August 24, 2019 10:12


Crónica política: Reducción del financiamiento a partidos, a ver “quién es quién en congruencia”

dinero partidos
Sí, hay que tomarle la palabra al presidente López Obrador solo en el sentido de reducir el financiamiento público de los partidos políticos.Internet

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón cuando ha dicho que al otorgar menos presupuesto a los partidos políticos, “los recursos alcanzarán para incrementar el número de becas a estudiantes de familias pobres de todos los niveles educativos o comprar equipo médico necesario en centros de salud y hospitales.”

Sin embargo, la obtención de tales recursos no es como él lo plantea: Que los propios partidos regresen a la Hacienda Pública la mitad del financiamiento que les corresponde, con lo cual demostrarán “quién es quién en la congruencia, quién es quién en ayudar al prójimo”.

No se puede…más bien, no se debe. Porque si Morena se empecina y presiona política y socialmente a los demás partidos, lo harán; pero sería contrario a la ley.

El inciso “n)” de artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos obliga a éstos a “Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados”

Y conforme a la misma Ley, el dinero público se otorga a los partidos para financiar sus “actividades ordinarias (y) específicas”; además son beneficiados con franquicias postales y telegráficas. Ah, cuando hay proceso electoral se les otorga un 50% más de lo que les corresponde por actividades ordinarias.

Sí, es muchísimo dinero; sin embargo, en un Estado de Democrático de Derecho no debe torcerse la ley, máxime cuando el financiamiento a partidos se precisa en la Constitución.

Y si ya algún partido político se pronunció a favor de regresar a la Hacienda Pública todo o parte del financiamiento que les corresponde, quiere decir entonces que no es necesario tan alto presupuesto anual para éstos; no lo requieren…¿o al menos Morena?

Pudiera ser, porque al ser el partido nacional con mayor número de votos como resultado de las elecciones del 2018 y con más representación, pues le toca más financiamiento que a sus opositores. Morena se ha convertido en el partido rico.

Pero al ser el partido en el Gobierno Federal, corre el riesgo de generar la sospecha sobre el uso de los recursos de la administración pública mediante los programas sociales y otras vías de ejercicio presupuestal. Y las prácticas de tal naturaleza no caben en la “Cuarta Transformación”.

Sí, hay que tomarle la palabra al presidente López Obrador solo en el sentido de reducir el financiamiento público de los partidos políticos. Pero hay que hacerlo bien.

Por lo tanto el llamado debe ser, no a regresar el dinero destinado a éstos a la Hacienda Pública, sino a los legisladores del Congreso de la Unión para que apresuren la reforma electoral para modificar la fórmula mediante la cual se calcula el oneroso presupuesto partidista y reducirlo.

Caso contrario, sería engañoso y contrario a la ley devolver el financiamiento. Porque además, hacerlo como se plantea implica el riesgo de usar éste con fines electorales.

¿Qué se plantea? Que el partido político que lo devuelva “decida en qué obras de beneficio social quiere que se invierta el dinero” correspondiente a dicha prerrogativa.

Entonces, imagínense se presta al proselitismo electoral; el o los partidos que regresen parte de su financiamiento público gritará a los cuatro vientos haberse desprendido de éste para beneficiar a los pobres y a las comunidades indígenas para realizar “x” obra.

Y así ir construyendo una base de voto cautivo, pues las personas beneficiadas les vivirán agradecidos, cuando es obligación del gobierno llevar a cabo obra pública.

Como bien lo dice el presidente AMLO, hay que ser congruente y ayudar a prójimo. Entonces, por dónde se vea, es necesario reformar la ley de la materia; no torcerla.

Si Morena insiste en devolver parte o todos los recursos de su financiamiento público para mostrarse como el vivo ejemplo de la congruencia y de ayuda al próximo, evidenciará un único y avieso fin: Su propio beneficio electoral torciendo la ley.

A ver qué dicen las autoridades electorales…más bien, a ver cómo actúan cuando se les presente el caso concreto.

Ya hubo un caso, donde el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a Morena por haber canalizado parte de su financiamiento a la creación de un fideicomiso para ayudar a los damnificados por los sismos de septiembre del 2017. Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio reversa.

Previamente, si mal no recordamos, en el INE hubo cierto consentimiento para que los partidos que así lo quisieran devolvieran parte de su prerrogativa a la Tesorería de la Federación para que ésta destinará el dinero los damnificados; ello a propuesta e insistencia de Morena.

Y ahí están las consecuencias.

Las autoridades electorales también deben velar por la congruencia, pero sobre todo por el respeto y acatamiento de las disposiciones constitucionales y legales. Ceder revelaría el propósito de consejeros electorales y magistrados de conservar sus privilegios y no la autonomía e independencia que tanto reclaman en el marco de una probable reforma electoral. 

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