La relación entre el gobierno y los empresarios siempre ha sido, por decir lo menos, delicada. Algunos países han logrado establecer parámetros de relación muy respetuosos, y no en el discurso (ese es lo de menos) sino en las instituciones y legislaciones vigentes que determinan los alcances de la esfera pública y la esfera privada. Específicamente hablando de los empresarios, las utilidades que pueden generar sus negocios, muy por encima de cualquier salario, se justifican, en la teoría, por el hecho de que ellos son quienes asumen el riesgo del capital. Es decir, cuando las cosas no salen bien, ellos no solamente pierden un trabajo, sino su inversión, que puede ser pequeña, o la totalidad de su patrimonio. A mayor riesgo, entonces, mayor la ganancia que corresponde cuando la empresa tiene éxito.

Por eso sorprende, en México, la actitud de algunos empresarios, muy sincera, por otra parte, de que frente a la crisis económica global generada por la pandemia de Covid-19, las pérdidas de capital las tiene que asumir el gobierno, o los trabajadores, o el consumidor, o quien sea menos ellos. El virus no fue su culpa y por eso - dicen - alguien debe compensarles los daños y perjuicios. El problema es que el virus no fue culpa de nadie. Los contribuyentes (que de ellos es el dinero público) tienen tan poca culpa como ellos de toda la situación, pero ellos asumen un riesgo desde que inician una actividad empresarial. La realidad es que en México hay dos tipos de empresarios, sin importar la escala, pues la mentalidad contrastante se encuentra en pequeños y grandes. De un lado, están los que están formados en el comercio o los negocios, de toda su vida, y tienen una comprensión más completa de los tiempos de prosperidad y de los tiempos obscuros. Saben, también, que es perfectamente legítimo defender sus intereses privados, pero que necesitan muy buenos argumentos para convencer que sus intereses económicos son, casualmente, idénticos al interés general. De otro lado, están los “empresarios” hechos a los negocios rápidos y sin riesgo alguno, basados en el tráfico de influencia de gobiernos específicos, o con modelos de negocio que obtienen su rentabilidad de ser pantalla de otras empresas, expedidores de facturas, o de sofisticados esquemas de evasión fiscal.

México tiene una triste y larga tradición de socialización de pérdidas y privatización de ganancias; es decir, de concentración de la riqueza en pocas manos (cuando se genera riqueza) y de difusión de las pérdidas económicas en forma de deuda pública, repartida en todo el pueblo y durante generaciones (cuando ocurren crisis económicas). Por eso los ciudadanos tenemos que pensar muy bien las medidas que respaldamos para hacer frente a lo que ya es una recesión severa.

Los gobiernos estatales y federal, junto con el Banco de México, han tomado en conjunto una serie de medidas de apoyo y reactivación económica, pero llama la atención el reclamo de un sector empresarial de que el gobierno no acceda a líneas de crédito con el FMI para, sencillamente, darles el dinero a fondo perdido. Quizás olvidan que en 1994, ocurrió una corrida de grandes capitales que apostaron en contra de México y de su moneda, abiertamente, y que rápidamente se tradujo en un pánico generalizado y una crisis que requirió la movilización de más de 47 mil millones de dólares para rescatar a los deudores. Olvidan también que los principales beneficiarios fueron pocos deudores, menos de 600, y que no eran ahorradores comunes y corrientes sino grandes empresas que habían hecho manejos financieros irresponsables. 

O la crisis que dos años después ocurrió en Asia, comenzando por Tailandia y Corea del Sur, donde, aprovechándose de que el gobierno solía respaldar empresas en problemas, aumentaron su deuda a niveles exorbitantes, y cuando consideraron oportuno, sacaron todo su dinero de los países, y presionaron a las monedas nacionales para que perdieran todo su valor. Como en el caso de México, el FMI otorgó recursos a cambio de estrictas políticas de restricción de gasto social, y liberalización completa de las economías, restando cada vez más soberanía a los países para que pudieran tener políticas económicas propias. Ninguno de esos programas sirvió para paliar la crisis, que siguió de forma extendida y pronunciada, pero ahora con países endeudados y atados de manos. Si debe haber dinero público para ayuda o rescates empresariales, deben ser créditos y no regalos, porque el dinero no es del gobierno para regalarlo, sino de todos. Deben ser, también, fondos sujetos a una regulación y vigilancia estrictos, para que no se utilicen en pago de dividendos a accionistas inescrupulosos, o en sostener alguna burbuja financiera para unos pocos se enriquezcan en el río revuelto a costa de la pobreza de millones. Muchos olvidan todo esto. No lo olvidemos nosotros.