos a los aliados empresariales de años, empezando por Airbus, una firma a la que se le acaba de comprar a un costo de 32.7 millones de dólares, una tecnología que no es sólo obsoleta, sino ni siquiera un estándar internacional y que no es interoperable con otras tecnologías que la 4T quiere tener en la Red Nacional de Radiocomunicaciones (RNR).

Fuentes de la GN me dicen que se necesita romper el monopolio de diecinueve años de Airbus y dar la oportunidad a otras tecnologías fincadas en el estándar P25 para comunicación de misiones críticas o a las comunicaciones LTE, que serían la base para que México aspire a tener en breve una red 5G. ¿Pero por qué es importante el caso? Porque la RNR ha sido vulnerada por el crimen organizado, como la misma Guardia Nacional y el Ejército lo saben. El mejor ejemplo de que la tecnología que sigue comprando el gobierno está en poder de los villanos, ocurrió en el municipio de Aguililla, Michoacán, cuando se escuchó a los criminales, a través de los equipos Motorola, los mimos que utilizaron en el intento de “golpe de estado” de hace unos días en Venezuela, dar instrucciones a sus sicarios en un ataque en el que murieron 14 policías. Y por supuesto, los equipos Motorola de Airbus estuvieron otra vez infiltrado en la detención de Ovidio Guzmán.

Pero las compras para favorecer a proveedores ligados con el pasado neoliberal no paran sólo en el caso de Airbus. En la Guardia Nacional, la señora Morgan ha ordenado comprar a través de “intermediarias”, con el consabido incremento en el costo, otros servicios de comunicaciones satelitales de seguridad a través del satélite “Bicentenario” mediante el pago de otros 34.8 millones de dólares. En vez de ir directamente con la finlandesa Bittium o la norteamericana Hugues, canalizó las compras mediante dos empresas mexicanas, Inmosat y Spacenet, que ni siquiera son empresas filiales de los fabricantes.

Eso de las empresas intermediarias fue un invento muy neoliberal, para que algo de dinero se quedara en el camino. Al parecer, el gobierno ya solicito a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) que investigue a las empresas ganadoras de la controvertida asignación directa y a funcionarios que han impulsado el sistema de intermediación, Mauricio Ávila González, director técnico de Telecomunicaciones y Mexsat de la SCT; el contraalmirante Pedro Morales, de la Secretaría de Marina, e Ingrid Morgan de la Guardia Nacional.

En cuanto al contrato de Airbus, empresa recomendada de Miguel Ángel Mancera, la UIF y la SFP investiga a otro funcionario del gobierno federal, David Pérez Esparza, quien por cierto renunció y se retractó de su renuncia (no se la aceptaron) en el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Publica.

Estos asuntos pronto serán un escándalo que pudo haberse evitado si en vez de comprar “a lo tonto” (AMLO dixit) el gobierno federal creara un comité interinstitucional compuesto por todas las dependencias involucradas en el tan sensible e importante tema de la seguridad, desde la Marina hasta el Ejército, pasando por la CNI y la FGR, pero sobre todo la gente que está en campo y que no quiere que sus mensajes o sus órdenes sean interceptadas por la delincuencia organizada.