Nadie puede, ni debe subestimar los logros en materia educativa impulsados por la Reforma en esa materia. Sería mezquino regatear el reconocimiento a esta administración que se atrevió con audacia y visión hacia el futuro, a transformar la única palanca de desarrollo: la educación. El país que necesitamos requiere que todos centremos las críticas para aportar soluciones de largo plazo y no para regodearse en la descalificación personalizada e inmediatista, que utiliza el discurso del odio para derrotar al adversario político, ignorando la realidad y a los corresponsables.

En ese sentido, resulta absurdo y perverso politizar la Reforma Educativa. Todos sin excepción, deberíamos respaldar la decisión del Gobierno Federal, para avanzar en ella desde el ámbito que nos corresponde.

Reconocer las deficiencias de nuestro sistema educativo y enfrentar intereses personales y de grupo que por añejos parecían inamovibles, requirió enfrentar añejas resistencias e intereses económicos y hasta laborales.

A manera de ejemplo y según datos de la propia SEP, con la implementación de la nómina única para el magisterio y la depuración que en 30 estados se ha realizado, se han ahorrado al día de hoy 10 mil millones de pesos.

A la más importante de las reformas estructurales la animó el propósito de que todos nuestros niños y jóvenes reciban una educación de calidad. De ahí que fuera la primera de la agenda que se planteó al inicio de la administración el Presidente Enrique Peña.

Para hacer posible una auténtica calidad educativa, se incluyó en la reforma la evaluación docente como elemento sustancial. Pese a resistencias y reiteradas amenazas de boicot, información de la Secretaría de Educación Pública hasta el 5 de julio, nos permite saber que la evaluación docente ha tenido una participación de 29 mil 831 sustentantes; es decir, 73.3 por ciento de los docentes registrados en la nómina participaron en los concursos de oposición para el ingreso a funciones docentes y técnicos docentes, así como para la promoción a cargos de dirección (directores, subdirectores y jefes de departamento de las escuelas), supervisión y asesoría técnica pedagógica en la Educación Media Superior.

La relevancia de la evaluación a los docentes puede medirse en el cambio de paradigma que implica que en este país por primera vez los ascensos se obtendrán con base en el mérito de cada maestra y maestro de México.

Condición que, como hemos visto, ha encontrado resistencias de algunas minorías que pretenden escudarse en el argumento de que la reforma Educativa y sus leyes secundarias violan el derecho a la estabilidad laboral, toda vez que se hace obligatoria la evaluación y ello colocaría a algunos docentes en la posibilidad de perder su empleo si después de tres intentos, reprueban los exámenes.

Nadie, absolutamente nadie, debe poner en duda que ese modelo de evaluación beneficia a maestros y alumnos, y por eso, su implementación no tendrá marcha atrás.

De ahí la contundencia en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la discusión de los 26 amparos contra la reforma Educativa interpuestos por integrantes del Comité Ejecutivo Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes argumentaron que las modificaciones constitucionales vulneraban sus derechos laborales.

El grupo disidente del sindicato magisterial llevó el caso hasta el máximo tribunal desde el 25 de marzo de 2014 para su revisión, luego de que tribunales locales dictaron sentencia en su contra.

Los profesores inconformes argumentaron que la reforma Educativa y sus leyes secundarias violan el derecho a la estabilidad laboral, porque se hace obligatoria la evaluación a los maestros y éstos pueden perder su empleo si después de tres intentos, reprueban los exámenes.

Los amparos incluyeron la reforma al artículo 3° Constitucional y a las leyes General de Educación, del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) y la del Servicio Profesional Docente, promulgadas el 11 de septiembre de 2013.

Y baste recurrir al argumento que el ministro ponente Fernando Franco González Salas expuso en la resolución donde aseguró que el derecho de la niñez a una educación de calidad está por encima de los derechos laborales.

Histórica y sin precedentes, esa resolución sentará jurisprudencia para el resto de los 7 mil amparos interpuestos en tribunales de todo el país.

En la misma ponencia el ministro Franco señala que ?la consecuencia de ser reubicados para continuar con otras tareas distintas a la función docente en caso de no obtener un resultado favorable en la tercera evaluación o la posibilidad de incorporarse a los programas de retiro, no resultan inconstitucionales sino que por el contrario, encuentran su base en la obligación de contar con un sistema educativo de calidad?.

Es decir, nuestro máximo tribunal estableció que la evaluación docente no viola el derecho a la libertad del trabajo.

Así pues, la SCJN determinó el sentido y alcance jurídicos de la libertad de trabajo de los docentes y ha concluido que no es absoluta, irrestricta e ilimitada.

Falta mucho por hacer para consolidar la que a mi juicio es la más importante de las reformas estructurales impulsadas por esta administración con la participación y el consenso de las diferentes fuerzas políticas.

Una de la reflexiones de fondo es si en aras del federalismo podremos seguir permitiendo que algunas entidades federativas, en su calidad de patrones sustitutos, paguen a los maestros que no están frente a grupo o que den clases aquellos no cumplan con los requisitos establecidos para impartir educación de calidad.

Por décadas intereses personales o de grupo, pospusieron la Reforma Educativa. Es momento de impulsarla unidos, con una actitud vigilante y crítica, pero despojada del inmediatismo electorero que sirve al interés de unos cuantos y afecta los derechos de las mayorías.

 @AnaLiliaHerrera

Senadora por el Estado de México y dirigente nacional del Movimiento Territorial.