En 1977, el gobierno mexicano encabezado por José López Portillo tomó la decisión de promover una reforma política que derivó en una  nueva ley electoral: la LFOPPE.

De esta manera, el Estado Mexicano aceptaba que terminaba una era de férreo autoritarismo en el manejo de las elecciones, para permitir las expresiones de las minorías y aceptar que las corrientes radicales ya constituidas en partidos políticos, participaran en el escenario nacional de forma legal.

En 1987 ante la poca representación de las fuerzas contrarias al gobierno en el ámbito legislativo, se crean los legisladores de representación proporcional en la Cámara de Diputados, claro, con el propósito de seguir abriendo la participación de las oposiciones por la vía institucional. Era claro que el gobierno “dosificaba” la entrada de las expresiones opuestas a las políticas del régimen en turno y se evitaba a toda costa que se tomaran las armas ante la cerrazón del gobierno.

Con la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990, surge la institución para dar certeza a los procesos electorales federales, pero permanece el Secretario de Gobernación como Presidente del Consejo General del Instituto.

Destaca que en 1993, el máximo órgano electoral fijó topes a los gastos de campaña y en 1994 se suman las figuras de los Consejeros Ciudadanos que le restan poder al mismísimo representante del gobierno ante el Instituto.

Luego, mediante la reforma al artículo 41 Constitucional en 1996, se pone fin a la intervención del poder ejecutivo y se otorga independencia al Instituto para administrar los procesos electorales.

Ya es este siglo, concretamente en el 2007, se regula la difusión de los partidos políticos en los medios de comunicación y se exige la transparencia en los gastos de campaña.

Al llegar al 2014, desaparece el IFE y se crea el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que vuelve a centralizar la administración de los procesos electorales para terminar con los abusos de los gobernadores en los organismos locales electorales.

Una vez instalado el órgano autónomo, los actores se convirtieron en una especie de familia. Los mismos partidos políticos se ponen de acuerdo y recomiendan desde altos  funcionarios y también menores para laborar en el Instituto.

Otra realidad que da pena, es que los Consejeros se asignaron emolumentos elevados que llegan hasta los $258,549.00 mensuales.

Por otro lado, la vigilancia de los topes a los gastos de campaña ha sido poco menos que nula, ya que vemos por todos lados el abuso de los candidatos y partidos sin que el INE pueda hacer o haga algo para detenerlos. Ya ni qué decir de la FEPADE que poco se ve su respuesta ante el cúmulo de denuncias que recibe.

En mayo del 2015, el Consejero Presidente Lorenzo Córdova fue grabado burlándose de los indígenas de Guanajuato sin que alguna autoridad procediera en su contra por actos de discriminación. Claro, de nueva cuenta, la omisión de los responsables de aplicar una sanción al alto directivo de INE quedó en el olvido.

La realidad es que el noble propósito para el que fue creado el IFE, luego el INE ya quedó de nueva cuenta rebasado. Las expresiones en las calles de los diversos grupos sociales son muestra que en los órganos legislativos no se está haciendo la tarea de equilibrar los intereses nacionales.

Es necesario reconocer que así estaba de violento el ambiente político en 1968 y que  apenas 10 años después se dio la advertencia de don Jesús Reyes Heroles en el aniversario 61 de la Constitución, al afirmar que: “Avanzamos en la democracia perfeccionando o retrocedemos”.

Todo indica que el sistema electoral ya no da para más y la prueba de fuego es lo que pase en el proceso eleccionario del Estado de México.

Todo es cuestión de esperar.