Que quede muy claro: la captura de ex gobernador Javier Duarte no debe verse como un triunfo de las autoridades mexicanas, como tampoco lo fue la el arresto en días pasados del tamaulipeco Tomás Yarrington, quien llegó al poder impulsado por el PRI, justo como el veracruzano.

El júbilo mostrado por algunos sectores ante la detención de Duarte de Ochoa recuerda a aquél mostrado en la tercera captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en enero de 2016, cuando algunos secretarios de estado entonaron a capela el himno nacional y el presidente escribió en su cuenta de Twitter “misión cumplida”. 

Lo mismo en el caso del narcotraficante que con la captura de estos excompañeros de partido, el gobierno ha evitado toda autocrítica y se limita a resaltar el prestigio inmediato que significa, en términos de imagen pública, la detención de personajes tan antipáticos entre la población en general.

Pero olvidan un pequeño detalle: si las detenciones de Guzmán Loera, Duarte de Ochoa y Yarrington Ruvalcaba se vuelven una nota de ocho columnas, se debe a la continua y, muy posiblemente, cómplice ineficacia del gobierno federal, que primero les permitió corromper a las instituciones a su antojo para luego mantenerse por meses o incluso años en la fuga, aumentando su propia leyenda cual si se trataran de forajidos  en el viejo oeste estadounidense.

Ante esta inoperancia reiterada y sospechosísima, ¿cómo puede el gobierno priista esperar un aplauso? ¿Se atreverán a calificar la detención de Duarte como una nueva “misión cumplida”?

La caída del veracruzano es, en todo caso, una enmienda, un pequeño arreglo cosmético a un edificio francamente en ruinas. ¿Fue una “misión cumplida” la tercera captura del “Chapo”? Les invito a pensar en este escenario: un o una joven toma el auto de sus padres y, debido a su inexperiencia al volante, lo choca; sin embargo, como se las ha arreglado para reparar los daños, regresa a casa caminando erguido o erguida, con el pecho ancho, y les entrega las llaves del vehículo cacareando, precisamente, “misión cumplida”. 

Así sucede cuando el gobierno presume la detención de un gran delincuente que operó y triunfó por años al amparo del poder. Si Peña Nieto llegó al poder el 1 de diciembre de 2012, habrá que reclamarle por todos los días desde el 2 de diciembre de aquel año en que la administración a su cargo hizo muy poco por evitar que la corrupción se propagara de una manera tan cínica por Tamaulipas, Veracruz, Sonora y Chihuahua (este último gobernador, César Duarte, continúa prófugo), y en aquellas entidades que apuntan a convertirse en los escándalos del futuro inmediato: Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Chiapas, y lo que acumule.

Finalmente, no puede pasarse por alto otro detalle: las detenciones sucedieron en el extranjero, sin que quede claro qué tanto estuvo involucrado el Estado mexicano. Es probable que muy poco, lo que da más argumentos a aquellos quienes ven en las capturas un hecho hasta incidental, que ahora podría resultar en buenos dividendos para la federación.