Ni los mismos legisladores tienen la seguridad de aprobar una nueva Reforma Educativa, aun cuando las normas camerales imponen plazos para el desahogo de los dictámenes de comisión.

El dictamen ya está; incluso, este martes en la Cámara de Diputados se le dio la primera lectura para cumplir con el proceso legislativo y estar en condiciones de discutirlo y, en su caso, avalarlo en cualquier momento.

¿Cuándo? Cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dé luz verde. Porque el consenso existe entre los diversos grupos parlamentarios, según los mismos líderes de éstos; el freno lo tiene la gremial en cuánto a sus demandas en una nueva Reforma Educativa.

Una fundamental para los profesores es eliminar de plano cualquier evaluación distinta a su propuesta. Y el proyecto de Reforma Educativa del Gobierno Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, contiene una evaluación diagnóstica.

O sea, se elimina la llamada evaluación punitiva tan cuestionada por las secciones de la Coordinadora, pero no es suficiente para los mentores democráticos.

El coordinador de los diputados del PVEM, Arturo Escobar y Vega, afirmó que la CNTE mantiene su exigencia de controlar la nómina y las plazas. Por eso se han frenado los avances para lograr un acuerdo sobre la Reforma Educativa.

Incluso, consideró “imposible” llegar a un acuerdo con la gremial si mantiene tal postura. Aun cuando prácticamente existe consenso entre los grupos parlamentarios para aprobar una nueva Reforma Educativa, sin problemas para reunir la mayoría calificada.

Y sí, ahí está (o estaba) la traba, el atorón, el dilema, la disyuntiva.

La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, al referir que su grupo parlamentario insiste “discutir el dictamen en sus términos”, dijo que las y los diputados perredistas estarán atentos a las disposiciones relativas al ingreso, promoción y reconocimiento de los maestros.

Mientras el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, advirtió que ellos no legislarán “a la carta” si hubiera modificaciones a lo aprobado en comisiones. Y aludió a la siguiente realidad: Que cualquier acuerdo sirva a la niñez, no a un compromiso político electoral entre Morena y la CNTE. Palabras más, palabras menos.

Y en parte tiene razón. Vaya, la gremial pudo haber sido un brazo electoral de los morenistas, pero si hoy ceden más allá de lo comprometido, la CNTE le tomará la medida al partido y al Presidente de la República y ya nadie la parará.

La Coordinadora tiene justas demandas, pero ninguna debe estar por encima del interés supremo: La educación de la niñez y juventud de México.

En fin, ¿va o no va la nueva Reforma Educativa? Pues parece haber señales de que va, aunque todavía se desconoce en qué términos: Si como está el dictamen o como lo plantea la CNTE.

Según declaraciones de prensa, el coordinador de Morena en la Cámara Baja, Mario Delgado Carrillo, informó que este miércoles el dictamen de reforma constitucional se subirá al Pleno legislativo para su discusión, y en su caso aprobación. Claro, faltaría el aval del Senado y de los Congresos Locales.

Pero por lo pronto, pasaría por la Cámara de Diputados. Cuando menos así se hizo saber tras la reunión celebrada ayer entre líderes de las bancadas parlamentarias y el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, donde según se acordó hacer una adenda al dictamen aprobado en Comisiones Unidas.

¿Una adenda de conformidad con las demandas de la CNTE? Mmm.. pues quizá no tan fielmente, pero sí intentando equilibrios. ¿Y será suficiente? Hoy se verá.

Lo que sí como dice el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, el memorándum de AMLO, enviado a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y de Gobernación, para que dejen sin efecto las medidas en las que se haya traducido la aplicación Reforma Educativa peñista, pone en un “dilema perverso” a dichos funcionarios.

Los pone, dijo, “entre obedecer a la Constitución u obedecer al Presidente de la República”.

Y pone también en un dilema igual de perverso a los legisladores: Actuar en consecuencia en contra de AMLO y de tales funcionarios por desacato a la Constitución, o permitir otra vez violentar la Carta Magna; entonces dejarían al país sin Estado de Derecho.

Incluso, Mario Delgado manifestó lo siguiente en torno al memorándum del titular del Ejecutivo “es ir al límite de sus facultades para cumplir la promesa de abrogarla”.

Sin embargo, para abrogar la reforma peñista es necesario modificar la Constitución, el memorándum manifestó una intención del Ejecutivo “pero lo que no puede es violar la ley ni el orden constitucional vigente”.

Es lo que considera el morenista, pero el memorándum en sí mismo ya implica una violación a la Carta Magna.