La crisis provocada por la propagación mundial del COVID-19 ha puesto nuevamente en tela de juicio la teoría pura del modelo económico neoliberal, entendido éste como el marco legal por el cual la actividad del Estado está limitada a procurar principalmente orden, justicia y seguridad, mientras otros sectores de la vida pública se someten a las vicisitudes de la oferta y la demanda, es decir, del mercado.

De acuerdo a un gran número de analistas económicos, y según estimaciones de organizaciones internacionales y entidades bancarias, la crisis que se avecina tendrá repercusiones más graves y duraderas que el desastre de 2008. La suspensión de las actividades económicas en el mundo, el cierre de comercios, la ruptura de las cadenas de valor y la incertidumbre rampante provocarán daños colosales en la pirámide económica. Mientras la demanda baja, los productores, si desean evitar la caída de los precios, deberán recortar su producción, lo que se traducirá en la pérdida de miles – o millones- de empleos, principalmente en los países mayormente afectados por la pandemia, a saber, Estados Unidos y un puñado de países europeos.

La intervención de las instituciones públicas en el país hicieron posible en 2019 evitar el quiebre del sistema financiero y encauzar al país hacia una lenta pero segura recuperación económica, desde los primeros años del gobierno de Barack Obama hasta la irrupción del COVID-19. El gobierno del presidente Trump fue heredero de este crecimiento económico. Sin embargo, hacia los últimos meses de su primer mandato, la coyuntura ha sido transformada dramáticamente.

Al igual que en 2009 -cuando el gobierno de los Estados Unidos y la Reserva Federal intervienen en el rescate del sistema financiero- el papel del Estado en la economía recupera su protagonismo. En aquel momento, la especulación irresponsable y el otorgamiento desmedido de créditos colapsaron el sistema bancario. Ahora, el culpable no es el CEO de una entidad bancaria en Wall Street, sino la propagación de un virus que amenaza el orden económico internacional.

Estados alrededor del mundo han escuchado la alarma. El gobierno británico, con un primer ministro confinado en Downing Street, anunció hace algunos días el plan de rescate económico más ambicioso en la historia de pais. El esfuerzo de los contribuyentes será incalculable en el contexto de la antesala de una profunda recesión que impactará la vida de millones de personas alrededor del mundo.

El escenario para México no es halagüeño. Al contrario; la estructura de la economía mexicana -caracterizada por una altísima informalidad y una débil capacidad recaudadora del Estado mexicano- hace imperante la puesta en marcha de mecanismos políticos y económicos que permitan hacer frente a la emergencia sanitaria.

El presidente López Obrador ha sido enfático, desde la campaña presidencial, en su decisión de no aumentar los impuestos y de no incrementar la deuda pública del país. Ante la emergencia sanitaria debe replantearse la posibilidad de hacer uso de las líneas crediticias. Si bien una reforma fiscal sería suicida -ningún economista responsable plantearía el alza de impuestos en la antesala de una crisis- el aprovechamiento de la línea crediticia del gobierno mexicano sí que podría palear el potencial impacto sobre el sistema público de salud.

Si bien la deuda pública sufre de mala reputación pues hipoteca el dinero de los contribuyentes, la estructura de la economía mexicana, la informalidad, la débil capacidad recaudadatoria del Estado mexicano, la caída de los precios del petróleo y la cuestionable decisión de continuar los proyectos de Santa Lucía y Dos Bocas obligan a poner sobre la mesa la posibilidad de recurrir a empréstitos, con el propósito de fortalecer el sistema de salud público y hacer frente a la emergencia sanitaria.

López Obrador y su gobierno están llamados a atender una crisis económica sin parangón en la historia reciente de México. Los impulsos ideológicos del presidente deberán ceder ante el pragmatismo y la necesidad de implementar verdaderas políticas de Estado que permitan sortear las amenazas del virus y el inconmensurable daño económico.

En suma, México exige lo mejor de todos sus ciudadanos. Sin embargo, corresponde a los responsables en Palacio Nacional y a quienes encabezan las secretarías de Estado -como primera línea de defensa- liderar los esfuerzos frente al sombrío futuro inmediato que espera nuestro país.