En Puebla, la evidencia demuestra que en 2018 sí hubo fraude

Advierte el INE que peligran las elecciones del 2016 si recortan su presupuesto en 50%
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¿Le falta razón a López Obrador, cuando afirma que como ciudadano esta obligado a denunciar actos de corrupción electoral?

Hacia el inicio de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un anuncio trepidante, por decir lo menos. Dijo que se convertirá en “guardián” electoral para evitar que se haga fraude, y que en caso de hacerlo, y como cualquier ciudadano, “esta obligado” a denunciarlo.

Se refiere a las elecciones del año entrante en las que se renovarán 15 gubernaturas, 300 diputados (más 200 de reparto entre partidos) y cientos de alcaldías regadas por todo el país. Las encuestas le dan ventaja a Morena en 12 entidades. Pero el tema no son las gubernaturas. Es el Congreso. Eso no lo dijo AMLO, es la conclusión de la oposición.

¿Y el INE, qué? Sobre el órgano electoral el presidente aclaró que no se va a involucrar. Pero que hay organismos que no hacen (hicieron) nada, que los crearon para que se simulara y se hicieran de la vista gorda, y “el ejemplo más claro es el INE”.

Lorenzo Córdova, presidente del INE, respondió en el acto. “México ya tiene un guardián de las elecciones, un organismo autónomo que es garante de nuestra democracia”. Además que “vigila y vigilará que todos los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, y de todos los partidos, se apeguen a la Constitución y a las reglas del juego democrático”.

Aclaró además que es a los funcionarios del gobierno, y no al INE a quien se debe dirigir la advertencia presidencial.

En otra reacción del INE, el consejo Ciro Murayama advirtió que “nunca habíamos visto una animadversión tan injusta y tan gratuita de un presidente (de la República) hacia la institución que organizó con limpieza las elecciones con las cuales llegó al poder. Esa sí es una diferencia” (con el pasado) (revista Letras Libres, 25 de junio).

Independientemente de si el presidente se extralimita en sus facultades (Artículo 41, CPEUM), o si en efecto, le asiste la razón para zozobrar, en el entendido de que los fraudes electorales son la marca indeleble de la democracia electoral mexicana, no en el pasado, sino incluso en esta gestión. Basta un botón de muestra.

Todos recordamos como en el conflicto poselectoral por la gubernatura de Puebla en 2018, la ministra presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine M. Otálora, en diciembre de aquel año, en consonancia o en contubernio con su par de Puebla, desestimó las prueba presentadas por la coalición encabezada por Morena, en la que con imágenes, documentos y videos demostró que “la cadena de custodia” de la paquetería electoral se había roto; sin embargo, y no obstante que el ministro ponente propuso anular la elección por el cúmulo de irregularidades, la ministra presidente, votó en contra para favorecer el triunfo de Martha Erika Alonso de Moreno Valle.

El ministro ponente, José Luis Vargas Valdez, en la misma sesión, y en referencia a la actuación de la presidenta, y mirándola de frente, acusó que “Esta elección huele mal”. Al final, ya se sabe, Otálora tuvo que renunciar a la presidencia del máximo órgano judicial electoral.

¿Le falta razón a López Obrador, cuando afirma que como ciudadano está obligado a denunciar actos de corrupción electoral? En el caso de Puebla se habló de los muchos millones de pesos que fueron pagados para que cuatro de los siete ministros se congraciaran con quien para entonces ya se ofrecía como el seguro presidente de la República.

Me parece que el riesgo (en el caso de haberlo) en las declaraciones del presidente se encuentran en otro lado.

¿Es posible, por ejemplo, que el gobernador de la entidad correspondiente, siguiendo el patrón del presidente, también se arrogue el derecho de máximo tribunal electoral y amenaza que bajo ninguna circunstancia dejará que se cometa fraude en su jurisdicción?

¿Y si el alcalde de mi pueblo, él mismo candidato a sucederse por vía de la reelección inmediata, amenaza a la junta local electoral de que tampoco permitirá que se enturbie su elección, y que para mayor seguridad se apoyará en la policía municipal para mantener el orden, y que se mantendrá muy al pendiente de la organización y calificación de su propia elección?

Hasta ahora la experiencia indica que en general los fraudes provienen no de la oposición, sino del partido gobernante en consonancia con funcionarios y autoridades del más alto nivel.

Chayo News. Sobre el mismo tema, en su comentario de los domingos (La Jornada, 28, junio), don José Agustín Ortiz Pinchetti, escribe que: en las elecciones del año entrante “La Fiscalía Electoral va a actuar de modo proactivo en el proceso electoral de 2021 y enviará a agentes del Ministerio Público y policías bien entrenados mucho antes de la jornada electoral. Todos los funcionarios de cualquier nivel estarán obligados a convertirse en guardianes”.

Recuerda que en el pasado era frecuente que “el Presidente actuara como guardián del fraude electoral. Toda la clase política sabía que los fraudes se decidían en Los Pinos. Los fraudes eran operaciones muy complejas y costosas. Los secretarios de Gobernación las coordinaban y los gobernadores las operaban. La iniciativa privada hacía muchas aportaciones. Si ganaban los candidatos que se pretendía imponer, los inversionistas sabían que sus intereses serían favorecidos”.

El autor es el titular de La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, esta sectorizada en la Fiscalía Genera de la República; tiene como fin perseguir los delitos electorales, y garantiza que en las contiendas concurran en un marco de equidad, legalidad y transparencia, tanto a nivel federal como local.

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