Los jornaleros agrícolas en México son trabajadores temporales del campo que se encargan de la siembra, cosecha, recolección y la preparación de los productos agropecuarios, siendo su labor de gran importancia para el desarrollo de las prósperas empresas agroindustriales del país; pero desgraciadamente estas personas son víctimas de explotación y malas condiciones laborales, que casi los tienen como esclavos.

El desigual desarrollo económico del país, provoca que muchos trabajadores de las zonas rurales marginadas  emigren a los lugares donde hay trabajo y, lo hacen acompañados de sus familiares, quienes  en muchos casos también son contratados para las labores agrícolas, no importando que sean niños, mujeres embarazadas o ancianos. 

La población de jornaleros agrícolas se estimaba en 2009 en 9 millones 206 mil 429 personas, de las cuales se calcula que un total de 2 millones 040 mil 414 son jornaleros que trabajan directamente en el sector agropecuario y el resto son miembros de los hogares de los propios jornaleros agrícolas (según datos de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas del 2009).

Entre la población de jornaleros agrícolas sobresale la prevalencia de habitantes de lengua indígena, la cual es de 18 por ciento, lo que representa casi el triple respecto a la población nacional total que es de 6.6 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los datos aportados por INEGI nos dan cuenta de la importante participación de los pueblos indígenas en la actividad del campo bajo el esquema de jornaleros. Destaca también que las labores agrícolas han sido hasta ahora desarrolladas en su mayoría por hombres, representando 81 por ciento de los jornaleros. Así mismo, 5.5 por ciento de quienes laboran como jornaleros agrícolas mayores de 60 años, y de ellos, menos de 20 por ciento están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o goza de algún  seguro para el retiro, lo cual los convierte a estos trabajadores adultos mayores en uno de los grupos más vulnerables dentro de la población jornalera. 

Los hijos e hijas de los jornaleros agrícolas mexicanos son un grupo especialmente vulnerables. Un 44 por ciento de los hogares de jornaleros agrícolas contaban con al menos un niño o niña trabajador, y sus ingresos se acercaban al 41 por ciento de los del total familiar. 

Los datos arrojan también que un 44 por ciento de las familias en las que está presente el trabajo infantil éste es realizado por indígenas, de manera que la migración supone para ellos un cambio radical en sus costumbres, cultura e idioma.

La explotación de que son víctimas los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California, desencadenó un paro laboral desde el pasado  17 de marzo  al no tener respuesta a las exigencias que en meses pasados le presentaron al gobierno estatal para tener mejores prestaciones, un aumento salarial y condiciones laborales adecuadas; desgraciadamente este paro laboral no ha estado exento de protestas y violencia.

Las quejas de los jornaleros, son las largas jornadas de trabajo, los sueldos mínimos, maltrato por parte de mayordomos, horas extras sin pagar, despidos injustificados y condiciones de higiene y seguridad muy malas.

Los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, tienen suscritos dos contratos uno es un contrato colectivo de trabajo representados por organizaciones sindicales nacionales como la CROM y la CRAC.  

En los contratos colectivos se determinaron las condiciones laborales, como el prescindir de aguinaldo, pago el doble del día domingo y días festivos vacaciones, prima vacacional y reparto de utilidades, porque ya las tienen incluidas en el salario diario. El salario promedio es de apenas 110 pesos diarios. 

El segundo contrato es individual y en el aceptan las pésimas e ilegales condiciones de trabajo impuestas por las empresas agroindustriales; también hay jornaleros que están contratados por tarea y se les paga por el número de jarras, botes y cajas de productos que entregan al día.

El alcalde de Ensenada, donde se encuentra el Valle de San Quintín, afirmó en días pasados que hay entre mil 500 y dos mil jornaleros que están como eventuales que son llevados a esa región del país principalmente desde Oaxaca o Guerrero siendo estas personas  quienes carecen completamente de derechos laborales.

Los empresarios agroindustriales del Valle de San Quintín, ganan millones de pesos con la comercialización y exportación de sus productos. Las empresas agroindustriales que destacan por sus grandes ganancias y que más se han beneficiado de la explotación de los jornaleros agrícolas  en esa zona de Baja California son: Rancho los Pinos, Agrícola Sky Ranch, Santa Mónica, Berrimex, Driscolls.

El paro laboral en el Valle de San Quintín ha provocado pérdidas a los industriales agrícolas, por no contar con trabajadores para levantar la cosecha, pero aun así han hecho poco para acabar con el conflicto laboral.

Las malas condiciones laborales y de vida que tienen muchos de los trabajadores  en el  país, ha provocado  que México aparezca en el lugar 18 del ranking mundial de esclavitud de entre 166 países.

Los sectores formales en México que más se han beneficiado de estas condiciones de explotación laboral que casi rayan en la esclavitud son los agrícolas, minero, y de turismo, esto según el informe con el Índice Global de Esclavitud. 

Según las estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Protección Social el 30 por ciento de los menores que trabaja en el campo, el 27 por ciento lo hace en servicios el 26 por ciento en el comercio; el 12 por ciento en artesanías y un 5 por ciento en la construcción.  

La Red de Jornaleros Agrícolas denunciaron el pasado viernes 27 de marzo que la explotación de jornaleros alcanza a dos millones de personas que trabajan en campos o fincas de Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Chiapas.

Las condiciones de hacinamiento en las que viven estos trabajadores ha provocado que de 2007 a marzo de 2015 al menos 40 niños hayan muerto en campos agrícolas ya sea por accidentes de trabajo, atropellos, picaduras de insectos, desnutrición o falta de atención médica, según un registro del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.  

Las autoridades laborales de los distintos órdenes de gobierno han hecho muy poco para remediar la situación de explotación de que son víctimas muchos de los trabajadores agrícolas del país; es más, varios funcionarios, se han visto beneficiados con este esquema laboral.

Recientemente una empresa vinculada con la familia del ex Presidente Vicente Fox, está siendo indagada por el caso de la explotación de indígenas tarahumaras en cultivos de Baja California Sur.    

El Cerezo explotaba a 200 jornaleros en campos agrícolas en el Municipio de Comondú. La Secretaría del trabajo informó que en esa empresa los campesinos laboraban y vivían en condiciones insalubres, de hacinamiento y de miseria salarial.

Los inspectores de la dependencia federal encontraron también que en la empresa relacionada con el ex mandatario había 13 menores de edad trabajando y a 167 jornaleros sin registro ante el IMSS.

El gobierno de Enrique Peña Nieto así como los gobiernos estatales, deben ser más enérgicos para erradicar estas prácticas laborales que favorecen la explotación de los trabajadores agrícolas y los tienen a éstos en condiciones casi de esclavos en pleno siglo XXI,  también tienen que ser más estrictos en las sanciones para los empresarios agroindustriales que llevan estas prácticas de trabajo y sancionar a los supuestos líderes sindicales que firman a espaldas de sus  agremiados contratos que en nada ayudan a los trabajadores.