¿Qué aprobaron en lo general las y los Senadores, en materia educativa, el pasado 30 de abril, día del Niño? ¿Hay un cambio de raíz en este proyecto de “Reforma” Educativa impulsado y negociado por Morena y la 4T? ¿Existe una línea de políticas públicas educativas enfocadas hacia los niños, las niñas, los adolescentes, jóvenes y adultos, sin dar continuidad a las inercias “neoliberales” del pasado? Por lo que se alcanza a observar, luego de las deliberaciones, análisis y votaciones realizadas por los legisladores de la Cámara Alta, noto que sólo se ratificaron los términos del dictamen enviado por la Cámara de Diputados, a finales de abril pasado, a efecto de reformar tibiamente el texto Constitucional (Artículos 3, 31 y 73), en materia educativa. En resumen, no se dieron, lamentablemente, los cambios esperados al dictamen de origen, en el sentido de “limpiar” los conceptos propios del discurso tecnocrático, gerencialista y administrativo de la educación. Se perdió, en efecto, una gran oportunidad para impulsar un “cambio verdadero”, como lo propuso López Obrador en campaña.
Veamos algunos aspectos del contenido aprobado apenas ayer: Según el boletín No. 1819 de la Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República, emitido la noche del 30 de abril de 2019, se “Establece un nuevo marco constitucional para garantizar el derecho a la educación, desde la etapa inicial hasta el nivel superior. Con 95 votos en favor, 25 en contra y dos abstenciones, el Senado de la República aprobó, en lo general, el dictamen a la minuta enviada por la Cámara de Diputados que reforma los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa. Las modificaciones establecen en el marco constitucional una nueva reforma educativa cuyo objetivo es garantizar el derecho a la educación e instituir la rectoría del Estado para que la enseñanza se realice de manera efectiva, a fin de alcanzar el bienestar justo, democrático e igualitario de la sociedad.”
A continuación, veamos una perla lingüística representativa de la lógica tecnocrática en el discurso legislativo sobre “lo educativo”: “Se realizó una reingeniería al artículo 3º para adaptarlo a la transformación social que vive el país. Así, prioriza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la impartición de la educación.” Pregunto: ¿Reingeniería? ¿Y los adultos, dónde quedan?
Así continúa el comunicado del Senado: “Incorpora la obligación de garantizar la impartición de la educación inicial y también la de nivel superior. El carácter de la enseñanza que imparte el Estado, se señala, será universal, pública, gratuita, obligatoria, integral, pluricultural, laica e inclusiva. Además, promueve la honestidad como principio rector de la vida social. Destaca la labor del magisterio y su derecho a la formación, capacitación y actualización. Establece, asimismo, el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y atiende a las instituciones públicas de formación docente, especialmente, a las escuelas normales.”
“La reforma retoma el rol de niñas, niños, jóvenes y maestros como premisas fundamentales del Sistema Educativo Nacional. Reconoce como actores principales del proceso formativo a las maestras y maestros, cuyo esfuerzo y compromiso en los quehaceres escolares son fuente de la calidad de la enseñanza... Desaparece al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). En su lugar, crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios y no sectorizado. Sus integrantes serán designados por el Senado.” (palabras en negrita de J.C.M.A.) Las funciones de dicho Sistema se enfocarán en realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales; a determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación y establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos, entre otras.” ... “Añade el derecho de los docentes a tener acceso a la capacitación, formación y actualización, con la finalidad de lograr la mejora continua de la educación. Se dejan de lado las evaluaciones estandarizadas, que se aplicaban de igual forma a personal que desempeña su tarea en contextos muy distintos. En este sentido, se precisa que la ley del Sistema para la Carrera de las y los Maestros deberá tener lineamientos alejados de un esquema punitivo y que la admisión, promoción y reconocimiento se relacionan con el potencial de sus capacidades aptitudes y experiencia.” (1) Hasta aquí el texto original del comunicado de prensa del Senado de la República. Preguntas: ¿Cuáles son las bases teóricas y metodológicas para reivindicar la creación y operación de un “Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación”? Para ser congruentes con la racionalidad tecnocrática, administrativa y gerencialista (no pedagógica) de “lo educativo”: ¿No sería más conveniente llamarlo “Sistema Nacional de Calidad de la Educación”, o bien: “Sistema Nacional de Gestión de la Calidad Educativa”? ¿O como en España: “Instituto de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo”? ¿Por qué los legisladores y funcionarios de la SEP tratan de esconder en su discurso una racionalidad empresarial y de mercado que está implícita en esta nueva etapa de la “Reforma” Educativa?
De aprobarse en esos términos tecnocráticos, asociados con el “gerencialismo”, el dictamen de referencia, y de mantenerse este lenguaje y esta racionalidad administrativa-pragmática en las leyes mexicanas, en materia educativa, se podrían advertir fácilmente el tipo de actividades y tareas que las autoridades educativas federales encargarán, dentro de ese esquema, a las autoridades educativas estatales, así como a los jefes de sector escolares; a las y los supervisores de zonas escolares; a las y los directores de escuelas y, naturalmente, a las y los docentes frente a grupo de la escuela pública.
Imagino, a manera de parodia, los oficios que turnarán, a partir del siguiente ciclo escolar y en cascada, las autoridades federales, más o menos, en las guías de los Consejos Técnicos Escolares (CTE), en los siguientes términos: El gobierno requiere “transformar la administración pública para proyectar un Gobierno de Clase mundial, con una imagen confiable, innovadora y con una sólida cultura de calidad. Reemplazar los esquemas tradicionales de la gestión pública, aplicando los más avanzados sistemas administrativos y tecnológicos, evaluando su gestión con estándares de excelencia, promoviendo la dignificación y eficacia de la función pública y rediseñando sus procesos y servicios con un enfoque central del quehacer gubernamental de cumplimiento de las expectativas y necesidades de los ciudadanos y la sociedad utilizando para esto, entre otras herramientas, la norma ISO...” (Organización Internacional de Estándares) (2)
Dentro de ese marco legislativo (2019), se podría prever un discurso de políticas públicas educativas que recupere la racionalidad interna del famoso Programa de Escuelas de Calidad (PEC), impulsado durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006): “El programa Escuelas de Calidad trabaja desde el 2001 por incorporar en cada escuela que lo integra un modelo de gestión, basado en los principios de: liderazgo compartido, trabajo en equipo, respeto a la diferencia, planeación participativa, evaluación para la mejora continua, participación social responsable y rendición de cuentas. Lo anterior considerando una perspectiva de las reformas educativas nacionales e internacionales incluyendo aspectos como: la administración centrada en la escuela, efectividad en la educación, distintos modelos de administración basada en la escuela, consecuencias sobre distintos aspectos de la escuela, diseño de los programas.” (misma fuente)
Esa es el camino que se construye desde los órganos legislativos; desde el seno mismo de la Presidencia de la República y la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la 4T. En efecto, no hay asomo de ruptura; no hay intencionalidad, implícita ni explícita, de un cambio radical del paradigma neoliberal dominante en materia educativa. Todo lo contrario: Hay en este proceso de “Reforma” Educativa, una suerte de “continuismo”, una recomposición, una reorganización de la lógica “gerencialista” en los contenidos y las formas del lenguaje oficial de la educación pública.
¿Qué piensan las maestras y los maestros de la escuela pública acerca de esto?¿Qué dicen al respecto los directivos escolares y los asesores técnicos? ¿Cuál es la visión crítica que prevalecerá entre los sectores educativos (que incluye a los estudiantes y sus familias) frente a esta imposición de un lenguaje y una racionalidad que dan la espalda a los conceptos pedagógicos y didácticos? ¿Dónde quedan, en este contexto, las nociones de bienestar social y de pleno e irrenunciable derecho a la educación?
Fuentes consultadas:
(2) Palabras retomadas del texto de Laura Yzaguirre (2004) Calidad Educativa e ISO 9001-2000 en México. Rev. Iberoamericana de Educación. OEI.